El gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) anunció que presentará en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental.
“La propuesta legislativa busca mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizar la ley en base a la realidad asistencial del país”, señalaron desde el Gobierno nacional.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, confirmaron a Chequeado que el proyecto ingresará al Congreso “a más tardar fines de semana que viene”.
El proyecto original de la de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” proponía modificar 8 artículos de la Ley Nacional de Salud Mental. Estas modificaciones quedaron fuera de la versión final que se aprobó en el Congreso.
Según comunicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación a Chequeado, uno de los principales problemas actuales es la aplicación desigual de la Ley Nacional de Salud Mental en el país. Sólo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente y, de las 23 provincias, únicamente 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.
Otro de los cambios propuestos apunta al lenguaje utilizado por la ley vigente. Desde el Ministerio indicaron que el término “padecimiento mental” resulta demasiado amplio para la práctica clínica y puede generar dudas diagnósticas o demoras en la intervención. La idea original de este término fue evitar la medicalización excesiva y reducir el estigma.
Por eso, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades, incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento”, que son categorías diagnósticas específicas (por ejemplo: depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar) para lograr mayor precisión diagnóstica.
El proyecto también introduce un nuevo enfoque sobre el riesgo. Se reemplaza el criterio actual que expresa que solamente se puede internar involuntariamente a un paciente que representa riesgo cierto inminente para sí o para terceros.
La Ley actual incorpora el contexto y los antecedentes del paciente, con el objetivo de permitir intervenciones más oportunas y preventivas.
En relación con las internaciones, se mantiene el principio de que deben ser un recurso excepcional, pero se las considera necesarias para proteger la salud y la vida. Por lo tanto, el proyecto busca agilizar las internaciones en situaciones de urgencia. En situaciones de urgencia, el médico psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas.
Respecto del modelo de atención, el proyecto cuestiona la viabilidad de cerrar todos los hospitales psiquiátricos y trasladar la atención exclusivamente a hospitales generales, como impulsa la normativa vigente. Según explican desde el Ministerio, existen limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad.
En lugar de cerrar estas instituciones, la iniciativa propone fortalecer una red de atención en salud mental organizada por niveles de complejidad.
La Ley Nacional de Salud Mental fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y establece, entre otras cuestiones la sustitución de las instituciones psiquiátricas monovalentes -de una sola especialidad (psiquiatría) y que funcionan como instituciones de encierro- por un sistema de atención en salud mental de base comunitaria que respete los derechos humanos.
Según pusieron en evidencia distintas organizaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la implementación de la norma cuenta con varios incumplimientos, como la continuación de la existencia de los manicomios a pesar de que en 2020 se cumplió la fecha límite dispuesta para sus cierres.
Además, denuncian que no se cumple con la pauta presupuestaria del 10% establecida en el artículo 32 de la Ley 26.657, que obliga a destinar ese porcentaje del gasto total en salud a salud mental. Según un análisis de ACIJ, la inversión prevista para 2026 representaría apenas el 1,42% del presupuesto total de la función salud. En los últimos 10 años, este porcentaje nunca superó el 2,66%.
Del mismo modo, Leonardo Gorbacz, psicólogo y autor de la Ley de Salud Mental dijo que no hay que modificar el texto de la ley, sino su cumplimiento .“Lo que tenemos hoy es una grave crisis por un aumento en los problemas de salud mental. Pero para asistir a esos casos hacen falta más profesionales, más hospitales con centros de salud mental”
Por otro lado, el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Corral, respaldó la decisión del Gobierno nacional y aseguró que se trata de un cambio “necesario”.
Marina Charpentier, madre del cantante de Tan Biónica, Chano, trabajadora social y militante en el campo de la salud mental, señaló la necesidad de cambios: “Creo que la ley necesita ser modificada. Es una ley, en mi opinión, idílica. Puede sonar interesante en los papeles, pero todo lo que dice la ley no existe en la realidad”.
Los problemas de salud mental tienen una alta prevalencia en la Argentina. Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indica que 6 de cada 10 argentinos tienen dificultades para dormir y que el 52% de las personas encuestadas afirma estar atravesando una crisis vital. Además, sólo el 29% está actualmente en tratamiento psicológico, mientras que entre quienes no reciben atención la mitad considera que la necesita, siendo la principal barrera el costo económico.
