El gobierno nacional presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé gastos por $ 202,1 billones (un 9,4% más en términos reales que lo previsto para 2026) y superávit primario y financiero.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por los diputados y senadores nacionales, también incluye modificaciones en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y en las prestaciones que reciben las personas con discapacidad.
Este último punto despertó una fuerte polémica en la Cámara de Diputados, en medio del debate sobre la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
“El artículo 39 del Presupuesto pretende desregular el nomenclador, que se creó para garantizar la universalidad y un mismo derecho en todo el país. Si sacan los valores universales y cada jurisdicción fija un arancel, están federalizando la desigualdad. Esto viola el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, sostuvo Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad.
El artículo 17 del proyecto oficial deroga varios puntos de la Ley N° 27.160, que ata los aumentos de las asignaciones familiares (incluida la AUH) a la inflación, al igual que ocurre con el régimen de movilidad jubilatoria.
El artículo no propone un método de actualización que reemplace al actual ni un plazo para los aumentos, por lo que la decisión quedaría en manos del Gobierno.
La AUH es una suma mensual que abona ANSES por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. No hay límite de edad para cobrarlo si el hijo tiene discapacidad.
En enero de 2024, la actual gestión duplicó el valor de la AUH, y a partir de abril de ese año fijó su actualización mensual en base a la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que aumentan según el último dato de inflación disponible.
Con los aumentos proyectados para octubre, la AUH aumentó un 0,6% real (es decir, considerando la inflación) en el último año, y un 103% desde noviembre de 2023 (último mes de la gestión del Frente de Todos).
En 2026 el Gobierno también había intentado desenganchar el monto de la AUH de la inflación, pero el Congreso quitó ese artículo del proyecto finalmente aprobado.
El proyecto oficial también incluye varias modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El cambio más importante es la eliminación del artículo 7 bis de la ley, que establece la actualización mensual de los pagos a prestadores según la evolución de la inflación.
El artículo también dispone que los aranceles por las prestaciones son iguales para todas las instituciones. De este modo, las obras sociales y prepagas están obligadas a pagar un costo uniforme, sin importar quién preste el servicio.
Con los cambios, cada prestador podrá determinar el costo del servicio, mientras que las obras sociales podrán fijar un valor máximo para la cobertura. En la práctica esto podría forzar a los beneficiarios a cambiar de institución si la obra social o prepaga no está dispuesta a abonar los nuevos valores.
Valentina Bassi, actriz y madre de un niño con discapacidad, señaló en declaraciones a Radio Con Vos que con el actual sistema, “en la escuela especial donde va mi hijo hay personas que tienen obras sociales muy chiquititas junto a personas que tienen prepagas carísimas. ¿Por qué? Porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Al desregular eso, ¿sabés lo que va a pasar? Vamos a tener que ir viendo tipo paritaria, arreglar qué les pagan a los terapeutas y qué terapeutas nos aceptan o no”.
Por otro lado, el proyecto también modifica el régimen de pensiones que surgió con la Emergencia en Discapacidad.
Actualmente, la legislación establece el otorgamiento de una pensión a toda persona sin recursos o con discapacidad. Además, dispone que este beneficio sea compatible con un trabajo formal.
Con los cambios, el Gobierno busca excluir el otorgamiento automático del beneficio a las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y vuelve incompatible la pensión con un empleo formal. También se elimina la exigencia de la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones.
Al respecto, el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) afirmó en X que el proyecto “vuelven al modelo de invalidez laboral: se elimina por ley el CUD como vía legal y directa de acceso a la pensión, y los requisitos de acceso ya no los define el Congreso; quedan totalmente librados a la discrecionalidad de la reglamentación del Ejecutivo”.
En el mismo sentido, su par Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI) sostuvo: “En pleno debate del plenario de comisiones emplazadas, y con fecha de dictamen ya fijada para tratar la Emergencia en Discapacidad, el Gobierno intenta colar en el Presupuesto 2027 la derogación de artículos centrales de la ley”.
