Jorge Tribouley
La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe busca votar un proyecto de ley que modifica el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a través de cambios que lo ordenan, lo vuelven más amplio y transparente y clarifican las sanciones y montos correspondientes en cada caso.
Se trata de un texto enviado por el Ejecutivo que unifica los más de cinco proyectos de distintos diputados y diputadas que se habían presentado hasta el momento.
El nuevo registro de obligaciones alimentarias será provincial, algo que actualmente no ocurre porque se divide en cinco regiones: Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto.
Además, pasará a depender del Poder Ejecutivo. Ya no estará en la órbita del Poder Judicial.
El registro también será más amplio y comprenderá a todas las personas que tengan una obligación de cuota alimentaria designada por una orden judicial, con la división en otro subregistro de quienes no cumplan.
En esas clasificaciones de deudores habrá dos niveles: uno de mora inicial para aquellos que deban dos cuotas en el año y otro de moroso agravado, cuando adeuden más de seis en el año.
La iniciativa busca que quienes incumplen con esta obligación la acaten, dado que el incumplimiento acarreará consecuencias que se expresarán en diferentes sanciones, como la imposibilidad de ser candidato, proveedor del Estado, contratista, el retiro de la licencia de conducir y la obligación de los empleadores de informar cuando toman para un trabajo a un deudor inscripto en el registro, entre otras.
El objetivo central es poder hacer un seguimiento de las obligaciones alimentarias e impulsar al pago de las mismas.
El proyecto de creación del registro de obligaciones alimentarias tiene preferencia para la próxima sesión, lo que llevaría a tratarlo en 15 días con suficientes acuerdos en Diputados.
Entre el oficialismo y las legisladoras del PJ que trabajaron en reuniones para unificar los proyectos parece haber un acuerdo general en cuanto al registro, pero la discusión ahora se centra en cómo fijar los montos de las cuotas.
Hay legisladoras que insisten en que se fijen de acuerdo al índice de crianza en la provincia de Santa Fe. Lo que ocurre actualmente es que los montos son designados por los jueces con criterios dispares, en algunos casos con el índice de crianza del Ipec; en otros, con el salario mínimo, vital y móvil, una unidad de medida que no genera confianza.
En la actualidad, en Santa Fe es muy difícil consultar cuántos deudores alimentarios existen por región. Son cinco registros y los datos dependen exclusivamente del Poder Judicial.
El nuevo proyecto plantea la posibilidad de inquirir públicamente si una persona está en el registro. No existirá una lista pública, pero si se podrá consultar con el nombre de la persona.
