Dos jóvenes (uno menor de edad de 16 años) fueron imputados por un robo cometido en una empresa de Sunchales a la que, según la acusación fiscal, ingresaron después de realizar un boquete en una de las paredes. Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Patricio Damián C., de 19 años, ambos quedaron en libertad tras las audiencias realizadas este viernes, aunque con distintas medidas cautelares y obligaciones de reparación económica.
El hecho ocurrió el 18 de septiembre, alrededor de las 00:48, en la empresa Tres Agros, ubicada en el kilómetro 1,5 de la Ruta Provincial 280 S. De acuerdo con la imputación, Patricio C. y el adolescente A.D.B. actuaron de manera conjunta: utilizaron una maza para abrir un boquete en una pared exterior, ingresaron al edificio y revolvieron documentación en busca de dinero u objetos de valor.
La acusación sostiene que finalmente violentaron un cajón cerrado con llave ubicado en una de las oficinas y se apoderaron de aproximadamente $1.300.000. Luego escaparon del lugar con el dinero. El hecho fue calificado como robo calificado por perforación o fractura de pared, en calidad de coautores.
Durante la audiencia de Patricio C., el fiscal Juan Manuel Puig - que participó por Zoom- presentó como elementos de la investigación distintas imágenes de cámaras de seguridad, el secuestro de una maza y testimonios de personas que, según la acusación, lo ubicaron antes y después del robo.
La Fiscalía sostuvo que las cámaras permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos y que en registros posteriores se podía reconocer a Patricio C. junto al menor. También destacó los testimonios de personas que habrían visto a Patricio C. llegar con una maza, cambiarse de ropa y salir en bicicleta junto a otro de los involucrados.
La defensora Amalia Cassina cuestionó especialmente la identificación a través de las cámaras. Señaló que las primeras imágenes no permitían identificar a las personas y puso en duda que, por la distancia y las condiciones de iluminación, pudiera determinarse quiénes eran los sujetos registrados en las filmaciones. También cuestionó que los testimonios posteriores fueran suficientes para despejar esa duda.
El juez Gustavo Bumaguín consideró que, para esta etapa del proceso, existía una probabilidad suficiente de participación de Patricio C.. Sin embargo, entendió que no correspondía dictar prisión preventiva. Entre otros aspectos, tuvo en cuenta que tiene 19 años, que se trata de su primer contacto con la ley penal y que la Fiscalía no planteó riesgo de fuga.
Deberá pagar $1,5 millones
Bumaguin resolvió que Patricio C. continúe el proceso en libertad bajo distintas reglas de conducta. Entre ellas, deberá fijar domicilio, permanecer bajo el cuidado de una familiar, no acercarse ni contactar a testigos y víctimas, ni acercarse al lugar del hecho.
También deberá constituir una fianza personal de $1.500.000, presentarse una vez por semana en la Comisaría de Sunchales y cumplir con el compromiso de reparación económica ofrecido por su defensa: tres cuotas de $500.000, mediante depósito judicial, a partir de octubre.
El juez además estableció como regla de conducta que no cometa un nuevo delito y advirtió que el incumplimiento de las medidas podría llevar a revisar la situación procesal.
El adolescente también quedó libre y deberá pagar, pero menos
La situación del segundo acusado fue analizada en una audiencia separada ante la jueza Penal Juvenil Laura Lencina, con intervención de la fiscal Carina Gerbaldo y el defensor Carlos Farías Demaldé.
En este caso, la Fiscalía y la defensa acordaron medidas cautelares y socioeducativas. El adolescente deberá permanecer bajo el cuidado de su madre, no podrá acercarse ni contactar a las víctimas, familiares y testigos, ni acercarse al comercio. Además, se estableció expresamente la prohibición de contacto con Contreras, que es el otro imputado.
Como parte de las medidas socioeducativas, deberá concurrir a un espacio terapéutico, retomar la escolaridad secundaria durante 2027 y cumplir con una reparación económica de $500.000, en cinco cuotas mensuales de $100.000.
Durante la audiencia, además, el adolescente pidió disculpas públicamente al propietario de la empresa, quien aceptó el pedido. En las dos audiencias, el comerciante pidió que se terminen los robos, ya que no es la primera vez que sufre un hecho de estas características.
De esta manera, los dos acusados quedaron en libertad, aunque sujetos a distintas restricciones y compromisos económicos. En conjunto, deberán afrontar $2 millones en concepto de reparación, además de las restantes condiciones impuestas por la Justicia.
