Tal como había pedido el presidente Javier Milei, el Senado convirtió en ley este viernes el proyecto de Modernización Laboral con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concitó el rechazo cerrado del peronismo. Desde el oficialismo celebraron una nueva victoria legislativa en el período de sesiones extraordinarias.
Con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, el Gobierno cerró un exitoso raid legislativo. Es la séptima iniciativa que el oficialismo consigue aprobar luego de las elecciones de octubre y con la nueva conformación de las cámaras.
El Gobierno logró aprobar la reforma luego de más de 11 horas de debate, en una sesión que comenzó con otro triunfo, la sanción de la ley Penal Juvenil. Javier Milei podrá lucir ambas conquistas, tal como quería, este domingo, cuando hable ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario.
La Casa Rosada tuvo el camino allanado a partir de haber aceptado la semana pasada quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto: la creación del Fondo de Asistencia Laboral.
Con los consensos enhebrados con la oposición aliada del PRO, la UCR y los bloques de los gobernadores cercanos, el oficialismo ya logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado en primera instancia y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44. Este viernes el cuerpo solo rarificó aceptar el cambio propuesto en la Cámara baja.
Ahora el Senado convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.
El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, con artículos controversiales como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.
“Una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”, dijo el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, durante su discurso de cierre.
“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, volvió a cargar con el peso de defender la reforma: “Esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, sostuvo.
La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.
Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.
Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.
La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.
Los despidos serán más económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.
Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.
En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.
