Jorge Tribouley
Personal de la Guardia Provincial – Unidad Operativa Regional II (Rafaela) llevó adelante un importante procedimiento en el marco de un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional N.º 34, a la altura del kilómetro 271, jurisdicción de Tacural, que derivó en una investigación por presunto lavado de activos.
Durante la fiscalización de un automóvil Renault Logan en el que se trasladaban tres personas provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino a la provincia de Salta, los efectivos advirtieron una serie de circunstancias que motivaron una intervención más profunda.
Como resultado de las actuaciones, se constató que una de las ocupantes transportaba cerca más de 31 mil dólares estadounidenses, sin poder acreditar de manera fehaciente el origen de los fondos mediante documentación respaldatoria suficiente.
Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Justicia Federal, disponiéndose el traslado de los involucrados a sede policial para la continuidad de las diligencias investigativas. Posteriormente, y con autorización judicial, se efectuó el conteo formal del dinero en presencia de testigos, procediéndose al secuestro de la totalidad de la suma hallada.
Además, por disposición del Fiscal Federal interviniente, fueron incautados tres teléfonos celulares, más de dos millones de pesos argentinos en efectivo y documentación de interés para la causa.
Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal, que continuará con la investigación tendiente a determinar el origen y destino de los fondos secuestrados, en el marco de una causa por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Este procedimiento refleja la importancia de los controles preventivos desarrollados por la Guardia Provincial en las rutas santafesinas, fortaleciendo las acciones de prevención y colaboración con la Justicia en la detección de posibles maniobras ilícitas. La labor coordinada entre las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales constituye una herramienta fundamental para combatir delitos complejos y contribuir a una sociedad más segura y transparente.
Este tipo de intervenciones no solo contribuye al esclarecimiento de hechos de interés judicial, sino que también fortalece la transparencia, promueve el cumplimiento de la ley y protege a la comunidad frente a maniobras que afectan el normal desarrollo de la economía y la confianza social. La presencia activa de las fuerzas de seguridad en tareas de prevención y control representa un aporte concreto a la construcción de una sociedad más segura, ordenada y comprometida.
