Jorge Tribouley
El encuentro se desarrolló con la presencia de veedores del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y de la Dirección de Cooperativas provincial, en una jornada que concentró la atención de trabajadores, productores y acreedores.
Con este resultado, ya no hay fundamentos para el plan de salvataje de la cooperativa esgrimido por un grupo de acreedores que consistía en armar una sociedad anónima. La validación del pedido de quiebra por parte de los propios socios selló una de las decisiones más trascendentes en la historia reciente de SanCor CUL y dejó su futuro atado a las definiciones judiciales y a la eventual aparición de alternativas que permitan sostener la actividad.
Ahora, con el voto de la asamblea, el juez civil y comercial de Rafaela que lleva el concurso preventivo tiene el camino despejado para avanzar con el proceso liquidativo.
Desde ahora deja de ser una unidad productiva para convertirse en un patrimonio en liquidación, con implicancias legales y operativas.
A partir de la sentencia, los administradores de la cooperativa pierden el control sobre sus activos; el Consejo de Administración es desplazado y el Síndico (un contador designado por el juez) toma la posesión de los bienes.
De este modo, la empresa ya no puede vender ni comprar nada por cuenta propia ya que todo debe ser autorizado por el juez del proceso.
En el caso de las deudas de SanCor, dejan de generar intereses (salvo las laborales con privilegio) y se establece un mecanismo de "corte" para determinar exactamente cuánto se debe y a quién.
Además, los acreedores ya no pueden iniciar juicios individuales, sino que todos deben acudir al proceso de quiebra para intentar cobrar.
Se espera también el inicio del proceso de venta de los bienes de la empresa por parte del síndico para obtener dinero en efectivo.
Esto puede hacerse de dos formas:
El dinero obtenido no se reparte por igual debido a que existe una jerarquía estricta que oscila entre los gastos de justicia (honorarios de síndicos y abogados); créditos con privilegio especial (deudas garantizadas con hipotecas o prendas); créditos laborales (salarios e indemnizaciones de los trabajadores tienen prioridad sobre los acreedores comunes) y créditos fiscales, como deudas con ARCA (ex-AFIP) y provincias.
También se encuentran los llamados acreedores quirografarios o proveedores comunes que no tienen garantías y que, en casos de quiebras grandes, suelen cobrar solo una fracción mínima o nada.
En casos excepcionales, si el cierre inmediato genera un daño mayor o si hay interés en preservar empleos mientras se vende la empresa "en marcha", el juez puede autorizar que la planta siga operando por un tiempo limitado bajo tutela judicial.
Esto es lo que suele buscarse para evitar que las marcas pierdan valor de mercado durante el proceso.
En cuanto a una cooperativa como lo es SanCor, los socios (los tamberos) pierden sus aportes de capital y, dependiendo de los estatutos, podrían tener responsabilidades limitadas, pero fundamentalmente pierden su canal de comercialización y los créditos que la propia SanCor les adeudaba por la entrega de leche.
En resumen, mientras que el concurso preventivo en el que estaba SanCor buscaba un acuerdo para seguir viviendo, la quiebra busca recaudar lo máximo posible para pagar lo que se pueda antes de disolver la entidad.
