Jorge Tribouley
El Departamento Ejecutivo Municipal de Sunchales, encabezado por el intendente Pablo Pinotti, presentó el pasado martes ante los concejales de la ciudad, un informe sobre la situación financiera del Municipio y una propuesta de actualización de las ordenanzas tributaria y fiscal. El encuentro se desarrolló en el marco de la mesa de trabajo de la Comisión para la Revisión de la Ordenanza Tributaria y Fiscal, convocada para analizar el actual esquema de financiamiento de los servicios municipales.
La exposición se realizó en el marco de la mesa de trabajo de la Comisión para la Revisión de la Ordenanza Tributaria y Fiscal, convocada para analizar el esquema de financiamiento de los servicios municipales y evaluar alternativas para garantizar su sostenibilidad.
Durante el encuentro, el Ejecutivo detalló las medidas de reducción del gasto implementadas en los últimos meses, entre ellas la disminución de horas extras, viáticos, contratos y personal. Al mismo tiempo, sostuvo que resulta necesario avanzar en una adecuación de los ingresos municipales para mantener las prestaciones y recuperar progresivamente la capacidad de inversión.
Un dato que se desprende del trabajo es que hoy el 70% del costo de lo servicios que presta la Municipalidad, se subsidian con otros ingresos, incluidos recursos provenientes de la coparticipación. Esta situación es arrastrada desde hace años. Entre mayo a junio - período del informe -, el Ejecutivo ha tenido que disminuir la inversión para la contraprestación básica de los servicios a fin de amortiguar el déficit generado por una falta de actualización tarifaria.
En el proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo a la Legislatura local también se incorporan datos correspondientes al período comprendido entre enero y septiembre de 2026. Durante esos nueve meses, la emisión de la TGIU alcanzó los $1.508,4 millones, mientras que la recaudación efectiva fue de $855,2 millones.
En el mismo período, los costos directos de los servicios alcanzaron los $2.842,2 millones, sin contabilizar los costos indirectos asociados a su prestación.
De acuerdo con los números incluidos en dicha iniciativa, lo emitido cubrió apenas el 53% del costo directo de los servicios, mientras que lo efectivamente recaudado representó cerca del 30%.
La diferencia entre el costo de las prestaciones y el monto emitido llegó a $1.333,7 millones. Si se considera la recaudación efectiva, el déficit ascendió a $1.986,9 millones.
El informe sostiene que este desequilibrio tiene carácter estructural y obliga al Municipio a destinar recursos de otras fuentes de financiamiento para sostener servicios que se encuentran comprendidos en la TGIU.
Entre las prestaciones alcanzadas se encuentran el mantenimiento del alumbrado público, la recolección de residuos orgánicos, diferenciados y secos, el mantenimiento de calles pavimentadas, de ripio y de tierra, el barrido, el funcionamiento del centro de monitoreo y el mantenimiento de espacios públicos.
El documento también advierte que, aunque el Municipio incrementó la emisión mensual de la tasa a partir de agosto, al pasar de $134,35 millones a $235,27 millones, en septiembre persistió una diferencia de $85,09 millones entre lo emitido y el costo directo de los servicios.
Según el Ejecutivo, la reducción del déficit observada hacia el cierre del tercer trimestre respondió principalmente a la contención del gasto operativo y no a una mejora estructural de los ingresos. En ese sentido, advirtió que continuar con los recortes sin una adecuación de los recursos podría afectar la frecuencia y la operatividad de los servicios públicos.
El proyecto de ordenanza propone modificar el artículo 6 de la Ordenanza Tributaria Nº 2989, que regula la Tasa General de Inmuebles Urbanos.
La iniciativa establece que la tasa continuará integrada por dos componentes: un importe fijo, igual para todas las categorías, y un importe variable, calculado en función de los metros lineales de frente y los metros cuadrados de superficie de cada inmueble.
El cambio central consiste en elevar el componente fijo de 100 a 150 Unidades de Cuenta Municipal (UCM), lo que representa un incremento del 50%. Según los fundamentos del proyecto, esta modificación apunta a mejorar el financiamiento de los servicios generales y contribuir a la sostenibilidad del sistema.
Para la nueva propuesta se prevé también una recategorización, eliminando así las 6 categorías existentes y la creación de solo cuatro: inmuebles con máxima infraestructura; con infraestructura media; básica; y en zonas suburbanos o zonas de desarrollo.
El documento establece los siguientes valores mínimos mensuales y componentes variables:
Primera categoría: 2,5820 UCM por metro lineal de frente y 0,1450 UCM por metro cuadrado de superficie. Mínimo mensual: 40 UCM.
Segunda categoría: 2,2855 UCM por metro lineal de frente y 0,1110 UCM por metro cuadrado de superficie. Mínimo mensual: 40 UCM.
Tercera categoría: 1,8140 UCM por metro lineal de frente y 0,0955 UCM por metro cuadrado de superficie. Mínimo mensual: 30 UCM.
Cuarta categoría: 1,8140 UCM por metro lineal de frente y 0,0955 UCM por metro cuadrado de superficie. Mínimo mensual: 30 UCM.
El importe variable no podrá ser inferior al mínimo correspondiente a cada categoría. Además, el Ejecutivo propone que la liquidación informe de manera visible si el inmueble registra deuda por este tributo.
Otro de los puntos contemplados en la iniciativa establece que el municipio deberá informar, en la liquidación de la tasa y a través de sus medios oficiales de difusión, cómo se compone el nuevo importe fijo y cuáles son los servicios que se financian mediante la TGIU.
Asimismo, el proyecto prevé que el Departamento Ejecutivo eleve al Concejo Municipal, con una periodicidad trimestral, un informe sobre la emisión, la recaudación y las erogaciones correspondientes al costo directo de los servicios retribuidos por la tasa.
La modificación comenzaría a regir a partir del período mensual inmediato siguiente a la promulgación de la ordenanza, en caso de ser aprobada.
El proyecto fue elevado al Concejo Municipal para su consideración. Su tratamiento abrirá el debate sobre la distribución de la carga tributaria, los costos de los servicios y los criterios que deberán regir el financiamiento municipal en los próximos meses.
