En la nota -que busca hacer efectivo uno de los derechos a la salud sexual y reproductiva- se destaca que “los tratados internacionales de Derechos Humanos, los organismos internacionales y nuestra propia legislación sobre género habilita de manera urgente un tratamiento que los fundamentalismos han venido obstaculizando en democracia”.
Al mismo tiempo se recuerda que en 2010 y 20014 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advirtió que en Argentina la principal violación a los derechos humanos de las mujeres hoy es la penalización del aborto, por la magnitud de las muertes que esto genera. Y subraya que el Ministerio de Salud de la Nación ha sostenido que “la penalización del aborto que rige en numerosos países, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres”.
La nota, firmada por la Subsecretaria de Políticas de Género Gabriela Sosa, a su vez cita las observaciones de los expertos del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) en torno a las obligaciones de los Estados respecto de la salud sexual y reproductiva, incluyendo: Remover las leyes y políticas que obstruyen el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva. #AvanzarEnDerechos
