El Decreto 253/2026 del Gobierno nacional abre una nueva etapa en la gestión de la infraestructura vial en Argentina.
A través de esta normativa, provincias como Santa Fe pasan a tener un rol protagónico en la administración de rutas nacionales, en un esquema que combina descentralización operativa con control federal.
La inclusión de Santa Fe dentro del grupo inicial de jurisdicciones que asumirán funciones delegadas marca un cambio significativo en la política de infraestructura. Junto a otras ocho provincias —entre ellas Córdoba, Mendoza y Corrientes—, el distrito fue habilitado para avanzar en la concesión de tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio.
Este nuevo rol no implica una transferencia de propiedad, sino una delegación de funciones específicas. En términos concretos, la provincia podrá licitar, adjudicar y controlar concesiones de obra pública bajo el sistema de peaje, con el objetivo de mejorar el mantenimiento, la ampliación y la seguridad de las rutas.
El esquema responde a una lógica de descentralización que busca agilizar la gestión. La premisa es que los gobiernos locales, más cercanos a las necesidades del territorio, puedan responder con mayor eficiencia a los problemas de infraestructura.
Sin embargo, la norma es clara en un punto central: el Estado nacional conserva la titularidad de las rutas y la jurisdicción sobre ellas. Es decir, Santa Fe actuará como gestora, pero no como propietaria.
El decreto establece que las provincias tendrán amplias facultades operativas, aunque bajo condiciones precisas. En el caso de Santa Fe, podrá definir los pliegos licitatorios, convocar a empresas, adjudicar contratos y supervisar su ejecución.
Además, el plazo de estas concesiones podrá extenderse hasta un máximo de 30 años, lo que abre la puerta a proyectos de largo plazo con participación del sector privado.
Pero esta delegación tiene un carácter claramente definido: es funcional, limitado, temporal y revocable.
Esto significa, en primer lugar, que la provincia solo podrá intervenir en aspectos operativos como mantenimiento, reparación o ampliación. No hay transferencia de dominio ni de jurisdicción federal, lo que garantiza que las rutas sigan siendo parte del patrimonio nacional.
En segundo lugar, el esquema es temporal. Cada convenio tendrá una duración determinada —con un tope de tres décadas— y estará sujeto a condiciones estrictas. Si el contrato de concesión se extingue, la delegación también finaliza automáticamente.
En tercer lugar, el carácter revocable implica que el Estado nacional puede retomar el control en cualquier momento si lo considera necesario por razones de interés público.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la imposición de plazos concretos para evitar demoras en la ejecución.
Una vez que se firme el convenio entre la provincia y la Dirección Nacional de Vialidad, Santa Fe tendrá un máximo de un año para convocar a la licitación. Si no lo hace, perderá automáticamente la facultad sobre ese tramo.
A su vez, una vez adjudicado el contrato, deberá firmarlo y otorgar la posesión en un plazo de 90 días hábiles.
Este esquema busca evitar la parálisis de obras, un problema recurrente en la infraestructura vial del país.
El control, en tanto, seguirá en manos de la Dirección Nacional de Vialidad, que actuará como organismo técnico de supervisión. Será la encargada de evaluar la viabilidad de los proyectos, auditar su ejecución y garantizar que no se afecte la integridad del sistema vial nacional.
Otro aspecto clave del decreto es la restricción en el uso de los fondos. El dinero recaudado por peajes en un tramo específico deberá destinarse exclusivamente a ese mismo tramo.
Esto implica que no se podrán utilizar esos recursos para financiar otras obras, incluso si están relacionadas o ubicadas en la misma región. La medida apunta a reforzar la transparencia y asegurar que los usuarios vean reflejado el pago en mejoras concretas.
En la misma línea, las provincias deberán garantizar la razonabilidad de las tarifas y el equilibrio económico-financiero de los contratos. Esto significa que los peajes deberán ser justos, proporcionales al servicio prestado y sostenibles en el tiempo.
El nuevo esquema también redefine las responsabilidades legales. Santa Fe deberá asumir la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la ejecución de los contratos.
Esto incluye eventuales reclamos de usuarios, empresas o terceros. Además, la provincia deberá garantizar la indemnidad del Estado nacional, es decir, protegerlo de cualquier litigio o perjuicio económico vinculado a la gestión delegada.
En la práctica, esto implica que, aunque las rutas sigan siendo nacionales, la gestión —y sus consecuencias— recaerán plenamente sobre la administración provincial.
