El hombre de 63 años tendrá el beneficio de prisión domiciliaria. Lo resolvió el Juez Nicolás Stegmayer en una audiencia de Medida Cautelar, tras considerar que existen pruebas que respaldan la actividad ilícita.
Judiciales21 de febrero de 2025 Rafaela Noticias
Este miércoles se llevó a cabo una audiencia de Medida Cautelar en los Tribunales de Rafaela, donde se resolvió la situación procesal de Benito L. y Andy David L. (padre e hijo), acusados de la comercialización de estupefacientes en Ataliva. La audiencia fue presidida por el juez Dr. Nicolás Stegmayer, con la participación del fiscal Dr. Juan Manuel Puig y los defensores Dres. José María Silvela y Andrés Alberto Colón.
La vivienda de los acusados, ubicada en calle Belgrano al 300, fue allanada el sábado pasado, donde efectivos policiales secuestraron 55 envoltorios de cocaína con un peso total de 66,1 gramos, seis envoltorios de marihuana y un trozo compacto de la misma sustancia que pesaba 462 gramos. Además, incautaron $277.510 en efectivo, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una planta de marihuana de aproximadamente 80 centímetros de altura.
Según el fiscal Puig, las evidencias muestran que en el lugar no solo se vendía droga, sino que también los imputados realizaban delivery en la región. Además, destacó que si se los hallara culpables en un futuro juicio, podrían recibir una pena de 4 años de prisión efectiva, lo que conlleva un riesgo de fuga si se los dejara en libertad. Añadió que esa situación podría poner en peligro a los testigos que declararon en la causa.
Por otro lado, la Defensa sostuvo que no existen pruebas contundentes contra los imputados y que la situación debe ser evaluada dentro del marco de una problemática de consumo personal y no de microtráfico, argumentando que "no se puede criminalizar una enfermedad". También destacó que el dinero encontrado no estaba junto a material ilícito y no había indicios de que los imputados estuvieran comercializando drogas en el momento de la detención. La Defensa también intentó probar que ambos imputados tienen vínculos familiares que dificultarían su fuga, además de señalar que no están en una situación económica que les permita hacerlo. Por ello, solicitaron la libertad de los imputados o, en su defecto, la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, como fijar domicilio, prohibición de portar armas y someterse a tratamiento por adicciones.
El fiscal Juan Manuel Puig refutó estos argumentos, presentando como evidencia de la comercialización de drogas, capturas de pantalla de conversaciones en las que se hace referencia a esta actividad. Según Puig, se encontraron cuatro paquetes de droga en una billetera lista para ser transportada y balanzas de precisión en la vivienda de los imputados. Además, destacó el testimonio de una testigo clave, quien brindó una declaración "veraz y contundente" sobre los hechos. Puig también cuestionó la declaración de la Defensa sobre la vulnerabilidad de los imputados, señalando que "no hay indicios de un consumo problemático, sino evidencias que respaldan la hipótesis del microtráfico".
Durante la audiencia, padre e hijo insistieron en su inocencia y afirmaron que no son narcotraficantes. "Somos laburantes, trabajamos toda la vida y necesitamos ayuda para salir de esto", expresó Andy David L. Por su parte, Benito L. agregó: "Quiero salir de esto porque sé que en cualquier momento voy a morir. Lo que usted nos diga, lo vamos a hacer, se lo juro por mis hijos".
Una vez escuchadas las partes, el juez Nicolás Stegmayer evaluó los elementos presentados y resolvió que existen indicios suficientes para mantener la medida cautelar de prisión preventiva, aunque le pidió al fiscal avanzar en la investigación. En su argumentación, el juez consideró que "el hallazgo de droga es contundente" y que la evidencia presentada, que incluye capturas de pantalla y testimonios, respalda la continuidad del proceso.
No obstante, el magistrado también reconoció que "no hay peligros concretos de fuga", pero sí riesgos procesales relacionados con la posibilidad de entorpecer la investigación, debido a las conductas violentas de los acusados, lo que podría generar temor en los denunciantes. Por tal motivo, el juez dictó prisión preventiva sin plazos para ambos imputados, pero otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a Benito L., de 63 años, debido a su edad cercana a los 70 años.
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