Están acusados de concretar maniobras para encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de 143 millones de pesos. Las sumas oscilan entre los 200 millones y los 700 millones pesos.
Judiciales23 de noviembre de 2025 La Capital de Rosario
El juez federal de Reconquista, Ricardo Mianovich, dictó el procesamiento de Carlos Vaudagna, exdirector regional de las sedes Santa Fe y Rosario de la ex Administración Federal de Ingresos Público (Afip, actual Arca), y del expresidente y exsíndico de la agroexportadora Vicentin, Omar Scarel, quienes están acusados de concretar maniobras para encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de 143 millones de pesos. Como medida cautelar, el juez también dispuso el embargo de bienes por 700 millones de pesos para Vaudagna y por 200 millones de pesos para Scarel.
En mayo de 2025, los fiscales Juan Argibay, Roberto Salum y Esteban Venditti pidieron ampliar la indagatoria a Vaudagna por el delito de lavado de activos. Según la imputación, habría ingresado al sistema económico legal dinero de origen ilícito a través de diferentes operaciones y de la utilización de empresas creadas o adquiridas para tal fin entre 2015 y 2024. Con lo cual no solo buscaba encubrir un delito fiscal, sino “blanquear” patrimonio obtenido de forma ilegal.
Tanto Vaudagna como Scarel quedaron procesados como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por el delito precedente. En el caso de Vaudagna, ese delito también está agravado por su condición de funcionario público. Además, quedó en concurso real con el de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en carácter de autor.
En el contexto de la investigación por las maniobras asignadas a Vaudagna y Scarel, el cuerpo de fiscales logró establecer que tenían como objetivo beneficiar a Vicentin y a sus directivos para eludir la investigación del delito precedente de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por una suma superior a los 143 millones de pesos entre 2016 y 2019.
Vaudagna y Scarel fueron indagados el 19 de agosto pasado. En esa oportunidad, el exdirectivo de Arca se remitió a lo declarado ante fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista y de las procuradurías de Lavado de Activos (Procelac) y de Investigaciones Administrativas (PIA), así como la de Narcocriminalidad (Procunar), en causas tramitadas en esas jurisdicciones.
En una de esas causas, figura como imputado por extorsionar a empresarios rosarinos junto al financista Fernando Whpei y al exjuez Marcelo Bailaque, también acusado y en prisión preventiva domiciliaria.
Las conductas atribuidas a Vaudagna y Scarel apuntaban a encubrir la responsabilidad penal de la empresa Vicentin y sus directivos por el delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, hechos investigados en la causa “Vicentin SAIC /Infracción Ley 24.769”, iniciada a partir de la denuncia de la exAfip el 26 de agosto de 2020.
El organismo recaudador determinó que Vicentin percibió indebidamente reintegros de IVA por exportaciones durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, que no habían ingresado al fisco, ocasionando un perjuicio millonario al Estado nacional.
La maniobra se consumó mediante la declaración de créditos fiscales ficticios respaldados con facturas emitidas por proveedores y corredores apócrifos, que adquirieron granos en el mercado marginal y no cumplieron con el pago regular del IVA por esas operaciones. En esa causa, en mayo de 2024 se procesó a 14 de directivos de Vicentin como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes. Se consideró probado que 57 proveedores y corredores vinculados a la empresa eran apócrifos, por lo que los créditos fiscales reclamados y percibidos eran ficticios.
El expediente en el cual ahora fueron procesados, a Vaudagna le endilgan haber ayudado, junto con Scarel, a Vicentin y a sus directivos a eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA, valiéndose de sus conocimientos y poder como director regional de la exAfip en Santa Fe y Rosario.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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Entre los objetivos de los cambios que la gestión Milei busca para el mundo del trabajo están “reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”, según el documento preliminar. Acá, los 182 artículos de la propuesta.
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