Mediante la resolución 764 publicada este lunes 9, el Gobierno disolvió el fondo fiduciario que fue creado en 2012 para facilitarle el acceso a la vivienda a muchas familias. Qué banco se hará cargo de esos préstamos.
País09 de junio de 2025 Infobae
El Gobierno nacional avanzó con la disolución definitiva del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el histórico programa de acceso a la vivienda creado en 2012, que facilitó a miles de familias la posibilidad de acceder a la casa propia mediante líneas de créditos hipotecarios y desarrollos urbanísticos en todo el país. La medida, oficializada a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, genera inquietud y dudas entre los titulares de créditos y las familias que aún esperan la finalización o adjudicación de sus viviendas.
Mediante la publicación de la resolución, el Ministerio de Economía dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar, a la vez que estableció los pasos para la administración de los préstamos vigentes, que quedarán en manos del Banco Hipotecario S.A. El Gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”, además de considerar que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional.
En los considerandos de la medida, se refieren a informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectaron “demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos”. La auditoría también subrayó sobrecostos generados por los atrasos y una administración tildada de poco transparente y ágil.
Uno de los mayores interrogantes tras la disolución del fondo es el destino de los créditos hipotecarios y personales que fueron otorgados bajo las distintas líneas del Procrear, tanto para adquisición, construcción o refacción de vivienda única, como créditos de desarrollos urbanísticos en ciudades de todo el país.
El Ministerio de Economía dispuso que la gestión de estos créditos continúe bajo la administración del Banco Hipotecario, que firmará un contrato con el Estado con iguales condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012. Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago.
Esto significa que los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones. Las cuotas pactadas seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica de quienes accedieron de acuerdo con la normativa vigente a lo largo de estos años.
La liquidación del fondo implica que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario, tal como venía funcionando. Además, la Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
La disolución del Procrear llega en un momento en el que se encuentran en desarrollo cerca de 17.000 viviendas en distintos puntos del país, muchas de ellas con diferentes grados de avance. El Gobierno nacional resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado.
Este procedimiento ya comenzó durante 2024, con la transferencia de proyectos habitacionales inconclusos a distritos como Catamarca, Chubut, Corrientes, Mendoza, Río Negro, Santa Fe o la provincia de Buenos Aires. En ese último distrito, la gestión de Axel Kicillof asumió el compromiso de finalizar y adjudicar viviendas con fondos provinciales, especialmente en municipios del conurbano. Los municipios y gobiernos provinciales definirán ahora el futuro de las obras y la modalidad de adjudicación, ya sea a través de programas locales, subastas, o alianzas con el sector privado.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades que no tengan contratos vigentes y gestionar la venta o cesión de los inmuebles. En el caso de terrenos o proyectos aportados por provincias o municipios, podrán acordarse devoluciones totales o parciales de los predios.
Las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas, lo que representaría un cambio significativo con respecto a la adjudicación vía sorteo que caracterizó al Procrear. Aún no se definió si contarán con financiamiento privado para facilitar el acceso a compradores.
Los proyectos urbanísticos del Procrear - edificios multifamiliares o viviendas tipo PH en predios estatales - suman 85 en todo el país y equivalen a unas 18.500 unidades. Los desarrollos en marcha quedarán bajo la órbita provincial o municipal, a partir de distintos convenios y esquemas de traspaso. Para los proyectos que no hayan avanzado o no cuenten con contratos vigentes, el Ministerio de Economía podrá disponer la venta o transferencia a la AABE u otros organismos públicos.
Mientras tanto, para los créditos que aún no han sido desembolsados en su totalidad o presentan dificultades administrativas, la dirección de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía deberá adoptar las medidas necesarias para regularizar cada situación, priorizando la continuidad de las obligaciones ya asumidas.
La eliminación de Procrear se inscribe en un proceso de reforma más amplio, que apunta a replegar la intervención estatal directa en materia de vivienda y dejar el protagonismo a los bancos privados, empresas constructoras y gobiernos provinciales y municipales. El acceso al crédito hipotecario, en adelante, dependerá de las condiciones del mercado financiero antes que de programas estatales orientados a los sectores medios o trabajadores formales. El Ministerio de Economía quedará a cargo de la liquidación definitiva del fondo, la administración de los bienes y la garantía de cumplimiento de todas las obligaciones pendientes.
El Gobierno fundamenta que la financiación y ejecución de viviendas debe ser parte de la operatoria bancaria habitual, sin la intervención estatal directa ni esquemas de subsidio o promoción pública.
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