Jorge Tribouley
A partir del 5 de septiembre de 2026, comenzará a regir en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por un proceso penal. La norma reemplaza el régimen establecido por el Decreto-Ley 22.278, vigente desde 1980.
El cambio tendrá una particular incidencia en Santa Fe, aunque desde el Gobierno provincial aseguran que la provincia no deberá comenzar de cero. Por el contrario, sostienen que ya dispone de la estructura institucional, los establecimientos y los dispositivos necesarios para aplicar el nuevo régimen.
El ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, afirmó que "no hay que inventar nada" y destacó que ya existen establecimientos, medidas de intervención y una normativa procesal específica para adolescentes.
"No hay que inventar nada, ya está inventado, los establecimientos ya existen, las medidas ya están, los lugares de alojamiento ya están. Y lo más importante, la normativa procesal, que para muchas provincias será una novedad, en la provincia de Santa Fe ya existe también", sostuvo Cococcioni.
La provincia cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil y desde el 21 de junio de 2025 las causas que anteriormente tramitaban ante los Juzgados de Menores comenzaron a gestionarse bajo el sistema acusatorio y dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esto implicó la disolución de los antiguos juzgados y el traslado de expedientes hacia las cinco Fiscalías Regionales.
El sistema ya acumula una experiencia significativa. Entre junio y diciembre de 2025 se generaron 2.787 legajos judiciales por distintos delitos. De ellos, 1.299 correspondieron a adolescentes punibles de entre 16 y 18 años, mientras que otros 1.224 casos —el 43,92%— involucraron a menores de 16 años, que bajo el régimen vigente entonces eran no punibles.
Para Cococcioni, esta estructura permite afrontar la modificación nacional sin una transformación radical del sistema provincial. "No es correcto decir que hay que crear cargos y estructuras", afirmó el funcionario, al señalar que el régimen penal juvenil ya contempla las distintas alternativas que plantea la nueva legislación.
El ministro explicó que el nuevo régimen contempla distintas respuestas según la gravedad del delito y las características de cada caso.
El primer nivel es la prisión domiciliaria, que Santa Fe pretende acompañar con dispositivos de monitoreo electrónico. Cococcioni aseguró que la provincia cuenta actualmente con tobilleras suficientes para aplicar este mecanismo cuando un fiscal lo solicite y un juez lo autorice.
El segundo escalón corresponde al alojamiento en establecimientos de puertas abiertas, destinados a adolescentes que requieren institucionalización pero no un régimen penitenciario. Se trata de espacios intermedios, bajo cuidado de personal civil.
El tercer nivel está reservado para los casos más graves y violentos, especialmente aquellos en los que exista un perfil criminológico de mayor complejidad. En esas situaciones, los adolescentes podrán ser alojados en los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ).
Son establecimientos de puertas cerradas, con un régimen de seguridad similar al penitenciario, pero específicamente destinados a adolescentes y separados del sistema de adultos.
La estructura no parte de cero. Al 31 de diciembre de 2025, Santa Fe registraba 104 menores punibles alojados en institutos del Sistema Penal Juvenil para cumplir medidas de encierro. También había 48 prisiones domiciliarias vigentes.
La provincia cuenta actualmente con tres establecimientos especializados: dos en Rosario —uno para varones y otro para mujeres— y un sector juvenil dentro de la cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. A ellos se suman centros semiabiertos en Venado Tuerto, Coronda y Rafaela.
Además, existen programas y dispositivos socioeducativos destinados a adolescentes que atraviesan intervenciones judiciales sin necesidad de ser privados de su libertad.
Uno de los principales interrogantes alrededor de la reforma es si la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años provocará una saturación del sistema juvenil.
Cococcioni rechazó esa posibilidad y consideró que el debate público muchas veces presenta la reforma como si implicara una incorporación masiva de menores al sistema carcelario.
"La ley nacional que baja la edad de imputabilidad es mucho más leve", sostuvo el ministro, quien remarcó que las sanciones para adolescentes son diferenciadas y que la pena máxima de privación de libertad queda establecida en 15 años.
La nueva normativa contempla, además, alternativas a la privación de libertad, entre ellas la amonestación, la prohibición de concurrir a determinados lugares, los servicios comunitarios, la reparación del daño y el monitoreo electrónico. La prisión debe utilizarse de manera excepcional y en establecimientos especializados.
"El sistema no juzga con la misma severidad a un menor que a un adulto, mayor de 18 años", explicó Cococcioni.
Los datos disponibles muestran que los adolescentes de menor edad representan una proporción considerablemente inferior dentro del universo de intervenciones penales.
El mapa de niños, niñas y adolescentes con intervención penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró en Santa Fe, durante 2024, 4.551 menores de 18 años que ingresaron a la Justicia de Menores por causas penales. La mayoría de los casos correspondió a adolescentes de edades más altas: el 23,6% tenía 16 años y el 55,3% tenía 17 años, mientras que los porcentajes correspondientes a 14 y 15 años fueron considerablemente menores.
También durante 2025, casi el 44% de los legajos generados en el sistema provincial correspondió a menores de 16 años. Sin embargo, que un adolescente haya sido señalado en un legajo no significa que necesariamente vaya a recibir una medida de privación de libertad.
El nuevo régimen contempla una respuesta graduada y establece que la prisión debe ser excepcional.
Frente a la posibilidad de que el nuevo régimen incremente la cantidad de adolescentes privados de libertad, el Gobierno santafesino sostiene que no existe actualmente la necesidad de ampliar la infraestructura.
Cococcioni reconoció que, si la implementación concreta de la ley demuestra que aumenta significativamente la cantidad de medidas privativas de libertad, la provincia deberá evaluar un programa de obras específico para el área penal juvenil.
Pero, según el diagnóstico actual, no se prevé una saturación del sistema.
"Hoy, con los elementos que tenemos, no estamos en condiciones de decir que sea necesario hacer esa inversión", señaló el ministro, diferenciando esta situación de la del sistema penitenciario de adultos, donde la provincia lleva adelante un programa para sumar miles de nuevas plazas.
La nueva ley no supone solamente modificar la edad de ingreso al régimen penal. También obliga a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas a los nuevos principios, derechos y garantías establecidos para adolescentes de entre 14 y 18 años.
En Santa Fe, buena parte de esa estructura ya existe. El desafío será determinar cómo funciona en la práctica cuando comiencen a ingresar al sistema los primeros casos de adolescentes de 14 y 15 años.
La discusión estará entonces menos vinculada con la creación de una nueva estructura y más con la capacidad del sistema existente para responder adecuadamente a cada situación: medidas alternativas, monitoreo electrónico, dispositivos de puertas abiertas o, en los casos más graves, alojamiento en centros especializados de puertas cerradas.
La nueva edad de responsabilidad penal comenzará a regir en poco más de dos semanas. Santa Fe asegura que tiene las herramientas para afrontarla; ahora deberá demostrar cómo funcionan cuando el nuevo régimen entre efectivamente en contacto con la realidad cotidiana del delito juvenil.
