Allanamientos por estafas telefónicas cometidas en Rafaela, Pilar y Sunchales

Durante la madrugada de este miércoles 24 se realizaron 9 allanamientos en las cárceles de Villa María y de Cruz del Eje (provincia de Córdoba) y en domicilios particulares situados en las ciudades de Frontera y Morteros, en el marco de varias investigaciones vinculadas a estafas telefónicas, cometidas en perjuicio de víctimas residentes en las ciudades de Rafaela y Sunchales (departamento Castellanos) y en las localidades de Nuevo Torino y Pilar (departamento Las Colonias). 

Los procedimientos fueron dispuestos por el fiscal Martín Castellano, a cargo de la Sección Criminalidad Económica y Compleja (SECEC) de la Unidad Fiscal Rafaela. El funcionario del MPA informó que “las investigaciones se relacionan con las modalidades de estafas telefónicas, donde a las víctimas se les indicaba -mediante llamados telefónicos engañosos realizados desde unidades penitenciarias de la Provincia de Córdoba- que habían sido adjudicatarias de distintos premios o dinero en efectivo”. En tal sentido, el fiscal precisó que “para lograr el desprendimiento patrimonial, y recurriendo a diversas instrucciones engañosas, se solicitaba a las víctimas que se acerquen a cajeros automáticos para acceder a los premios y, luego de determinadas operaciones automáticas, transferían dinero a cuentas bancarias o bien, en otros casos, ese dinero se enviaba mediante el servicio de transferencia de fondos de empresas privadas”.    

Castellano indicó que “se produjo la detención de 6 personas y el secuestro de diversos elementos de interés para las causas, como teléfonos celulares, automóviles, motocicletas, dinero en efectivo, documentación bancaria, entre otros”. En tanto, agregó que "las personas detenidas serán imputadas en los próximos días".

Por otra parte, explicó que “los allanamientos se solicitaron por un grupo de investigaciones relacionadas entre sí, en las cuales existen varias víctimas por hechos de estafas telefónicas cometidas en el año 2019. Las víctimas son personas residentes en Rafaela, Sunchales, Nuevo Torino y Pilar, que han sufrido perjuicios económicos de alrededor de $250.000”.

Por último, el fiscal destacó la colaboración en el caso del Departamento Compleja 5 de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Rafaela.