El Gobierno nacional presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, según informó la Oficina del Presidente.
La decisión se concretó después del vencimiento del ultimátum de dos semanas que la Argentina había concedido a Londres para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuación de actividades vinculadas con Sea Lion, un proyecto desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
El 11 de septiembre, la Cancillería argentina había presentado en los tribunales federales de Comodoro Py 2 denuncias penales contra varias sociedades extranjeras por su participación en actividades petroleras al norte de las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino. Se sumaba a la que ya había presentado el 5 de septiembre contra otras 5 compañías por el mismo motivo.
La primera de las denuncias es tramitada en el Juzgado Federal Nº 12, que subroga Julián Ercolini. Para las que fueron presentadas ayer resultaron sorteados el Juzgado Federal Nº 11, que subroga Ariel Lijo, y el Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas.
Por otro lado, el Gobierno informó avances en la imposición de sanciones administrativas a empresas y directivos.
Chequeado accedió a la primera de las denuncias. El eje es la posible violación de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que penaliza la exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Gobierno nacional.
Esa es la norma que ahora el gobierno de Javier Milei busca reformar para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en la zona.
Para las personas que hubieran tomado decisiones o actuado en nombre de las empresas, el artículo 7° de la ley vigente prevé penas de 5 a 10 años de prisión, multas e inhabilitación. También contempla el decomiso de equipos, materiales e hidrocarburos y la extinción de permisos, concesiones o licencias. Para las empresas pueden corresponder multas, suspensión de actividades y restricciones para contratar con el Estado.
La presentación también pide identificar a directores, administradores y otros responsables que hayan intervenido en la planificación, financiamiento, dirección o ejecución de las actividades; y pide que se investigue si los hechos también podrían configurar delitos vinculados con la generación de residuos peligrosos, infracciones aduaneras y, eventualmente, asociación ilícita o lavado de activos.
Dado que las empresas denunciadas no son argentinas y están radicadas en distintos países del mundo, la denuncia de Cancillería solicita que se libre “la cooperación internacional, exhortos, asistencias jurídicas mutuas, oficios y demás requerimientos que resulten necesarios para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa relativa a las personas humanas y jurídicas denunciadas”.
La primera denuncia está dirigida principalmente a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. La empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper, con múltiples accionistas, son las que impulsan el proyecto Sea Lion.
Según consta en el registro de sorteos de la Cámara Federal porteña, las 2 denuncias presentadas ayer están dirigidas a Desire Petroleum Limited y Borders & Southern Falkland Islands Limited.
En una primera instancia, el Gobierno había informado el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos que habrían violado la Ley 26.659. El martes anunció el inicio de 15 nuevos procedimientos que alcanzan tanto a personas humanas como jurídicas.
El Gobierno no difundió de forma oficial la nómina de sujetos, pero la agencia Noticias Argentinas publicó el detalle. Son 40 entidades y 20 personas.
Por ejemplo, respecto de Navitas aparecen 7 sociedades y 5 directivos. Sobre Rockhopper se iniciaron sanciones contra 8 empresas y 4 directivos. En cuanto a Borders & Southern, son 5 directivos y 5 sociedades. Además, hay 8 sociedades y 8 directivos vinculados a JHI/Eco Atlantic y cerca de 10 empresas a las que se les inició el procedimiento por actuar como proveedores o infraestructura en estos proyectos.
Este último punto fue uno de los pilares del discurso de Milei en cadena nacional el 3 de septiembre. Allí destacó que no sólo se avanzaría sobre las empresas que llevan adelante los proyectos petroleros en la zona de Malvinas, sino también con sus proveedores.
En ese contexto, surgió el nombre de la empresa neerlandesa Bluewater Energy Services, que opera buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), cuyo buque Aoka Mizu fue contratado por Navitas Petroleum para el proyecto Sea Lion.
Según dieron a conocer algunos medios, Bluewater fue contratada para el proyecto VMOS, el oleoducto destinado a transportar petróleo no convencional desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. La iniciativa está a cargo de un consorcio de empresas que incluye a la petrolera de mayoría estatal YPF. Según el listado difundido, la firma neerlandesa no figura en los procesos sancionatorios.
Otro nombre que llamó la atención es el de Harbour Energy, una petrolera con sede en Londres que opera pozos en Vaca Muerta y en Tierra del Fuego. Entre 2020 y 2021, Harbour Energy adquirió Premier Oil, otra compañía cuya actividad había sido declarada ilegal por el gobierno argentino en 2013 y resultó inhabilitada por 15 años por su actividad en la zona de Malvinas. Premier Oil era socia de Rockhopper en el proyecto Sea Lion, hasta que se retiró en 2021 para dar ingreso a Navitas.
Chequeado contactó a Cancillería para conocer detalles sobre las procedimientos iniciados, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
La denuncia judicial presentada por Quirno sostiene que algunas de las empresas involucradas ya habían sido objeto de actuaciones administrativas argentinas por actividades hidrocarburíferas en la zona.
El caso que la denuncia menciona expresamente es el de Navitas Petroleum LP. Según el escrito, mediante una resolución de 2022 el Estado argentino declaró ilegal su actividad y dispuso, entre otras medidas, su inhabilitación para operar en la República Argentina por 20 años.
Cancillería también cita como antecedente una investigación judicial anterior conocida como “Falkland Oil and Gas Limited (FOGL) y otros s/ infracción a la Ley 22.415”. La denuncia utiliza ese expediente como antecedente para sostener que, en casos anteriores vinculados con exploración de hidrocarburos en el área, la Justicia ya había considerado necesario investigar no sólo a las sociedades titulares de las licencias, sino también a sus directivos y administradores.
