


El sujeto que se presentaba como vendedor ambulante para delinquir le había robado la garrafa a su propia tía
Jorge Tribouley
Un joven de 20 años, oriundo de Sunchales, identificado como Valentin J. quedó en prisión preventiva por el plazo de 60 días, por decisión del juez penal Javier Bottero, en el marco de una audiencia imputativa y cautelar realizada el viernes 23 de octubre en los tribunales de Rafaela.
La audiencia se desarrolló ante la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5, con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig y la defensora oficial Georgina Allasia.
Durante el encuentro, el Ministerio Público de la Acusación solicitó la prisión preventiva al considerar que existían riesgos procesales, principalmente por la posibilidad de que el imputado entorpeciera la investigación y por el presunto incumplimiento de medidas alternativas que le habían permitido recuperar la libertad anteriormente.
La Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales
En su exposición, el fiscal Puig hizo referencia a tres hechos atribuidos al joven. El primero estaba relacionado con una tentativa de robo, lesiones leves dolosas y daños; el segundo, con la presunta desobediencia a la autoridad y violación de domicilio; y el tercero, con un hecho de robo simple.
La Fiscalía sostuvo que, además de los episodios investigados en esta audiencia, el imputado registraba otras causas y acusaciones. También señaló que había recuperado la libertad bajo medidas alternativas el 16 de septiembre de 2026 y que, según la acusación, no habría cumplido con todas las obligaciones impuestas. El fiscal mencionó que se desconocía si residía en el domicilio en el que debía vivir como medida alternativa y que la propia tía con la que convivía lo denunció por el robo de una garrafa.
Entre los argumentos presentados, el fiscal mencionó la necesidad de resguardar los testimonios de las víctimas y los testigos, así como la falta de garantías respecto del cumplimiento de las medidas judiciales.
Por esos motivos, solicitó que se dispusiera la prisión preventiva.
La defensa cuestionó las pruebas
Por su parte, la defensora oficial Georgina Allasia se opuso al pedido fiscal y cuestionó la solidez de las pruebas vinculadas con los hechos atribuidos.
Respecto del primer episodio, sostuvo que la víctima no había podido aportar una descripción física ni de la vestimenta del presunto autor. También cuestionó que estuvieran acreditadas las lesiones denunciadas y señaló que las imágenes incorporadas a la investigación no permitían identificar con certeza al imputado.
La defensa también objetó la imputación por desobediencia a la autoridad y discutió la calificación legal de los restantes hechos.
En relación con la medida cautelar, consideró que los delitos atribuidos podían admitir una eventual condena de ejecución condicional y sostuvo que no se habían demostrado conductas concretas de entorpecimiento de la investigación.
Como alternativa a la prisión preventiva, propuso que el joven fijara un domicilio, evitara cualquier contacto con las víctimas y los testigos, se presentara semanalmente en la dependencia policial correspondiente y comenzara un tratamiento contra las adicciones.
La resolución del juez
Al fundamentar su decisión, el Juez Bottero diferenció los elementos probatorios correspondientes a cada uno de los hechos investigados.
Respecto del primer episodio, vinculado con la tentativa de robo y las lesiones, el magistrado expresó sus dudas sobre la identificación del imputado a partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y consideró que no existían evidencias suficientes para sostener su participación en ese hecho.
En cambio, respecto de los restantes episodios, entendió que había elementos suficientes para sostener la probable comisión de los delitos de violación de domicilio, hurto y amenazas simples. Asimismo, señaló que la desobediencia a la autoridad no configuraba un delito en las circunstancias analizadas.
Al evaluar la necesidad de la medida cautelar, el juez tuvo en cuenta la cantidad de hechos atribuidos, los antecedentes procesales mencionados durante la audiencia y el presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas cuando el joven había recuperado la libertad.
En función de esos elementos, consideró que existían riesgos procesales que justificaban la medida solicitada por la Fiscalía.
Finalmente, el magistrado resolvió disponer la prisión preventiva de Valentín J.por el plazo de 60 días desde la detención.
La resolución fue dictada en el marco de la investigación penal y no constituye una condena. La responsabilidad penal del imputado deberá determinarse en el desarrollo del proceso judicial.




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