Ante el inminente paro general nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en abierto rechazo a la reforma laboral, el Gobierno nacional ratificó su férrea política de "día no trabajado, día no pagado" y apuntó sus cañones directamente contra los empleados de la administración pública nacional.
Luego de que los principales gremios estatales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), confirmaran su adhesión total a la medida de fuerza, la Casa Rosada emitió una dura advertencia.
A través de sus canales oficiales, el Ejecutivo notificó que se procederá a descontar la jornada laboral completa y el porcentaje correspondiente al ítem de presentismo a todos los empleados públicos que se ausenten de sus puestos de trabajo.
"Se procederá a realizar los descuentos correspondientes a todos aquellos empleados que adhieran a la huelga y no cumplan con sus obligaciones laborales", confirmaron fuentes gubernamentales. Esta postura tiene un doble objetivo claro: mantener la austeridad fiscal (no financiando jornadas de protesta con recursos del Estado) y disuadir la participación de los trabajadores para minimizar el impacto del cese de actividades.
Desde el arco sindical, la respuesta no se hizo esperar. Los dirigentes gremiales calificaron la decisión oficial como una "práctica antisindical" y un intento de extorsión que vulnera el derecho constitucional a huelga garantizado en el artículo 14 bis.
Rodolfo Aguiar, titular de ATE, fue uno de los más vehementes al señalar que las amenazas de descuentos salariales no lograrán frenar el descontento generalizado de los estatales, quienes denuncian una profunda pérdida del poder adquisitivo.__IP__
Pese a las advertencias económicas que pesarán sobre los recibos de sueldo a fin de mes, se prevé que el acatamiento en el sector público sea altísimo. Esto provocará severas complicaciones en áreas neurálgicas para la ciudadanía:
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