Jorge Tribouley
La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de ficha limpia para las contrataciones públicas. La sanción definitiva se concretó luego de que la Cámara de Diputados ratificara los cambios introducidos por el Senado. El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara baja durante 2025, pero debió regresar para su tratamiento final tras las modificaciones realizadas por la Cámara alta.
La nueva normativa establece que, en todos los procedimientos de contratación que lleve adelante la Provincia —ya sea para obras públicas, adquisición de bienes o contratación de servicios—, los oferentes deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales mediante la presentación del certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
El requisito alcanzará a personas humanas, socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización de personas jurídicas, representantes legales de uniones transitorias de empresas y a los miembros de las sociedades que las integran. La falta de presentación de la documentación exigida será causal para la desestimación de la oferta
Además, la ley obliga a la autoridad contratante a verificar, antes de la adjudicación, la vigencia de la información suministrada por los postulantes a través de mecanismos electrónicos o digitales.
Entre los delitos contemplados por la norma figuran los vinculados a hechos de corrupción y contra la administración pública, delitos económicos y financieros, homicidios, delitos sexuales, trata de personas, secuestros, delitos contra la propiedad y contra el orden constitucional, entre otros previstos en el Código Penal.
La iniciativa se inscribe dentro de una serie de medidas orientadas a fortalecer los estándares de transparencia en la administración pública santafesina. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es garantizar la “idoneidad moral” de quienes pretendan contratar con el Estado y evitar que personas condenadas por delitos graves puedan acceder a negocios financiados con recursos públicos.
En los argumentos que acompañaron la propuesta, Cattalini sostuvo que las contrataciones estatales deben regirse por principios de eficiencia, transparencia y control ciudadano, y remarcó que resulta incompatible con esos objetivos permitir que personas o empresas con antecedentes penales se conviertan en adjudicatarias de obras, bienes o servicios financiados por el Estado.
Con la aprobación legislativa, el Poder Ejecutivo quedó facultado para suscribir convenios de cooperación técnica que permitan implementar los mecanismos de control y verificación previstos en la nueva ley.
FUENTE: Aire de Santa Fe
