Readecuación de la tasa municipal: La oposición reconoció el déficit pero autorizó una actualización menor a la solicitada por el Ejecutivo

La sesión del Concejo Municipal estuvo marcada por un extenso intercambio de argumentos en torno a la actualización de la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU), una herramienta que el Departamento Ejecutivo considera indispensable para corregir un histórico desfasaje entre lo que pagan los contribuyentes y el costo real de los servicios públicos.

Durante la defensa del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo, los concejales del oficialismo sostuvieron que la discusión no debía centrarse en si el aumento era políticamente conveniente, sino si el Municipio podía continuar prestando los mismos servicios con un financiamiento que apenas cubre una cuarta parte de su costo directo.

Los números presentados por la edil Brenda Torriri durante el debate fueron contundentes. Según la información oficial, mientras en julio la emisión de la TGIU rondó los 154 millones de pesos, el costo directo de los servicios de alumbrado, barrido, mantenimiento vial, recolección de residuos y espacios públicos superó los 351 millones, generando un déficit cercano a los 197 millones de pesos que debe cubrirse con otros recursos municipales.

Para el oficialismo, esa situación no solo compromete la calidad de los servicios urbanos, sino que además obliga a destinar fondos que podrían invertirse en salud, políticas sociales, vivienda, discapacidad, empleo o infraestructura.

Finalmente, la concejal Torriri presentó el dictamen del Departamento Ejecutivo:

• Incorporar un “Cargo Fijo de sostenibilidad del Servicio Público" que equivale a 100 UCM para todas las parcelas urbanas. Recordemos que la Tasa también se compone de un importe variable.
• Eliminar el FOS (que implicaba un 10% adicional sobre el valor base de la tasa).
• Eliminar el 3% del Fondo para la planta de tratamiento.
• Reducir de un 10 a un 8% el adicional destinado a la Salud Pública que, a su vez, asume un carácter temporal (un año calendario).
• Solo se mantiene sin cambios el cargo fijo de aporte directo a la Asociación de Bomberos Voluntarios y la Asociación Coop. Comisaría Nº 3.

La oposición defendió una actualización más moderada

Los concejales de la oposición reconocieron la existencia del desfasaje financiero e incluso coincidieron en que la fórmula vigente de la tasa necesitaba una actualización. Sin embargo, al momento de presentar su despacho alternativo propusieron un esquema que, según el oficialismo, continúa dejando a la TGIU por debajo del costo real de los servicios.

Durante la exposición del concejal justicialista Fernando Cattaneo también quedó planteada otra diferencia de criterio. Mientras el Ejecutivo sostuvo que el análisis debía realizarse considerando la emisión total de la tasa y el costo de los servicios, la oposición cuestionó algunos criterios técnicos utilizados para justificar el monto propuesto y defendió una actualización más moderada, argumentando que debía contemplarse la capacidad contributiva de los vecinos.

Más allá de la cuestión tributaria, la discusión derivó en otros temas vinculados con la gestión municipal, como la planta de personal, el gasto público y la administración de los recursos.

En el cierre de su alocución, Cattaneo dio a conocer la iniciativa no oficialista que fue impulsada también por los ediles libertarios Sebastian Nicolau y Laura Balduino.

• Incorporar un “Cargo Fijo de sostenibilidad del Servicio Público" que estará diferenciado por categorías: equivalente a 40 UCM para las categorías primera, segunda y tercera; y 30 UCM para las categorías cuarta, quinta y sexta. Recordemos que la Tasa también se compone de un importe variable.
• Eliminar el FOS (que implicaba un 10% adicional sobre el valor base de la tasa).
• Aporte EN.RE.S.S.: Se aplicará el dos con sesenta por ciento (2,60%), en concepto de Tasa Retributiva de los Servicios Regulatorios y de Control (EN.RE.S.S.).
• Mantener el 10% del adicional destinado a la Salud Pública que, a su vez, asume un carácter temporal (un año calendario).
• Tasa retributiva por Servicios Cloacales y de Control: El mínimo mensual no puede ser inferior a 30 UCM.
• Se mantiene sin cambios el cargo fijo de de aporte voluntario a la Asociación de Bomberos Voluntarios y Asociación Coop. Comisaría Nº 3.

Con respecto al importe fijo dispuesto para la sexta categoría ($5700), para morigerar el impacto económico, se determinó que se liquide 20 UCM ($3800) a partir de la liquidación de agosto de 2026 y hasta septiembre inclusive, restableciéndose a su valor de 30 UCM a partir de octubre de 2026.

Para el oficialismo, el proyecto de la oposición no resuelve el problema

Antes de la votación, los concejales del oficialismo volvieron a defender la propuesta original del Departamento Ejecutivo y sostuvieron que existían amplios consensos sobre el diagnóstico, aunque no sobre la magnitud de la actualización.

Durante las intervenciones se remarcó que todos los bloques reconocieron que la Tasa General de Inmuebles Urbanos dejó de cumplir su función retributiva y que el sistema actual obliga al Municipio a subsidiar servicios esenciales con recursos provenientes de otros tributos.

En ese sentido, el concejal Juan Astor afirmó que el problema es estructural y que la ciudad necesita avanzar hacia un esquema de mayor autosustentabilidad financiera. Señaló además que el Municipio enfrenta crecientes demandas en materia de infraestructura, salud, seguridad y mantenimiento urbano, al tiempo que los recursos disponibles resultan cada vez más insuficientes.

Como ejemplo, mencionó el deterioro de obras públicas pendientes, la necesidad de afrontar situaciones imprevistas —como intervenciones por árboles con riesgo de caída, roturas de cloacas o mantenimiento del parque automotor— y advirtió que esos costos difícilmente puedan preverse con exactitud en un presupuesto anual.

Astor también defendió el estudio de costos elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, al sostener que el informe justificaba técnicamente la incorporación de un cargo fijo de 100 Unidades de Cuenta Municipal (UCM), cifra que —según indicó— permitiría acercar la emisión de la tasa al costo real de los servicios básicos.

Por su parte, el concejal José Delmastro rechazó que la propuesta pudiera calificarse como un "tarifazo" y aseguró que el verdadero problema es el desfinanciamiento municipal. "No se trata de aumentar por aumentar, sino de dejar de subsidiar servicios que hoy no pueden sostenerse con la tasa vigente", expresó durante su intervención.

Delmastro sostuvo que el Municipio ya evidencia dificultades para afrontar gastos corrientes, como el pago a proveedores, el mantenimiento de maquinarias, la reparación de vehículos y la continuidad de distintos servicios públicos. Además, cuestionó que la oposición planteara una actualización menor pese a reconocer el mismo diagnóstico financiero.

En la misma línea, la concejala Brenda Torriri reiteró que la propuesta oficial buscaba alcanzar una razonable equivalencia entre el costo de los servicios y la emisión de la tasa, aclarando que el cálculo presentado por el Ejecutivo se basó en la emisión y no en la recaudación efectiva, como había cuestionado la oposición.

Para la oposición hay que contemplar la capacidad contributiva de los vecinos

Desde el bloque opositor, en tanto, los concejales defendieron el despacho alternativo aprobado, argumentando que la actualización debía contemplar la capacidad contributiva de los vecinos y aplicarse de manera gradual. También destacaron que su propuesta mantiene el objetivo de corregir el desfasaje histórico, aunque con un impacto menor sobre los contribuyentes.

La concejala Laura Balduino lamentó que no se haya alcanzado un consenso unánime en torno a la modificación de la norma vinculada a la emisión de tasas municipales. Señaló que el oficialismo presentó una alternativa con una base menor a la inicialmente propuesta, lo que interpretó como un reconocimiento de las dificultades que generaba el esquema original. Además, remarcó que las decisiones tributarias deben contemplar la capacidad contributiva de los vecinos y advirtió que relativizar los aumentos comparándolos con consumos cotidianos “implica una falta de respeto a los contribuyentes”. En ese marco, sostuvo que la situación económica particular de Sunchales no puede quedar fuera del debate y afirmó que existe coincidencia entre los concejales en la necesidad de modificar la normativa y continuar trabajando para construir una herramienta “equilibrada, técnicamente fundada y que brinde tranquilidad tanto al Ejecutivo como a los vecinos”.

El concejal Sebastian Nicolau defendió el proyecto impulsado por la oposición al sostener que fue elaborado sobre la base de la información técnica y financiera remitida por el Departamento Ejecutivo, luego de reiterados pedidos de datos. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas formales y oportunas por parte del Ejecutivo, al considerar que esa situación dificulta un debate "con transparencia y calidad". Además, rechazó los argumentos del oficialismo respecto al impacto de la actualización tributaria, diferenciando el "recorte político" del "recorte público", y criticó las comparaciones realizadas sobre los costos de servicios como televisión e internet. Finalmente, destacó como un punto de consenso entre ambos bloques (se refiere al Justicialista y La Libertad Avanza) la decisión de no avanzar con la reducción del 20% del aporte municipal al SAMCO, al considerar que se trataba de un recurso clave para el sostenimiento del sistema de salud local.

Aprobación del proyecto opositor con el doble voto del Presidente

Finalmente, el Concejo aprobó el despacho alternativo impulsado por la oposición, descartando la propuesta original del Departamento Ejecutivo. Tras un empate de tres votos, el presidente del Concejo, Fernando Cattaneo hizo uso del voto de desempate y quedó aprobado el despacho impulsado por los concejales Nicolau, Balduino y Cattaneo.

De este modo, el Departamento Ejecutivo contará con una adecuación inferior a la inicialmente solicitada, en un contexto donde la propia discusión legislativa dejó asentado que el financiamiento de los servicios públicos continúa siendo uno de los principales desafíos de la administración local.