El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó este jueves por mal desempeño a Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario. El tribunal dio por probado que el magistrado ocultó en sus declaraciones juradas, cada vez que concursó para ser juez, que en 2002 la Corte Suprema lo había dejado cesante como empleado judicial.
Según la lectura del fallo, la omisión fue deliberada: Salmain conocía la sanción, conocía su legajo y conocía el reglamento de concursos, y decidió qué informar y qué callar. Salmain no se presentó a escuchar el veredicto. El Juzgado Federal dispuso su inmediata detención y la prisión domiciliaria.
El otro cargo, haber cobrado supuestamente una coima a cambio de una resolución judicial en la llamada causa Attila, no fue resuelto por el jury, que entendió que ese hecho se dirime en el ámbito penal. Pero la destitución tiene un efecto directo sobre ese expediente: Salmain pierde los fueros.
Desde diciembre de 2025 está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una prisión preventiva dictada por el juez Carlos Vera Barros y confirmada por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal. Esa detención no se había hecho efectiva porque la inmunidad de arresto lo protegía. Esa protección ya no existe.
Entre 1997 y 2002, Salmain fue auxiliar en el Juzgado Federal N°8 de la Seguridad Social, en Buenos Aires, mientras trabajaba en paralelo para un estudio jurídico. En 2000, una compañera lo denunció por haberle ofrecido dinero para direccionar el sorteo de ejecuciones previsionales hacia ese juzgado, en beneficio de clientes del estudio. La Corte lo cesanteó en 2002. La causa penal derivó en un procesamiento que cerró con una probation: cumplió las tareas comunitarias en el Jardín Botánico porteño.
Nada de eso figuró en los formularios que presentó ante el Consejo de la Magistratura. Concursó nueve veces hasta ser designado en Rosario. Durante el juicio dijo que no lo había informado porque ese antecedente "no le sumaba puntos" y, ante la pregunta directa sobre el motivo de su cesantía, respondió que no lo recordaba. El consejero Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y uno de los acusadores, explicó por qué el dato era decisivo: si Salmain lo hubiera declarado, el Consejo debería haberlo excluido del concurso. La omisión no fue un error formal. Fue la condición de su nombramiento.
El antecedente estaba en un sumario de la propia Corte y en un expediente penal. No lo detectó el Consejo, que lo incluyó en la terna, ni el Senado, que aprobó su pliego. Entre quienes votaron ese pliego estuvo el senador Luis Juez, que en el jury fue el acusador más duro. "Les mandamos a Salmain para combatir los narcos a Rosario", dijo en su alegato. Salmain había jurado en mayo de 2023, con la presencia del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti.
Salmain llevaba pocos meses en el cargo cuando, a fines de 2023, dictó la medida cautelar que habilitó al fideicomiso Attila, manejado por el financista Fernando Whpei, a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo. Según la declaración de Whpei como imputado colaborador, el retorno pactado rondaba los 200.000 dólares y la operación se negoció a través del operador judicial Santiago Busaniche. En el jury, Barroetaveña enumeró las irregularidades del trámite: el juez no esperó el dictamen de la fiscal sobre la competencia, desoyó las objeciones del Banco Central y concedió la apelación con un efecto que mantenía vigente la cautelar.
La otra pieza que complicó al juez salió de los teléfonos de Carlos Vaudagna, exdirector regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario. En sus chats aparecieron decenas de mensajes con el contacto "Gastón Salmain". AIRE publicó esos intercambios y reconstruyó la relación entre el juez y el funcionario, que derivó en la recusación de Salmain por parte de tres fiscales federales y en su apartamiento de la causa Vaudagna. En agosto de este año, el fiscal Federico Reynares Solari lo imputó por haberle pedido a Vaudagna, a través de un abogado intermediario, 100.000 dólares a cambio de que las causas en su contra quedaran radicadas en su juzgado y se resolvieran a su favor.
A esos frentes se suman la elevación a juicio oral de otra causa por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, dispuesta por la jueza Elida Vidal, y una investigación por el volumen inusual de causas previsionales concentradas en su juzgado, que llevó al levantamiento de su secreto fiscal, bancario y bursátil.
Salmain es el segundo juez federal de Rosario que deja el cargo en poco más de un año. El primero fue Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4, que renunció antes de ser sometido a juicio político. Javier Milei aceptó su dimisión por decreto en julio de 2025.
El caso de Bailaque cambió de dimensión cuando AIRE publicó que el juez compartía contador con Esteban Alvarado, uno de los jefes narco más poderosos de Rosario, condenado en 2022 a prisión perpetua. El contador, Gabriel Mizzau, había sido compañero de colegio de Bailaque y llevaba sus cuentas personales. Al mismo tiempo, firmaba los balances de Logística Santino, una de las empresas que Alvarado manejaba a través de testaferros, y había gestionado la habilitación de un geriátrico vinculado al entorno del narco. Esas firmas figuraban en la causa federal que tramitaba el propio Bailaque.
La investigación reveló además que Sebastián Mizzau, hijo del contador, había ingresado en 2017 sin concurso al juzgado de Bailaque, el mismo que investigaba a Alvarado, y que trabajó allí hasta que fue ascendido al Tribunal Oral Federal N°3. Sebastián Mizzau confirmó a este medio que su padre tenía una antigua amistad con el juez.
Esos hechos formaron parte de la denuncia penal que presentó la diputada provincial Lionella Cattalini y del expediente disciplinario en el Consejo. Gabriel Mizzau terminó aceptando su responsabilidad como imputado colaborador y declaró contra el exjuez, igual que Whpei y Vaudagna. Los fiscales Juan Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Reynares Solari pidieron diez años de prisión para Bailaque.
Bailaque nunca se sentó ante un jury. El Consejo tardó años en mover las denuncias en su contra y, cuando aprobó el dictamen acusatorio, el jurado no pudo constituirse porque el Senado no había designado a sus integrantes. La renuncia le permitió irse sin que una institución dijera que no merecía el cargo. Salmain no tuvo esa salida: el Consejo lo suspendió por unanimidad en junio, el jury se constituyó y el proceso llegó a una sentencia.
Los dos casos están conectados. Busaniche aparece como operador en ambos. Whpei y Vaudagna son arrepentidos en ambos. Y según Whpei, fue Busaniche quien, con contactos en el Senado, impulsó la designación de Salmain en 2023. El esquema que había funcionado en un juzgado se reprodujo en otro del mismo edificio.
Hay otro punto en común. Lo que destapó las maniobras no fueron los mecanismos de selección ni de control de la magistratura. En el caso de Bailaque, las denuncias se acumularon durante años sin avanzar hasta que se hizo pública la relación con el contador de Alvarado y el ingreso de su hijo al juzgado. En el de Salmain, el antecedente que lo inhabilitaba atravesó nueve concursos, una terna y una votación en el Senado sin que nadie lo advirtiera; lo que precipitó su caída fue la confesión de un financista y el contenido de los chats de un funcionario arrepentido, que el periodismo puso a la vista.
Rosario es la ciudad donde la violencia narco derramó sangre en sus calles. En ese fuero, dos jueces quedaron acusados de vender decisiones. Uno renunció para no ser juzgado; el otro fue destituido. En septiembre, en Rosario, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que en la Justicia federal de la ciudad queda mucho por limpiar. El caso Salmain deja una pregunta pendiente para el Consejo de la Magistratura: qué controles cambiará para que un antecedente como este no vuelva a pasar inadvertido.
FUENTE: Germán de los Santos - Aire de Santa Fe
