Liliana, jubilada de la Municipalidad de Sunchales, declaró en el juicio por las presuntas maniobras del grupo Spaggiari y contó cómo comenzó a invertir dinero con la expectativa de obtener intereses que le permitieran afrontar sus necesidades económicas y ayudar a su hermano con discapacidad.
Durante su testimonio, explicó que llegó a las inversiones por medio de Daniel Ullmann (condenado a 3 años de prisión condicional), un conocido que le habló de los negocios que realizaba el grupo. Según recordó, le mostraron folletos con imágenes de departamentos, ladrillos, lotes y casas, que describió como "una maravilla".
La mujer relató que su primera operación fue en 2020, cuando entregó $250.000 en efectivo en una oficina ubicada en bulevar Roca y Ayacucho, en Rafaela. Según declaró, Ullmann la acompañó hasta una oficina situada en la planta alta, donde una mujer a la que identificó como Condotto (madre de los Spaggiari) recibió el dinero. En el lugar, señaló, había una máquina para contar billetes y Ullmann permaneció presente durante la operación.
La mujer explicó que el primer convenio se cumplió al vencimiento, en 2021. En esa oportunidad decidió renovarlo y agregó otros $120.000 de su propio dinero.
Posteriormente, realizó una inversión de 2.660 dólares a nombre de su hermano, cuyos asuntos económicos administraba debido a su discapacidad. También mencionó otro convenio por $70.000 correspondiente a él.
La testigo explicó que esas operaciones tenían como objetivo obtener una ayuda económica para su hermano. Sin embargo, con el tiempo comenzaron las dificultades para cobrar los intereses.
Según relató, durante un período recibió los pagos, pero luego empezaron las demoras. Primero intentó comunicarse con la empresa y con las personas que la atendían telefónicamente. Le indicaron que debía solicitar turnos mediante un sistema que, según describió, estaba permanentemente completo. Con el paso del tiempo, dejó de conseguir respuestas.
Ante esa situación, volvió a comunicarse con Ullmann, quien le habría explicado que existían problemas en la empresa y que los pagos estaban retrasados.
La mujer contó que, ante la falta de respuestas, Ullmann le indicó que debía presentarse para refinanciar la deuda y reunirse con abogados. Finalmente, acudió acompañada por su hermana.
Mientras esperaba, aseguró que conversó con otras personas que también reclamaban por sus inversiones y advirtió que en los nuevos convenios se ofrecía como garantía el mismo lote para distintos acreedores.
Según declaró, planteó esa preocupación al abogado que la atendió, pero no obtuvo una respuesta. Aun con esas dudas, firmó el acuerdo porque, según explicó, no encontraba otra alternativa para intentar recuperar el dinero.
Cuando venció el plazo de la refinanciación y tampoco se cumplió el pago, decidió acudir a la Fiscalía y realizar la denuncia.
Durante las preguntas de la defensa, la mujer precisó que el primer convenio fue por $250.000 y que luego lo renovó agregando $120.000. A eso se sumaron otros $70.000 vinculados con su hermano.
La mujer explicó que ya no conservaba toda la documentación, porque había perdido convenios anteriores durante distintas mudanzas. Sin embargo, al revisar los comprobantes que tenía, advirtió que uno de los últimos acuerdos registraba $420.000, cuando la suma de los tres importes en pesos que enumeró daba $440.000.
También aclaró que no todos los convenios dejaron de pagarse al mismo tiempo: el primero se cumplió, mientras que en las operaciones posteriores recibió intereses durante algunos meses antes de que se interrumpieran los pagos.
La testigo también explicó que la situación tuvo consecuencias personales y económicas, en un contexto en el que debía afrontar sus propias necesidades y las de su familia. Al referirse a su hermano, manifestó su preocupación por no haber podido continuar ayudándolo como antes y que hoy se encontraba solo en el sur del país.
FUENTE: Rafaela Noticias
