La decisión se adoptó en una reunión de embajadores en Bruselas, donde los 27 Estados miembros alcanzaron una mayoría cualificada, pese a la oposición manifestada por países como Francia, Polonia e Irlanda.
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Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea (UE) aprobó este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur, un paso clave para avanzar en la conformación de la mayor zona de libre comercio del mundo. La decisión se adoptó en una reunión de embajadores en Bruselas, donde los 27 Estados miembros alcanzaron una mayoría cualificada, pese a la oposición manifestada por países como Francia, Polonia e Irlanda. Con este aval político, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó habilitada para viajar a Paraguay y firmar el acuerdo con los países del bloque sudamericano el próximo lunes.
El entendimiento, sin embargo, no entrará en vigor de manera inmediata. Del lado europeo, el proceso requiere aún la aprobación del Parlamento Europeo, que deberá pronunciarse en las próximas semanas. El resultado de esa instancia es incierto: alrededor de 150 eurodiputados, de un total de 720, anticiparon que podrían recurrir a instancias judiciales para frenar la aplicación del acuerdo. Esta etapa será determinante para definir el futuro del pacto, que lleva más de dos décadas de negociaciones técnicas y políticas.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comenzó a discutirse formalmente en 1999. Involucra a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y prevé la creación de un mercado integrado de más de 700 millones de consumidores. Uno de sus principales objetivos es la eliminación progresiva de aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral, lo que impactaría de manera directa en sectores industriales, agropecuarios y de servicios de ambas regiones.
Desde el punto de vista comercial, el pacto establece que el Mercosur podrá ampliar sus exportaciones de productos agroindustriales hacia Europa, mientras que la UE incrementaría el envío de bienes industriales, como vehículos, maquinaria y equipamiento tecnológico, además de alimentos procesados como quesos y vinos. Esta estructura ha generado apoyos y resistencias tanto dentro del bloque europeo como en los países sudamericanos.
Uno de los focos centrales de la discusión en Europa ha sido el impacto del acuerdo en el sector agropecuario. Organizaciones de agricultores y ganaderos europeos expresaron su preocupación por una posible mayor entrada de productos sudamericanos como carne bovina, arroz, miel, soja y etanol, a precios considerados más competitivos. Según estos sectores, las diferencias en las normas de producción, ambientales y sanitarias podrían generar desequilibrios en el mercado interno europeo.
Países como Francia se posicionaron entre los principales detractores del acuerdo. El gobierno francés sostuvo que el ingreso de productos agrícolas del Mercosur podría afectar la producción local y alterar el funcionamiento del mercado europeo. Polonia e Irlanda también manifestaron objeciones, alineadas con las preocupaciones de sus sectores rurales. En contraste, otros Estados miembros, como España y Alemania, respaldaron el acuerdo al considerar que ampliará las oportunidades comerciales y permitirá a la UE diversificar sus socios en un contexto de creciente competencia global.
El cambio de postura de Italia resultó decisivo para destrabar el consenso. En diciembre, el país se había sumado a la oposición encabezada por Francia, lo que impidió avanzar en la aprobación. Sin embargo, en los últimos días el gobierno italiano modificó su posición y señaló que el acuerdo ofrece beneficios relevantes para su economía, lo que permitió alcanzar la mayoría cualificada necesaria en el Consejo.
Desde el Mercosur, el avance del proceso fue recibido como una señal esperada. En la cumbre celebrada en diciembre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había reclamado a la UE "coraje" y "voluntad política" para cerrar el acuerdo y evitar una nueva postergación. Los países sudamericanos ven en el pacto una oportunidad para consolidar el acceso preferencial a uno de los principales mercados del mundo.
Para atender las preocupaciones del sector agropecuario europeo, la Comisión Europea incorporó en los últimos meses una serie de cláusulas y concesiones específicas. Según explicaron funcionarios comunitarios, las prioridades agrícolas ocuparon un lugar central en las negociaciones finales. El objetivo fue establecer mecanismos que permitan mitigar eventuales impactos negativos derivados de la liberalización comercial.
Entre las medidas anunciadas se incluyen límites a los cupos de importación libres de arancel para productos sensibles como carne, aves, arroz, miel, huevos y etanol. Estos cupos buscan regular el volumen de productos del Mercosur que ingresarán al mercado europeo con beneficios arancelarios. Además, la Comisión se reservó la facultad de intervenir en caso de que se detecten situaciones de desestabilización del mercado.
En diciembre, el Ejecutivo comunitario informó que abrirá investigaciones automáticas cuando se cumplan dos condiciones simultáneas: que el precio de un producto importado desde el Mercosur sea al menos un 8% inferior al de un producto equivalente en la UE y que el volumen de importaciones aumente más de un 8%. Este mecanismo apunta a identificar posibles distorsiones y habilitar medidas correctivas si fuera necesario.
Otro eje relevante del acuerdo está vinculado a las normas sanitarias y fitosanitarias. La Comisión Europea se comprometió a avanzar en legislación específica sobre los residuos de pesticidas en productos importados, un reclamo sostenido por organizaciones de productores europeos. En ese marco, esta semana anunció la prohibición total de tres sustancias —tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo— utilizadas principalmente en cultivos de cítricos, mangos y papayas.
En paralelo, Francia adoptó medidas a nivel nacional en respuesta a las protestas de agricultores, que este viernes continuaron con movilizaciones y cortes con tractores en los accesos a París. El gobierno francés decretó el cese temporal de la importación de determinados productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la UE. Entre los productos alcanzados figuran aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas.
Según lo informado por las autoridades francesas, estos productos no podrán ingresar al país si contienen cinco fungicidas y herbicidas vetados por la normativa europea. La medida se aplica principalmente a mercadería de origen sudamericano y se enmarca en los controles sanitarios vigentes dentro del bloque comunitario.
Estas decisiones nacionales se inscriben en un contexto de tensión entre los compromisos comerciales internacionales y las demandas internas de los sectores productivos. En el caso del acuerdo UE-Mercosur, la Comisión Europea buscó equilibrar ambos planos mediante cláusulas de salvaguardia, controles reforzados y compromisos regulatorios incluidos en el texto final.
El próximo paso clave será el debate en el Parlamento Europeo. Allí, los eurodiputados deberán analizar el contenido del acuerdo y definir si otorgan el consentimiento necesario para su entrada en vigor. La posibilidad de acciones judiciales anticipadas por un grupo de legisladores introduce un factor adicional de incertidumbre en el proceso.
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