El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe expresó su rechazo a la propuesta de convertir al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) en órganos extrapoder, es decir, separados del Poder Judicial, tal como se analiza actualmente en el marco del proceso de reforma constitucional en la provincia.
“Escindirse es pasar a depender de la política de turno”, advierte el comunicado difundido por el gremio el pasado martes. Desde la organización sindical manifestaron su preocupación por las consecuencias que esta reforma podría tener para el personal que integra los ministerios públicos: “La propuesta de extra poder pone en peligro la carrera judicial y el salario de fiscales, defensores, funcionarios y empleados”.
Según indican desde Judiciales Santa Fe, los ministerios públicos —tanto el MPA como el SPPDP— garantizan hoy “imparcialidad, autonomía y autarquía” al estar insertos dentro del Poder Judicial. En este sentido, consideran que su separación afectaría los principios fundamentales de independencia que deben regir la justicia.
La posición del sindicato surge como respuesta al pronunciamiento que realizaron días atrás la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, y la defensora general, Jaquelina Balangione, quienes se manifestaron públicamente a favor de otorgarle carácter extrapoder a estas instituciones, es decir, colocarlas fuera del Poder Judicial.
Ante esta situación, el gremio anunció que trasladará su postura a los Convencionales Constituyentes que integran la Asamblea encargada de discutir y redactar la reforma de la Constitución provincial.
“Este sindicato entiende que lo mejor para la Provincia es la continuidad de los ministerios dentro del poder judicial santafesino”, concluye el comunicado publicado en su sitio oficial.
La discusión sobre la ubicación institucional del MPA y el SPPDP forma parte del proceso de reforma constitucional que se lleva adelante en Santa Fe. La idea de convertir a estos organismos en poderes extrapoder busca, según algunos sectores, profundizar su autonomía respecto del Poder Judicial. Sin embargo, desde el sindicato judicial se teme que este cambio implique una mayor dependencia del poder político de turno y ponga en riesgo la estabilidad laboral y la carrera de quienes se desempeñan en esos ámbitos.
