Jorge Tribouley
La Justicia provincial volvió a intervenir en la causa colectiva vinculada al futuro Complejo Ambiental de Sunchales y dispuso una nueva batería de medidas para controlar el cumplimiento de las sentencias que ordenan avanzar con la construcción del predio destinado a la disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Mediante una resolución fechada el 3 de agosto de 2026, el Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Rafaela recordó que el control judicial sobre este proceso continúa vigente y advirtió que el incumplimiento de las obligaciones impuestas podrá derivar en multas económicas e incluso en la remisión de actuaciones a la Justicia Penal.
El magistrado Mauro García
En ese marco, la resolución sostiene que aún existen aspectos pendientes que requieren una respuesta inmediata de los organismos involucrados.
Uno de ellos es la falta del informe semestral sobre el avance de las primeras obras del Complejo Ambiental, pese a que la Municipalidad acreditó haber recibido en 2025 un primer desembolso provincial de 304 millones de pesos destinado a financiar los trabajos iniciales.
Uno de los puntos centrales de la resolución judicial es la referencia a la Ordenanza Nº 3268/2025, presentada y aprobada por mayoría en diciembre del año pasado por los ex ediles Carolina Giusti, Santiago Dobler y Pablo Ghiano, y la actual concejal Laura Balduino
Según señala el juez, esa norma intentó desafectar el terreno de 26,28 hectáreas adquirido para el Complejo Ambiental, prohibir nuevas intervenciones vinculadas al proyecto GIRSU y avanzar hacia la búsqueda de otro inmueble.
Para el tribunal, esa decisión podría constituir un acto de regresión ambiental, al contradecir una sentencia judicial firme y poner en riesgo el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.
Además, recuerda que la propia Cámara había exhortado al Concejo Municipal a adoptar todas las acciones necesarias para agilizar la concreción del nuevo predio, por lo que cualquier medida que obstaculice ese objetivo deberá ser debidamente justificada.
En un plazo de diez días hábiles, el Ejecutivo municipal deberá presentar un informe detallado sobre:
El estado actual de las obras de la primera etapa del Complejo Ambiental.
El porcentaje de ejecución y el cronograma actualizado.
La situación del actual predio de disposición final de residuos y las tareas de mantenimiento que allí se realizan.
Las gestiones vinculadas a la Ordenanza Nº 3268.
El estado del convenio firmado con el Ministerio de Ambiente y el destino de los fondos provinciales ya recibidos.
La resolución alcanza además al Concejo Municipal, que deberá remitir el expediente completo que dio origen a la Ordenanza Nº 3268, junto con los informes técnicos, ambientales y jurídicos que respaldaron su tratamiento.
Asimismo, el cuerpo legislativo tendrá que informar qué medidas adoptó para garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial y cuál es el estado del eventual proceso para adquirir un nuevo terreno.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe deberá informar si la ordenanza afecta la continuidad administrativa del proyecto, el financiamiento provincial ya comprometido y el proceso de aprobación definitiva del Complejo Ambiental.
La resolución reitera que el incumplimiento de las mandas judiciales podrá dar lugar a la aplicación de sanciones económicas previstas en el Código Civil y Comercial.
Las multas podrían alcanzar una unidad Jus por cada día de demora, monto que actualmente equivale a 100.000 pesos diarios, sin perjuicio de las responsabilidades penales que eventualmente pudieran corresponder por desobediencia a una orden judicial.
Una vez recibidos los informes solicitados, el juzgado convocará a una nueva audiencia de seguimiento para evaluar el grado de cumplimiento de las sentencias y definir los pasos a seguir.
Finalmente, el magistrado dispuso que el contenido de la resolución sea difundido públicamente para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información ambiental, en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú y la legislación vigente.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate uno de los proyectos ambientales más importantes para Sunchales y mantiene bajo seguimiento judicial un proceso que ya lleva varios años y cuya concreción continúa siendo un objetivo pendiente para la ciudad.
2016
La Municipalidad adquiere un predio de 26,28 hectáreas destinado a la construcción del futuro Complejo Ambiental, proyecto pensado para reemplazar el actual sitio de disposición final de residuos.
2020
Un grupo de vecinos presenta la acción colectiva "Caglieris, Cintia y otros c/ Municipalidad de Sunchales", reclamando medidas urgentes para proteger el ambiente y la salud pública por la situación del basural municipal.
5 de agosto de 2022
El Juzgado Civil y Comercial de la 3ª Nominación de Rafaela dicta sentencia y ordena a la Municipalidad avanzar con una serie de medidas para controlar el actual predio, ejecutar obras de mitigación y desarrollar el nuevo Complejo Ambiental.
25 de octubre de 2022
La Cámara de Apelación convoca a una audiencia pública para escuchar a las partes y a la comunidad antes de resolver el recurso presentado por el Municipio.
7 de noviembre de 2022
La Cámara de Apelación confirma la sentencia de primera instancia, rechaza la apelación municipal y encomienda al juzgado un control permanente sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas. También exhorta al Concejo Municipal a colaborar para concretar el proyecto del Complejo Ambiental.
2025
La Provincia de Santa Fe realiza un primer desembolso de 304 millones de pesos destinado al inicio de las obras de infraestructura del Complejo Ambiental, en el marco de un convenio firmado con la Municipalidad.
6 de junio de 2025
Durante una audiencia de conciliación se acuerda un cronograma de seguimiento y la Municipalidad asume el compromiso de presentar informes periódicos sobre el avance de las obras.
4 de diciembre de 2025
El Concejo Municipal sanciona la Ordenanza Nº 3268, que dispone la desafectación del terreno previsto para el Complejo Ambiental y promueve la búsqueda de una nueva ubicación. La medida genera un nuevo conflicto por su posible incompatibilidad con la sentencia judicial firme. Meses después, dicha Ordenanza fue vetada por el intendente Pablo Pinotti y no pudo ser rechazada por los concejales de la oposición.
Abril 2026
El intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, vetó la Ordenanza Nº 3268/2025 que buscaba desafectar el terreno destinado al Complejo Ambiental GIRSU. El veto quedó firme al no conseguir los ediles no oficalistas la mayoría agravada de dos tercios en una votación empatada (3 a 3).
Diciembre de 2025
El Juzgado solicita informes a la Municipalidad, al Concejo Municipal y al Ministerio de Ambiente de Santa Fe para evaluar el impacto de la nueva ordenanza sobre el cumplimiento de la sentencia.
3 de agosto de 2026
La Justicia vuelve a intervenir, intima a los organismos involucrados a presentar informes actualizados, advierte sobre la posibilidad de aplicar multas por incumplimiento y reafirma que continuará ejerciendo un control periódico hasta garantizar la ejecución efectiva de la sentencia ambiental.
