En una conferencia de prensa brindada en la ciudad de Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció que no menos de 20 funcionarios policiales fueron pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibala, tras las protestas registradas en distintos puntos de la provincia -con mayor grado en Rosario-, en las que según mencionó se "detectaron hechos de abandono del servicio, paralización de móviles y acciones" que, sostuvo, "afectaron el despliegue preventivo".
“Nosotros compartimos los reclamos y somos los primeros en destacar los problemas de nuestras fuerzas, con las herramientas a nuestro alcance, es un reclamo que juzgamos atendible”, afirmó Cococcioni.
Sin embargo, advirtió que “utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar la seguridad es cruzar una línea, y eso no lo vamos a consentir”, en un contexto de máxima tensión que, según relató el corresponsal de AIRE en Rosario, Rodrigo Miró, quedó expuesto cuando los propios funcionarios admitieron que pasaron la noche sin dormir y que la situación ameritó una reunión del ministro con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Cococcioni precisó que durante las protestas se detectaron “hechos de abandono del servicio, paralización de móviles y acciones” que impactaron de manera directa en el patrullaje. Según detalló, al menos veinte unidades quedaron inmovilizadas en el lugar de la protesta y algunos efectivos dejaron los patrulleros, incurriendo en abandono del servicio.
En ese marco, advirtió que se fueron conformando grupos con intereses sectoriales, algunos de ellos vinculados a sectores desplazados de la fuerza e incluso a graves hechos de corrupción, que promovieron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal y difundieron información falsa para desestabilizar el despliegue preventivo. “Anoche mismo, el jefe de Policía de la provincia comenzó a labrar las actuaciones administrativas”, indicó el ministro, al confirmar el pase a disponibilidad de los efectivos involucrados.
Además, el funcionario confirmó que el Ejecutivo trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para que se investiguen posibles delitos penales cometidos tanto por efectivos policiales como por grupos que, según señaló, “no se resignan a haber perdido posiciones de poder y privilegio”.
Las medidas se conocieron luego de una tensa jornada de manifestaciones que tuvo su epicentro en la ciudad de Rosario, donde policías y agentes del Servicio Penitenciario —activos, retirados y familiares— se concentraron desde la tarde, permanecieron durante la madrugada con sirenas y continuaban este martes por la mañana.
Entre los reclamos figuran mejoras salariales y de las condiciones laborales, el reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza, cambios en las políticas de traslado y otros puntos que serían incluidos en un petitorio que los manifestantes buscan entregar a las autoridades. En Rosario, se registraron algunos momentos de tensión entre quienes reclamaban y las fuerzas que custodiaban la Jefatura de Policía.
El ministro remarcó que el Gobierno reconoce los reclamos del personal policial y penitenciario y los considera atendibles. “Nosotros compartimos los reclamos y somos los primeros en destacar los problemas de nuestras fuerzas, con las herramientas a nuestro alcance, es un reclamo que juzgamos atendible”, afirmó.
No obstante, advirtió que existen sectores que, por intereses propios, impulsaron acciones violentas y antijurídicas, instigaron al personal y difundieron información falsa a través de redes y canales internos con el objetivo de desestabilizar el operativo de seguridad. “Utilizar a la institución y a sus funcionarios para minar la seguridad es cruzar una línea, y eso no lo vamos a consentir”, sostuvo.
Agentes activos y retirados de la Policía de Santa Fe, personal del Servicio Penitenciario y familiares se manifestaron ayer lunes por la tarde frente a la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe, para visibilizar una serie de reclamos vinculados principalmente a la situación salarial y a las condiciones laborales dentro de las fuerzas de seguridad.
La concentración se desarrolló en la plaza 25 de Mayo, donde los manifestantes se reunieron y anticiparon la presentación de un petitorio con distintos puntos.
Según señalaron, el documento incluye pedidos relacionados con mejoras salariales, condiciones de trabajo, seguimiento médico y psicológico, reconocimiento del servicio penitenciario como fuerza y políticas que contemplen los traslados y la realidad económica del personal.
“Hay gente que ha trabajado muchos años y ve cómo su sueldo se va deteriorando. No se trata de confrontar, sino de sentarnos a hablar claramente”, expresó uno de los manifestantes.
Entre los puntos mencionados, también se incluyeron pedidos vinculados al mantenimiento de las dependencias policiales y al equipamiento necesario para el desarrollo de las tareas diarias. Asimismo, se remarcó la importancia de que los incrementos salariales alcancen a todos los sectores de manera equitativa.
