Desde este sábado, la provincia implementa un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Se eliminan los juzgados de menores, el Ministerio Público de la Acusación asume la investigación y se inaugura una nueva etapa basada en el modelo acusatorio.
Judiciales21 de junio de 2025 El Eco de Sunchales
Este sábado 21 de junio comenzará a regir en toda la provincia de Santa Fe el Código Procesal Penal Juvenil, una reforma legal que cambia por completo el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años.
La normativa, aprobada por la ley provincial N.º 14.228, elimina la histórica Justicia de Menores y da paso a un sistema de enjuiciamiento acusatorio, público y oral, en línea con el modelo penal vigente para adultos desde 2014.
El cambio, impulsado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), implica que desde ahora los casos protagonizados por menores serán investigados por fiscales especializados, con la posibilidad de imputación y enjuiciamiento. Para ello, se crearon nuevas estructuras, se capacitó al personal judicial y se adaptaron sedes y sistemas informáticos en toda la provincia.
“La puesta en marcha de este sistema, junto con el juicio por jurados, nos permite decir que el proceso penal en Santa Fe se encuentra completamente adecuado a la Constitución”, afirmó la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien encabezó la implementación desde el MPA. A su vez, recordó que el nuevo régimen alcanza a adolescentes imputables —de 16 a 18 años— que cometan delitos cuya pena mínima supere los dos años de prisión, pero también contempla el abordaje institucional de menores de 16, aunque no puedan ser penalmente condenados.
Con la entrada en vigencia del nuevo Código, los antiguos juzgados de menores dejarán de funcionar, y todo el proceso penal recaerá en el sistema acusatorio. Esto significa que el fiscal investigará el hecho, reunirá pruebas y elevará la causa a juicio, donde intervendrán defensores y jueces especializados.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia acompañó el proceso mediante capacitaciones obligatorias para los nuevos operadores judiciales y la reorganización institucional necesaria para garantizar el traspaso de causas, estructuras y personal.
En términos concretos, la reforma incorpora herramientas como el juicio abreviado y la probation para menores. También establece nuevos criterios para la prisión preventiva, que deberá evitar el alojamiento de adolescentes junto a adultos, salvo excepciones. Las penas, en caso de corresponder, se cumplirán recién a partir de la mayoría de edad, en espacios especialmente habilitados para jóvenes.
La fiscal general María Cecilia Vranicich detalló que para garantizar la implementación, se crearon Unidades Fiscales Especializadas en Responsabilidad Penal Adolescente en cada circunscripción y una unidad provincial de coordinación —la UFERPA— a cargo de la fiscal Carla Cerliani.
Además, nueve nuevos fiscales y más de 60 empleados fueron incorporados al MPA desde las antiguas asesorías de menores y secretarías penales. Paralelamente, se desarrolló un nuevo sistema informático, Clio, que centraliza el historial de causas vinculadas a menores, complementando al sistema Heimdall del MPA.
En Santa Fe y Rosario se habilitaron nuevas sedes específicas, mientras que en otras localidades el MPA utilizará edificios judiciales existentes o compartirá espacio con los Centros de Justicia. Según los fiscales Carlos Zoppegni y Diego Rodríguez y Barros, la reforma también promueve un enfoque restaurativo, donde se priorizará evitar condenas y, cuando sean necesarias, aplicar sanciones proporcionales a la edad y contexto del adolescente.
Un punto relevante es que, aunque los menores de 16 años no puedan ser penalmente responsabilizados, el MPA abrirá investigaciones orientadas a esclarecer los hechos, garantizar derechos y activar dispositivos de protección estatal. Por su parte, las víctimas podrán participar activamente en el proceso, presentarse como querellantes y colaborar en la recolección de pruebas.
“La reforma representa un paso trascendental para todo el sistema judicial santafesino”, concluyó Vranicich. “Se trata de un modelo más transparente, eficaz y acorde a los estándares constitucionales, que a la vez garantiza derechos y responsabilidades para adolescentes y víctimas por igual”.
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Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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