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Las Jornadas de los Ministerios Públicos Fiscales debatieron los nuevos desafíos de la investigación criminal

Las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales abordaron el avance del crimen organizado, el microtráfico, la inteligencia artificial, el cibercrimen y la atención a las víctimas. Los debates pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la coordinación entre organismos y avanzar hacia una persecución penal estratégica.
Judiciales07/10/2026 07:30Jorge TribouleyJorge Tribouley

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Las nuevas modalidades del delito y los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia fueron los ejes centrales de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, un encuentro que se desarrolló el 1 y 2 de octubre en el Complejo La Fluvial de Rosario, reuniendo a especialistas y representantes de distintas jurisdicciones para analizar herramientas y estrategias frente a fenómenos criminales cada vez más complejos.

A lo largo de las distintas exposiciones, se planteó la necesidad de superar los modelos de investigación centrados exclusivamente en hechos individuales y avanzar hacia una política criminal capaz de identificar las estructuras que sostienen el delito, sus circuitos económicos y las dinámicas de violencia que afectan a las comunidades.

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Crimen organizado: investigar las redes y seguir el dinero

Uno de los principales ejes fue el abordaje de las organizaciones criminales y los desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales.

En el panel disertaron Giovanni Tartaglia Polcini, Marcelo Bergman y David Kennedy, con la moderación de María Cecilia Vranicich. Los especialistas analizaron la importancia de combinar el seguimiento de los flujos patrimoniales, la recuperación temprana de activos, la cooperación internacional y la intervención sobre aquellos grupos que concentran los mayores niveles de violencia.

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Las conclusiones remarcaron que perseguir todas las conductas con la misma intensidad puede generar una sobrecarga institucional y reducir la eficacia de las investigaciones. Por ese motivo, se destacó la necesidad de establecer prioridades, utilizar herramientas de análisis criminal y concentrar los recursos disponibles en los fenómenos que producen mayor daño social.

También se subrayó la importancia de coordinar las acciones de la Justicia con las áreas de seguridad, el sistema penitenciario, los organismos económico-financieros y las políticas sociales.

En esa misma línea, otro panel abordó los aspectos económicos de la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer la inteligencia financiera y la persecución del lavado de activos, tanto en el ámbito provincial como federal.

Microtráfico y coordinación entre jurisdicciones

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La narcocriminalidad y la desfederalización del microtráfico también ocuparon un lugar destacado en la agenda.

Las experiencias compartidas por representantes de distintas jurisdicciones permitieron analizar los avances y desafíos de la implementación de estas políticas, con especial atención a las particularidades de cada territorio.

En el caso de Santa Fe, participaron Pablo Cococcioni, Carla Cerliani y Matías Scilabra, entre otros expositores que formaron parte de los debates sobre la implementación de estas herramientas.

Uno de los principales planteos fue que la desfederalización no debe traducirse en una fragmentación de las investigaciones ni de la información. Por el contrario, se remarcó la necesidad de sostener mecanismos de cooperación entre las jurisdicciones para abordar los fenómenos criminales de manera integral.

El objetivo, según las conclusiones del encuentro, es evitar que el abordaje del microtráfico quede limitado a una acumulación de causas individuales y avanzar hacia estrategias con prioridades claras y capacidad de intervención sobre las dinámicas delictivas que más afectan a cada comunidad.

Inteligencia artificial y cibercrimen

Las nuevas tecnologías y su impacto en la investigación penal fueron otros de los temas relevantes de las jornadas.

El panel dedicado al cibercrimen y la inteligencia artificial aplicada a los Ministerios Públicos Fiscales analizó las posibilidades que ofrecen estas herramientas para procesar grandes volúmenes de información, investigar delitos complejos e identificar víctimas de abuso sexual infantil.

Sin embargo, también se plantearon interrogantes sobre el valor probatorio de los resultados obtenidos mediante herramientas cuyos métodos no siempre pueden ser expuestos, así como sobre los límites de la utilización de información financiera para acreditar la autoría de un delito.

La discusión incluyó, además, la necesidad de establecer criterios de priorización frente a un volumen de información que supera las capacidades tradicionales de investigación y de definir qué decisiones pueden adoptarse a través de la Red Federal del Consejo de Procuradores sin necesidad de esperar una reforma legal.

Violencia extrema y responsabilidad penal adolescente

Otro de los paneles abordó la responsabilidad penal adolescente frente a los entornos digitales y las violencias extremas.

El debate tomó como punto de partida el ataque armado perpetrado en el Colegio Mariano Moreno de San Cristóbal y analizó la relación entre determinadas comunidades digitales, las nuevas tecnologías y las conductas violentas.

Durante las exposiciones se examinaron fenómenos como la denominada True Crime Community (TCC), la ideología INCEL y la participación de personas en redes cerradas, además de las dificultades que presentan las investigaciones cuando existen posibles colaboradores que actúan a distancia.

También se puso el acento en las consecuencias del rechazo social de los jóvenes y en el papel que pueden desempeñar las redes sociales como espacios de refugio. Las conclusiones destacaron la necesidad de profundizar la prevención y diseñar campañas de concientización frente a estas nuevas amenazas.

Las víctimas, en el centro de la política criminal

La atención a las víctimas fue otro de los ejes abordados durante el encuentro, con un planteo orientado a transformar ese principio en medidas concretas dentro del funcionamiento de las instituciones judiciales.

Los participantes señalaron que la tutela judicial efectiva requiere una atención interdisciplinaria y confidencial, que respete los tiempos de las personas afectadas y evite la revictimización durante el proceso penal.

También se destacó la responsabilidad del Estado de reducir las barreras materiales y geográficas que dificultan el acceso a la Justicia, mediante herramientas como la descentralización de la atención, la movilidad y la incorporación de canales tecnológicos.

El panel denominado “La voz de las víctimas” profundizó esta perspectiva a partir de las experiencias de quienes acompañan a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Allí se planteó la necesidad de construir fiscalías capaces de brindar respuestas más humanas, accesibles y sensibles frente al dolor.

Ambiente y violencia de género

La agenda también incluyó el trabajo del Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, que repasó sus 11 años de actividad y su función en la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones y en las decisiones de política criminal.

Por otra parte, el panel sobre litigación ambiental estratégica puso de relieve la importancia del trabajo coordinado entre organismos para abordar conflictos ambientales y climáticos complejos.

En este ámbito, se debatió sobre la articulación de las distintas agencias durante las etapas de los procesos penales y extrapenales, con aportes de la investigación académica y científico-pericial para avanzar en la construcción de un programa de protección ambiental estratégico.

Una persecución penal más estratégica

Las conclusiones de las jornadas coincidieron en la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los Ministerios Públicos Fiscales frente a un escenario en el que convergen nuevas tecnologías, estructuras criminales complejas y demandas sociales cada vez más exigentes.

El desafío planteado es avanzar hacia investigaciones que no se limiten a responder de manera aislada a cada hecho delictivo, sino que permitan identificar prioridades, desarticular redes, intervenir sobre los recursos económicos de las organizaciones y coordinar respuestas entre diferentes organismos.

A la vez, el encuentro puso de manifiesto que la eficacia del sistema penal no depende únicamente de la persecución del delito, sino también de su capacidad para prevenir la violencia, garantizar el acceso a la Justicia y ofrecer una atención adecuada a las víctimas.

La combinación de análisis criminal, cooperación interinstitucional, innovación tecnológica y una perspectiva centrada en las personas aparece así como uno de los principales desafíos para los Ministerios Públicos Fiscales en los próximos años.

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