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El Senado aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que restituye los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros

Además, agrega restricciones a las expropiaciones del Estado y cambia el esquema de indemnización. También acelera los procedimientos de desalojos. Pese a que figuraban en el proyecto oficial, se descartaron cambios en el régimen de barrios populares y en la Ley de Manejo del Fuego.
País21/11/2026 08:30 Chequeado.com

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El Senado convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que restituye los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, promueve desalojos más rápidos y con menos requisitos e impone restricciones a las expropiaciones por parte del Estado. 

El proyecto había sido aprobado originalmente por el Senado, pero luego de un fallo de la Corte Suprema que ratificaba la derogación de la Ley de Tierras (que imponía límites a la compra de propiedades por extranjeros), Diputados realizó modificaciones, lo que forzó la vuelta del proyecto a la Cámara alta, que ratificó los cambios con 42 votos afirmativos y 26 negativos. 

Límites a la compra de tierras por extranjeros

El Decreto 70/2023, publicado en diciembre de 2023 al principio de la gestión de La Libertad Avanza, había derogado la Ley de Tierras, que imponía límites a la compra de propiedades rurales por parte de extranjeros. 

Como la ley había sido restituida por la Justicia en marzo de 2024, el oficialismo incluyó en la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo que debilitaba los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. Pero ante la resistencia de la oposición, retiró la propuesta para avanzar con el resto del proyecto. 

Sin embargo, a finales de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia restituyó los alcances del Decreto 70/2023, por lo que ratificó la derogación de la Ley de Tierras y  habilitó la compra de tierras de forma irrestricta para extranjeros. 

Ante esta situación, la Cámara de Diputados, con impulso de la oposición, volvió a modificar el proyecto e incluyó la restitución plena de la Ley de Tierras. En paralelo, la Corte Suprema volvió a suspender su aplicación en el marco de un expediente conexo.

La Ley de Tierras original (que ahora vuelve a tener plena vigencia legal) fija, entre otras restricciones, un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; establece que las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo; y limita a un mismo titular extranjero a 1.000 hectáreas en la denominada “zona núcleo” o su equivalente en otras regiones.

Expropiaciones: más límites para el Estado

La ley establece una definición más restrictiva del principio de “utilidad pública”, establecido por la Ley 21.499, vigente desde 1977. 

La iniciativa señala que para aplicar este procedimiento se “deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

También dispone cambios en las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El nuevo texto incorpora la figura del lucro cesante (la ganancia que se deja de percibir como consecuencia de la indemnización) “cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación”, fija el valor del bien antes de la intervención del Estado y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”.

Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta que no se pague íntegramente la indemnización, dispone que las indemnizaciones no pagarán impuestos y le asigna mayor relevancia al dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Desalojos más rápidos

La reforma modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código Civil y Comercial de la Nación para acelerar los procesos de desalojos, facilitar la ejecución anticipada antes de la sentencia y reducir las posibilidades de defensa del ocupante.

El cambio más estructural es la conversión del proceso al trámite sumarísimo (el más breve del Código Procesal) y la eliminación de la garantía económica como requisito para obtener la desocupación inmediata, reemplazándola por una simple declaración jurada del propietario.

En el caso de una usurpación, se prevé que el juez pueda ordenar la entrega inmediata del inmueble. Mientras que para los alquileres, la iniciativa oficial exige al locador intimar al inquilino con al menos 10 días de anticipación antes de demandar el desalojo en casos de falta de pago.

Por último, promueve cambios en la Ley de Propiedad Inmueble que apuntan a la reducción de plazos de los trámites y una mayor integración entre Nación y provincias.

Marcha atrás con cambios en la Ley de Barrios Populares y Manejo del Fuego

El proyecto oficial proponía la derogación de artículos de la Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana) y dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos.

Sin embargo, en el debate parlamentario se eliminó todo este capítulo: se mantienen los actuales alcances de la Ley de Integración Socio Urbana que, entre otras cosas, dispone la suspensión total de los desalojos de los barrios populares hasta octubre de 2032 y declara de utilidad pública las tierras, para permitir su expropiación y regularización dominial centralizada por el Estado nacional.

También se dio marcha atrás con los cambios y derogaciones a la Ley de Manejo del Fuego que proponía La Libertad Avanza. 

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