Así fue resuelto por el camarista Cristian Fiz, quien avaló la postura del MPA. El hombre investigado se lo identifica como Gaspar Santiago P. y tiene 32 años. La investigación está a cargo del fiscal Martín Castellano, solicitando 13 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Judiciales01 de octubre de 2025 El Eco de Sunchales
Un hombre de 32 años, Gaspar Santiago P., continuará en prisión preventiva en el marco de un legajo en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales.
La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado.
El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, quien también representó al MPA en las audiencias de primera y de segunda instancia ya realizadas.
Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.
El Fiscal Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.
El representante del MPA manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.
El fiscal finalizó diciendo que “por todas estas razones, Fiz consideró que las medidas alternativas sugeridas por la Defensa no eran suficientes para neutralizar el peligro expuesto y avaló nuestra postura”.
Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.
El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”. En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.
El representante del MPA subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.
La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
La obra de infraestructura para brindar el servicio eléctrico construida por la Cooperativa de Tacural tiene un avance del 90% y solo resta la aprobación de la EPE para avanzar. El proyecto fue presentado a mediados de febrero de este año pero aún no tuvieron una devolución de la empresa provincial y se desconocen los motivos. La semana pasada, los adjudicatarios, reclamaron por la habilitación del desarrollo urbanístico que ya cumple seis años de su puesta en marcha.
Entre los objetivos de los cambios que la gestión Milei busca para el mundo del trabajo están “reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”, según el documento preliminar. Acá, los 182 artículos de la propuesta.
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El caso de una paciente que tuvo que ser trasplantada por un exceso de suplementos herbales tras seguir recomendaciones de un influencer. En medio de un mercado que crece habilitado por la desconfianza a la ciencia, especialistas advierten por el incremento de daños vinculados a productos dietéticos y “naturales”.
Es una estrategia legislativa que no solo busca simplificar el marco normativo, sino que apunta directamente a eliminar regímenes especiales que, según los impulsores de la ley, introducen rigideces o particularidades que obstaculizan la productividad y la empleabilidad.
