Jorge Tribouley
El proceso de liquidación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada volvió a ponerse en marcha. La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela confirmó la continuidad de la licitación para la venta de los principales activos de la histórica cooperativa láctea, aunque dispuso una serie de modificaciones sobre las condiciones establecidas inicialmente por el juez de la quiebra, Marcelo Gelcich.
El tribunal, integrado por Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Temea y Duilio Maximiliano Hail, rechazó los pedidos de nulidad formulados durante el trámite y determinó que no será necesario retrotraer el procedimiento ni comenzar nuevamente con el proceso.
“Los bienes salen a la venta, las reglas siguen vigentes y no hay que empezar de nuevo”, señalaron los camaristas, aunque aclararon que se incorporaron correcciones para garantizar mayor previsibilidad y transparencia en la etapa de recepción y evaluación de las ofertas.
La resolución había sido esperada desde comienzos de julio, cuando distintos recursos presentados ante la Cámara habían dejado en suspenso el proceso de venta. Ahora, el expediente regresará al juzgado de primera instancia para que Gelcich establezca el nuevo cronograma y determine la fecha de apertura de las ofertas.
La licitación contempla la venta de seis plantas industriales, inicialmente valuadas en conjunto en unos US$28 millones, además de las marcas de la compañía, cuya tasación había sido fijada en US$24,7 millones.
SanCor llegó a la instancia de quiebra con una deuda superior a los US$120 millones y con un proceso de deterioro que involucró a trabajadores, proveedores y acreedores. La resolución de la Cámara remarca precisamente la necesidad de evitar que la demora continúe afectando el valor de los activos.
“El tiempo no es neutral”, sostuvieron los magistrados, al señalar que la prolongación del proceso puede degradar el valor de los bienes, generar costos operativos y postergar el cobro de créditos.
En ese marco, la Cámara destacó la dimensión del proceso, que involucra a más de 900 trabajadores, seis unidades industriales y más de 1.500 acreedores, de acuerdo con los fundamentos de la resolución.
Uno de los cambios más relevantes es que el precio de adquisición podrá abonarse en pesos, al tipo de cambio vendedor del Banco Nación correspondiente al día hábil anterior, y no exclusivamente en dólares como establecía originalmente el pliego.
La Cámara también ordenó que, antes de la apertura de las ofertas, se confeccione una grilla objetiva de evaluación. Allí deberán quedar establecidos los criterios y puntajes que se utilizarán para analizar cada propuesta.
El objetivo es que la decisión sobre la adjudicación no quede sujeta a parámetros que no hayan sido previamente establecidos.
Además, al momento de decidir la venta, el juez deberá comparar la conveniencia de adjudicar todos los activos en conjunto con la posibilidad de hacerlo por lotes. La alternativa elegida deberá ser aquella que permita obtener el mayor producido destinado al pago de los acreedores.
Los acreedores que cuentan con garantías reales conservarán, además, la posibilidad de aplicar los mecanismos de compensación previstos sobre los bienes alcanzados por esas garantías.
Uno de los puntos de mayor interés para la región es el tratamiento que la Cámara dio a la planta de Sunchales.
El establecimiento había sido tasado inicialmente en US$3 millones. Sin embargo, luego del incendio ocurrido en junio de 2026, su precio de base fue reducido a US$2,4 millones.
Ahora, la Cámara ordenó completar las tasaciones para determinar cuál sería el valor probable de venta de cada planta en el mercado y, específicamente, establecer la incidencia que tuvo el siniestro sobre el valor del establecimiento sunchalense.
“El tasador deberá completar su informe con el valor probable de venta en el mercado y con la incidencia del siniestro de junio de 2026 en la planta de Sunchales”, establecieron los magistrados.
Los informes de valuación, junto con sus antecedentes y papeles de trabajo, deberán incorporarse al expediente judicial y podrán ser consultados gratuitamente. También estarán disponibles dentro del Data Room del proceso, sin que pueda cobrarse por el acceso a esa documentación específica.
La resolución también aborda la situación jurídica de la planta de Sunchales y de las marcas Mendicrim y Santa Brígida, cuyos derechos de propiedad se encuentran vinculados a fideicomisos y son objeto de procesos judiciales independientes.
El pliego original contemplaba la posibilidad de transferir esos activos al eventual comprador y cancelar previamente las inscripciones correspondientes a los fideicomisos, aun cuando todavía no existiera una sentencia definitiva sobre su titularidad.
La Cámara dejó sin efecto ese mecanismo.
Los activos permanecerán incluidos dentro del proceso de licitación y el eventual comprador podrá utilizarlos para desarrollar la actividad productiva desde el momento de la adjudicación. Sin embargo, la transferencia definitiva de la propiedad quedará condicionada a una sentencia firme que determine que esos bienes pertenecían al patrimonio de SanCor.
“El comprador los recibirá y podrá producir con ellos desde el primer día y la propiedad se le transferirá, con el cambio de las inscripciones, solo cuando haya sentencia firme que establezca que integraban el patrimonio de SanCor”, explicó el tribunal.
Para administrar económicamente esa situación mientras se resuelven los litigios, la resolución establece además un mecanismo de atribución sobre el precio de venta. El porcentaje correspondiente a los activos cuya titularidad se encuentra controvertida quedará depositado judicialmente a plazo fijo hasta que exista una decisión firme.
Otro de los aspectos que la Cámara buscó ordenar es el funcionamiento de la Sindicatura.
Durante el proceso se habían producido diferencias entre los dos síndicos intervinientes, situación que generó distintos planteos y demoras.
La resolución ratificó la validez del pliego y descartó que la falta de una firma conjunta en determinadas actuaciones preparatorias justificara la nulidad del procedimiento. Sin embargo, estableció que ambos síndicos deberán participar en el dictamen sobre las ofertas.
Uno de ellos podrá continuar con la coordinación y el contacto con los oferentes, pero las decisiones y dictámenes deberán contar con la intervención de ambos. Si existen diferencias, deberán quedar expresamente asentadas las posiciones de cada profesional.
“La ley los designó como un solo órgano de control, no como dos partes en pugna, y las diferencias entre ellos no pueden seguir demorando un proceso del que dependen los puestos de trabajo y el cobro de los acreedores”, sostuvo la Cámara.
También se dispuso la elaboración de un protocolo interno de coordinación y se indicó que la Sindicatura deberá evitar planteos que no resulten conducentes para el desarrollo del proceso.
Con la resolución de la Cámara, queda despejado el principal obstáculo judicial que había detenido la licitación.
Los magistrados rechazaron los planteos destinados a dejar sin efecto el procedimiento, pero incorporaron modificaciones sobre las reglas de evaluación, las tasaciones, el mecanismo de pago y el tratamiento de los activos cuya titularidad permanece en discusión.
“No hay, en rigor, vencedores ni vencidos”, definieron los camaristas al describir el alcance de su decisión.
Ahora, el expediente vuelve al juzgado de Marcelo Gelcich, quien deberá reanudar los plazos, elaborar el nuevo cronograma y fijar la fecha de apertura de las ofertas.
El proceso definirá así el destino de las plantas industriales y las marcas que permanecen de la histórica cooperativa santafesina. En el caso de Sunchales, además, la futura adjudicación estará atravesada por dos cuestiones centrales: la valuación actualizada de una planta que sufrió un incendio de magnitud y la resolución definitiva de las cuestiones dominiales que involucran al establecimiento y a las marcas Mendicrim y Santa Brígida.
