Jorge Tribouley
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe emitió este lunes dos fallos clave sobre la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y fijó criterios distintos respecto de dos de los puntos más cuestionados de la Ley 14.283. En una decisión dividida, declaró inconstitucional el tope a los haberes jubilatorios, mientras que, en otro expediente, sostuvo que el debate sobre el aporte solidario no podía resolverse mediante una acción de amparo y debía continuar en la Justicia contencioso administrativa.
Las decisiones fueron adoptadas en las causas "Ramón" y "Lisi", ambas vinculadas a la Ley de Emergencia Previsional, pero con planteos diferentes y, también, con mayorías distintas dentro del máximo tribunal.
Aunque ambos pronunciamientos terminaron con votaciones de cuatro votos contra tres, la integración de las mayorías cambió según el tema analizado.
En el caso "Lisi", donde se discutía la constitucionalidad del aporte solidario previsto en el artículo 2 de la Ley 14.283, la mayoría estuvo integrada por Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza, quienes hicieron lugar parcialmente al recurso presentado por la Provincia.
En disidencia votaron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder, quienes entendieron que el aporte solidario resultaba inconstitucional.
En cambio, en el caso "Ramón", referido al tope sobre los haberes jubilatorios, la mayoría quedó conformada por Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder, quienes rechazaron el recurso extraordinario de la Provincia y dejaron firme la declaración de inconstitucionalidad del tope.
La minoría, integrada por Erbetta, Baclini y Zabalza, consideró que ese límite sí era compatible con la Constitución.
En el expediente "Lisi", la Corte no declaró constitucional el aporte solidario en un análisis de fondo. Lo que sostuvo fue que esa discusión no puede resolverse mediante una acción de amparo, ya que requiere un proceso con mayor amplitud probatoria.
El tribunal entendió que la Cámara Laboral había avanzado sobre la constitucionalidad de la ley sin analizar suficientemente los antecedentes económicos, financieros y legislativos que motivaron la declaración de emergencia previsional.
Entre otros elementos, mencionó la necesidad de valorar el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, el déficit de la Caja de Jubilaciones, los informes técnicos y el debate parlamentario.
Por esa razón, hizo lugar parcialmente al recurso de la Provincia, anuló la sentencia anterior y estableció que el conflicto deberá continuar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Además, eximió a la amparista del agotamiento previo de la vía administrativa y le otorgó 30 días para adecuar la demanda al procedimiento correspondiente.
Respecto del artículo 10 de la ley, que establecía el diferimiento del traslado de aumentos a los jubilados, la Corte declaró que la cuestión había quedado abstracta porque esa disposición fue posteriormente derogada por la Ley 14.431.
La principal novedad de los fallos llegó en la causa "Ramón", donde la Corte confirmó la inconstitucionalidad del tope impuesto sobre los haberes jubilatorios. La mayoría entendió que ese límite vulnera derechos constitucionales, por lo que rechazó el recurso extraordinario promovido por la Provincia.
Sin embargo, al igual que ocurrió con el resto de los cuestionamientos vinculados a la reforma previsional, el Tribunal consideró que las demás discusiones sobre la Ley 14.283 —como la emergencia previsional y el aporte solidario— deberán continuar en la Justicia contencioso administrativa, al tratarse de cuestiones que requieren una producción amplia de prueba.
En ese sentido, la Corte reiteró que la acción de amparo solo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta y evidente, circunstancia que no consideró acreditada en este caso para analizar la totalidad de la reforma.
En ambos pronunciamientos, el máximo tribunal insistió en que las acciones de amparo no eran la vía adecuada para revisar una ley de la complejidad de la reforma previsional.
Los ministros señalaron que existe una presunción de legitimidad de las leyes sancionadas por la Legislatura y que, antes de declarar su invalidez constitucional, resulta indispensable un debate con mayor producción de prueba.
