El juez del concurso de la láctea SanCor, Guillermo Vales, invitó, según pudo saber LA NACION, a los acreedores de la empresa que lo estimen conveniente, y que estén interesados en participar junto a la firma de su reactivación, a que “presenten al juzgado a cargo de este trámite como ‘amicus curiae’ sus iniciativas, a través de proyectos de explotación y gestión empresarial viables, con aporte especifico de conocimiento, capacidades técnicas, industriales y comerciales, de reorganización o modificación necesaria, para hacer económicamente viable la explotación de la concursada y que oportunamente, legitimen las decisiones que se tomen en el presente proceso”.
En este marco, según Aldo Regali, titular del estudio de abogados que patrocina a un gran número de empleados de SanCor, esa medida “se trata de un acto desesperado, ya que por no declararle la quiebra (el juez) sacó esto. Los plazos vigentes refieren a la contestación del pedido de quiebra”.
Agregó: “Actualmente hay un poco más de 300 pedidos de quiebra y ahora se le corrió traslado a la empresa, que debe contestar y defenderse de esos pedidos de quiebra”.
Hace unas semanas, la empresa presentó un denominado “Plan de Crisis”, pero logró el rechazo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), por considerarlo “inviable”. Sucede que contemplaría el despido de más de 300 trabajadores, dijeron el gremio.
Para Atilra, la empresa adeuda más de cinco meses de salarios a sus trabajadores y el plan propuesto para la crisis implica el despido de 304 trabajadores, sumando a más de 1000 desvinculaciones desde 2019. El gremio presentó una propuesta, a partir de la figura de la “quiebra con continuidad productiva”, para que “la producción continúe bajo control judicial con una nueva administración”, garantizando así el mantenimiento de los puestos de trabajo y la continuidad de la actividad.
Por otra parte, por orden del Juzgado Federal con asiento en Rafaela se citó el 12 de noviembre próximo a prestar declaración indagatoria a los expresidentes de la concursada, José Pablo Gastaldi (2020-2022) y Alberto Eduardo Sánchez (2022/24), en los autos caratulados “SanCor Cooperativas Unidas Limitadas y otros, sobre infracción a la ley 27.430”. El fiscal Jorge Gustavo Onel puso la lupa sobre recursos de la seguridad social por un total de $1.644.440.882,68.
La láctea SanCor se encuentra bajo un concurso preventivo en el Juzgado de Rafaela. Como se dijo, los trabajadores solicitaron la quiebra de la empresa, aunque con continuidad de la explotación para proteger los puestos de trabajo.
