Cada vez más familias santafesinas recurren al crédito no para hacer una compra importante o concretar un proyecto, sino para llegar a fin de mes. Frente a esta realidad, la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos) presentó un proyecto de Código de Protección de Consumidores y Usuarios que incorpora herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y, sobre todo, para ayudar a las familias a reorganizar sus deudas y construir una salida posible.
Comprar alimentos, pagar los servicios o afrontar gastos cotidianos se volvió, para muchas personas, una razón para endeudarse. Según el Monitor de Consumo del Centro de Estudios DEMOS, cuatro de cada diez santafesinos mantienen préstamos personales o saldos financiados en sus tarjetas de crédito, niveles superiores a los promedios históricos de la provincia.
"El sobreendeudamiento es un espiral de supervivencia que termina consumiéndose todo. Muchas personas no se endeudan para progresar ni para concretar un proyecto, sino porque los ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas", sostuvo la legisladora. Para la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos), el fenómeno dejó de ser únicamente un problema financiero y se convirtió en “una expresión de la crisis económica que atraviesan muchas familias”.
En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, una parte cada vez mayor de los ingresos se destina a alimentos, servicios, alquileres, transporte y otros gastos indispensables, reduciendo el margen para afrontar las obligaciones asumidas. “El cambio más preocupante que vemos es que cada vez son más las que se endeudan para sobrevivir. El crédito dejó de ser una herramienta destinada a construir patrimonio o ampliar posibilidades y empezó a utilizarse para cubrir la distancia entre los ingresos y los gastos indispensables”, señaló Mahmud.
Por eso, uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, integrado por profesionales que podrán reunir todas las obligaciones de una persona o familia, convocar a los acreedores y colaborar en la construcción de un plan de pagos sostenible.
"Hoy una persona puede deberle al banco, a la tarjeta, a una empresa de servicios, a una prepaga y a distintos comercios al mismo tiempo. Tiene que negociar por separado con cada uno y eso, muchas veces, solo genera más intereses y nuevas refinanciaciones. Queremos que exista un procedimiento que permita analizar todas las deudas en conjunto y construir una salida que realmente pueda cumplirse", explicó la legisladora.
Además del procedimiento para reorganizar las deudas, el proyecto incorpora medidas para prevenir nuevos casos de sobreendeudamiento. En ese sentido, Mahmud destacó la importancia de la educación financiera para comprender los contratos, conocer el costo total de un préstamo o evaluar las consecuencias de financiar permanentemente una tarjeta. Y a la vez, cuestionó que toda la responsabilidad sea colocada sobre quienes solicitan el crédito: “Hoy se puede obtener un préstamo en pocos minutos y desde un teléfono.
Muchas veces la información no es clara, la publicidad no muestra el costo real y nadie explica adecuadamente qué sucede si después no se puede pagar. Necesitamos educación y prevención, pero también controles, reglas claras y un Estado que no deje solas a las familias”, expresó.
A su vez, Mahmud aclaró que “no se trata de impedir que una persona acceda al crédito. Se trata de que las empresas no puedan ofrecer préstamos sin analizar si quien los recibe podrá devolverlos sin dejar de comprar alimentos, pagar los servicios o atender las necesidades de sus hijos”. En ese registro, el proyecto plantea que las empresas informen de manera clara cuánto dinero recibe la persona, cuánto deberá devolver finalmente, cuáles serán los intereses, las comisiones, el número de cuotas y las consecuencias de una eventual mora. Asimismo, también establece que, antes de otorgar un préstamo, la entidad deberá evaluar la capacidad real de pago del solicitante y evitar la concesión de créditos excesivos o imposibles de sostener.
