Jorge Tribouley
Unicef Argentina presentó Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia, un informe que introduce el Índice Provincial de la Niñez (IPN), una herramienta que reúne en una sola medida —en una escala de 0 a 1— cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia.
El objetivo, según el organismo, es hacer visibles las desigualdades territoriales entre provincias y "brindar una herramienta común para orientar políticas públicas".
Santa Fe cerró 2025 con un IPN de 0,622, muy cerca del promedio del país (0,630) y dentro del amplio pelotón de provincias de posición intermedia, junto a Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Juan, San Luis, La Rioja, Jujuy y La Pampa. Pero ese número agregado esconde un perfil con luces y sombras bien diferenciadas entre sus cuatro componentes:
Esta combinación confirma uno de los argumentos centrales del informe: provincias con un resultado global similar pueden esconder combinaciones internas muy distintas. De hecho, Santa Fe es una de las únicas cuatro jurisdicciones del país —junto con CABA, Corrientes y La Rioja— donde, según el propio informe, la dimensión con menor peso relativo dentro del índice es la salud y no la educación, algo que ocurre en las 20 provincias restantes. En el caso santafesino, la fortaleza en la reducción del embarazo adolescente y en las condiciones materiales de los hogares convive con un rezago sanitario que el informe vincula a la necesidad de sostener políticas preventivas, de vacunación y de atención primaria.
El promedio nacional del índice alcanzó 0,630 en 2025, pero esa cifra esconde realidades muy distintas según el mapa. En el extremo superior aparecen Tierra del Fuego (0,820) y la Ciudad de Buenos Aires (0,809), seguidas por un segundo grupo de provincias patagónicas —Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz— y Mendoza, todas por encima del promedio.
En el otro extremo, Formosa registra el valor más bajo de todo el país, con apenas 0,349, seguida por Chaco, Misiones y Corrientes. El informe subraya que el lugar donde vive un niño sigue estando asociado a diferencias considerables en sus condiciones materiales, sus oportunidades educativas, sus resultados sanitarios y las situaciones de violencia que enfrenta.
Un amplio grupo de provincias —entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, San Juan, Tucumán, La Rioja, Jujuy y La Pampa— ocupa la zona intermedia, en torno al promedio nacional.
Entre 2016 y 2025, el índice nacional pasó de 0,569 a 0,630, y 22 de las 24 jurisdicciones terminaron el período con un valor más alto que al inicio. El repunte no fue lineal: hubo una caída en 2023 (a 0,576), una recuperación en 2024 y, en 2025, el aumento anual más pronunciado de toda la serie, impulsado principalmente por una mejora generalizada en las condiciones materiales de los hogares.
Sin embargo, la distancia entre la provincia mejor y peor posicionada se mantuvo prácticamente igual: cercana a 0,5 puntos tanto en 2016 como en 2025. El informe lo resume así: el nivel general del país aumentó, pero la estructura territorial conserva una marcada desigualdad. Las provincias que partían de una posición más baja —como Chaco, que pasó de 0,322 a 0,436, el mayor incremento absoluto del período— avanzaron, pero no lo suficiente como para acortar la diferencia con las mejor ubicadas, que también siguieron mejorando.
Al abrir el índice por dimensiones, aparece un dato que atraviesa a casi todo el país: en 20 de las 24 provincias, la educación es la dimensión con peor desempeño relativo dentro de su propio resultado. El promedio nacional de esta dimensión llegó a 0,477 en 2025, prácticamente el mismo nivel que en 2016, pese a una década de políticas educativas.
En cambio, la dimensión de violencia —medida a través del embarazo de niñas menores de 15 años— fue la que más mejoró y la que arroja el promedio nacional más alto: 0,854. El informe aclara que este indicador funciona como una aproximación a un aspecto específico y grave de la violencia sexual contra niñas menores de 15 años, y no representa el conjunto de las violencias que pueden sufrir niños, niñas y adolescentes; UNICEF señala que todavía falta información actualizada y desagregada por provincia sobre otras formas de violencia.
La dimensión de salud, con 0,515 a nivel país, se ubica incluso por debajo del valor registrado en 2016, lo que el informe interpreta como una señal para "sostener políticas preventivas, vacunación y atención primaria".
UNICEF insiste en que el índice "no reemplaza el conocimiento sectorial ni la evaluación detallada de cada programa" y advierte contra la tentación de leerlo como "una tabla de ganadores y perdedores". Su utilidad, sostiene el organismo, está en identificar dónde se concentran las brechas más importantes, diferenciar la posición actual de la trayectoria recorrida por cada provincia, y orientar la coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios en políticas que —como la educación sexual integral, la ampliación de jardines de infantes o los programas de ingresos— impactan simultáneamente sobre varias de las dimensiones medidas.
El informe cierra con una idea que funciona como síntesis de todo el trabajo: avanzar es posible, pero el cierre de las desigualdades territoriales demanda políticas sostenidas, coordinación federal y atención continua a las condiciones concretas en las que crecen niñas, niños y adolescentes en cada rincón del país.
