Al hombre identificado con las iniciales N.G. se le dictó prisión preventiva. En atención a la edad del imputado y su estado físico, la medida se cumplirá bajo modalidad domiciliaria, en un inmueble ubicado en la ciudad de Rafaela.
Judiciales09 de agosto de 2025 Rafaela Noticias
El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, ordenó este martes la prisión preventiva domiciliaria de un hombre identificado como N.G. (80) imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de una menor de edad.
La resolución se dio tras una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, donde la fiscal Gabriela Lema y el querellante Juan Bautista Degiovanni sostuvieron la existencia de elementos suficientes para acreditar, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, la presunta comisión de los hechos.
De acuerdo con lo expuesto por la acusación, los abusos ocurrieron en la ciudad de Sunchales, entre los años 2022 y 2024, en el domicilio del imputado, familiar de la víctima, quien por entonces tenía 7 años. Los episodios se habrían repetido en un número indeterminado de ocasiones, en contextos en los que la niña quedaba sola bajo el cuidado del acusado.
El caso salió a la luz tras una pijamada entre amigas, en la que la víctima relató lo ocurrido. A partir de ese momento, la intervención de su entorno derivó en la denuncia formal ante las autoridades judiciales.
Durante la audiencia, la defensora pública Amalia Cassina objetó la calificación legal y cuestionó aspectos vinculados a la toma de testimonios en Cámara Gesell, tanto de la víctima como de otras menores. Asimismo, solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, argumentando la falta de riesgos procesales y el estado de salud del acusado.
No obstante, el juez Stegmayer resolvió hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación y la querella, y dispuso la prisión preventiva mientras se sustancia la causa. En atención a la edad del imputado y su estado físico, la medida se cumplirá bajo modalidad domiciliaria, en un inmueble ubicado en la ciudad de Rafaela.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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Se trata de Laura Tarabella, actual decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, quien este miércoles por la mañana se presentó como candidata y todo indica que se trata de una lista única junto a Liliana Dillon.
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