El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comenzó en los últimos meses a desandar una cuesta empinada que tiene como cima la reconciliación con el personal estatal, un vínculo que fue amoroso en 2023, pero que se lastimó en los dos años y dos meses de gestión de Unidos.
El universo estatal engloba a unas 250 mil personas en la provincia, entre personal activo y pasivo. Contra lo que indica el prejuicio sobre el empleo público, el 80% trabaja en escuelas, cárceles, hospitales y dispensarios barriales o maneja patrulleros. Esa es la razón de que, estructuralmente, los presupuestos más importantes son los de Educación, Seguridad y Salud, en ese orden.
Si bien es un universo heterogéneo, no es ningún secreto que la gran mayoría se volcó en 2023 hacia Unidos en general, pero especialmente hacia Pullaro. Claro que aquel fue un matrimonio por conveniencia: estaba la expectativa de mejoras en el bolsillo.
Por eso mismo, esa ligazón se empezó a deteriorar velozmente cuando el gobernador mandó al personal estatal a cobrar la cláusula gatillo heredada a las oficinas del exgobernador Omar Perotti. Después vinieron paritarias estrechas e irritaciones sectoriales, como la implementación del presentismo a la docencia. La reforma previsional terminó de detonar la relación.
Ese lazo roto quedó en evidencia en 2025 en los dos turnos electorales. En los comicios de convencionales constituyentes, marcados por un ausentismo feroz, Pullaro en persona no llegó al medio millón de votos, es decir menos de la mitad de lo obtenido en 2023. Le alcanzó y sobró para ganar, ante una oposición hiperfragmentada, pero sonó la primera alarma.
En octubre, todas luces se pusieron amarillas. Es cierto que la caída de Provincias Unidas fue global, al calor de la poderosa estrategia de polarización de La Libertad Avanza. No es menor verdadero, de todos modos, que el tropezón de Gisela Scaglia fue el más importante en los territorios gobernados por ese flamante espacio político.
En esas elecciones quedó claro dónde fueron a parar los votos enojados con el gobierno provincial, entre el que se encuentra de manera muy nítida el empleo público: a los candidatos de Javier Milei. Entre LLA y PU sacaron cerquita de un millón de sufragios, la cifra histórica que conquistó Pullaro en 2023. ¿Estatales que apoyan al topo que destruye al Estado por dentro? La política y la sociedad, está claro, no son lineales.
Esos resultados permiten también derribar un mito de la docencia kirchnerista, progresista o de izquierda. Ese perfil se explica por una minoría intensa, normalmente involucrada en la actividad sindical, pero que no configura una identidad mayoritaria.
Sobre ese magma, el motín policial fue una erupción volcánica, más allá de las particularidades de esa crisis. El gobierno de Unidos abrió la mano y el conflicto se resolvió, al menos por el momento. Apeló para ello a una mecánica de ingresos que, como se observó en las negociaciones paritarias de los últimos días, es ya una estrategia de gestión: los suplementos.
La política del plus salarial es ciertamente controversial por distintas razones: es focalizada, no se traslada a los jubilados, no entra en el aguinaldo y no aporta al Iapos y a la Caja de Jubilaciones, pero es un instrumento flexible a mano, en un contexto de sistemático derrumbe de la coparticipación por la caída de la actividad económica real.
Como ya señaló Letra P, el ejercicio fiscal santafesino terminó 2025 en un empate con lo justo. Los 800 millones de dólares de bonos colocados en Wall Street permiten canalizar recursos previstos para obra pública en dirección de los ingresos del personal provincial, pero sigue estando todo muy finito.
En este contexto, el gobierno de Pullaro logró un acuerdo paritario con UPCN y ATE, a la vez que la oferta oficial fue rechazada por Amsafe, en línea con la dinámica habitual durante la gestión de Unidos. En cualquier caso, se observa una apuesta gubernamental por levantar el piso de los ingresos, donde se para la mayor parte de los trabajadores. Lo antedicho no equivale, por supuesto, a afirmar que ahora sí hay buen humor en toda la base.
Sí fue celebrado el anuncio del gobernador de terminar con el aporte solidario impuesto en la reforma previsional de 2024 y acelerar el traslado al sector pasivo de los aumentos salariales. Lo hizo el domingo pasado, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura.
Al respecto, en el oficialismo sostienen que fue decisión propia al conseguir el objetivo de reducir el déficit de la Caja. En la oposición, por el contrario, opinan que la medida de fue producto de inminentes fallos judiciales en contra.
A nadie escapa que las elecciones de cargos ejecutivos dentro de dos años, en la que muy probablemente Pullaro se juegue su reelección, tienen pinta de escenario de tercios. Si ese es el caso, los principales competidores se ubicarán en un promedio de 500 mil votos. En consecuencia, los 250 mil sufragios estatales pueden ser decisivos.
En la dirigencia de la coalición oficialista observan este proceso con cierta preocupación y presionan por cambios en el vínculo con el empleo público. Hay quienes, como el senador provincial Esteban Botta, lo llegaron a plantear en declaraciones a la prensa.
El pedido obedece a razones materiales, pero también a la lengua karateca de algunos funcionarios. No parece casualidad que el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, haya bajado el altísimo perfil que tuvo en estos dos años y dos meses.
En la convulsionada pecera de los estatales, lógicamente, intentan tirar la caña el mileísmo, el PJ y Amalia Granata. En dos años se verá quién se llevó el premio al mejor pescador.
