El empresario Gustavo Scaglione cuestionó el proceso de venta de la láctea Sancor

A una semana de que la Justicia pusiera en marcha la venta de los activos de la quebrada láctea SanCor, apareció el primer intento formal para frenar el proceso. Gustavo Scaglione, presidente de Fidulac SA, firma que reclama ser acreedora de la cooperativa, y uno de los empresarios que había manifestado interés en la histórica láctea, presentó un recurso para dejar sin efecto la resolución que aprobó el pliego de licitación, fijó las bases de venta y estableció el cronograma para desprenderse de las plantas industriales y las marcas de la empresa. Scaglione adquirió notoriedad en el último tiempo por quedarse con Telefe.

La presentación, firmada por Scaglione con el patrocinio letrado de Leandro Salvatierra, fue realizada en el expediente de la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada y apunta contra la decisión del juez Marcelo Gelcich, que aprobó el pliego de bases y condiciones, fijó los valores de referencia para los distintos activos y habilitó el inicio del proceso licitatorio.

En el escrito, Scaglione solicitó la revocatoria de la resolución, planteó su nulidad y presentó una apelación en subsidio. Además, pidió que se suspendan de manera urgente todos los actos vinculados con la licitación hasta que se resuelva el planteo.

La medida judicial ahora cuestionada había puesto en marcha la venta de las seis plantas industriales de la cooperativa, junto con sus marcas y otros activos intangibles, por una base total superior a los US$52 millones. La decisión despertó fuerte interés entre empresas del sector lácteo y grupos inversores que analizan participar del proceso.

Sin embargo, para Scaglione el esquema aprobado presenta irregularidades y podría terminar perjudicando a los acreedores. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se estructuró la venta. El empresario sostiene que la Ley de Concursos y Quiebras establece como criterio prioritario la venta de la empresa como una unidad económica y considera que el procedimiento aprobado no respeta ese criterio al permitir la comercialización separada de plantas industriales, marcas y otros activos.

Según argumentó en la presentación judicial, esa modalidad podría reducir el valor total de la empresa. “La venta separada del activo marcario puede generar un efecto económico claramente perjudicial para la masa”, sostuvo en el escrito.

Para Scaglione, “el principal valor económico de SanCor no se agota en sus plantas industriales consideradas aisladamente, ni tampoco en sus marcas consideradas en abstracto”.

En ese sentido, advirtió que una planta industrial sin las marcas históricas de la cooperativa podría perder atractivo para potenciales compradores, lo que disminuiría el valor final de los activos y, por lo tanto, las posibilidades de recupero de los acreedores. El planteo también cuestiona la falta de una valuación integral que permita comparar cuánto vale la empresa funcionando como una unidad económica respecto de un esquema de venta fragmentada.

Según sostuvo, la metodología aprobada “compromete uno de los principios rectores de todo procedimiento liquidatorio: la maximización del valor de realización de los activos en beneficio de la masa de acreedores”.

Otro de los ejes de la presentación está vinculado con las tasaciones que sirvieron de base para fijar los valores de venta. Scaglione afirmó que los acreedores no tuvieron acceso efectivo a los informes técnicos utilizados para determinar los montos de referencia y cuestionó que parte de la documentación se encuentre disponible únicamente a través de un Data Room cuyo acceso requiere la compra previa del pliego licitatorio.

“Se ha configurado un verdadero valladar para el ejercicio del control y contradicción respecto de los informes técnicos, tasaciones y antecedentes económicos que sirvieron de fundamento a la resolución recurrida”, sostuvo.

El empresario también puso la lupa sobre la valuación de la planta de Sunchales, una de las instalaciones más emblemáticas de la cooperativa. La resolución judicial había reducido en un 20% el valor originalmente asignado a esa planta luego del incendio ocurrido el pasado 7 de junio, que afectó distintos sectores del establecimiento. Sin embargo, Scaglione sostuvo que no existe un informe técnico específico que respalde esa reducción. “No surge que el profesional Bacchetta haya participado de dicha constatación, que hubiera emitido un informe técnico al respecto, ni que exista un nuevo estudio pericial que permita concluir, con sustento, que la afectación sufrida por la planta justifica precisamente una disminución del veinte por ciento”, señaló.

A criterio del empresario, la rebaja fue adoptada con excesiva rapidez y sin que se hubieran determinado con precisión los daños ocasionados por el siniestro.

Además, el escrito cuestiona aspectos procesales del trámite. Entre otros puntos, sostiene que el Comité de Acreedores no llegó a conformarse y que la sindicatura plural designada para la quiebra no funcionó plenamente durante la elaboración del pliego licitatorio. También argumenta que el proceso avanzó cuando todavía no se encuentra completamente definida la composición del pasivo concursal, situación que, según sostiene, debería resolverse antes de avanzar con la venta de activos estratégicos.

En ese marco, pidió que la Justicia suspenda el procedimiento. “La continuidad del proceso de enajenación podría ocasionar consecuencias de imposible o extremadamente difícil reparación ulterior”, afirmó.

La presentación suma un elemento adicional al proceso porque Scaglione no solo reclama una acreencia en la quiebra, sino que también había manifestado interés en los activos de la cooperativa. A fines de mayo, antes de que se pusiera en marcha la licitación, envió una carta al juez Marcelo Gelcich para expresar formalmente su interés en SanCor. Además, participó del grupo de potenciales interesados que siguió de cerca el proceso de venta junto con representantes de empresas como Adecoagro, Savencia, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela.

FUENTE: lanacion.com.ar