El sacerdote Marcelo Ferrero fue condenado este martes 22, a tres años de prisión condicional por un hecho de abuso sexual, cometido en enero pasado durante un campamento scout en la provincia de Córdoba. El fallo fue dictado por el juez Javier Bottero en una audiencia desarrollada en los Tribunales de Rafaela, a partir de una investigación encabezada por la fiscal Favia Burella.
El caso ocurrió en el marco del campamento de cierre anual del grupo scout de la localidad de Ramona, de donde es oriunda la víctima, menor de edad al momento de los hechos. El imputado, que por entonces ejercía su rol como sacerdote, reconoció la autoría de los hechos durante un juicio abreviado por el delito de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ministro de culto.
Además de la pena de prisión en suspenso, el juez impuso una serie de medidas complementarias de carácter restrictivo y simbólico. Ferrero fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer el sacerdocio y deberá permanecer en la provincia de Córdoba mientras dure su condena. También se le prohibió el ingreso a la localidad de Ramona y deberá asistir a talleres sobre masculinidades o similares.
Horas después de la sentencia, la Diócesis de Rafaela difundió un comunicado oficial qu a continuación se reproduce:
"Como es de público conocimiento a raíz de la denuncia por un delito contra la integridad sexual simple (según carátula) que involucra a un sacerdote de nuestra diócesis, informamos que, conocidos los acontecimientos en el mes de enero, se actuó inmediatamente en conformidad con el protocolo previsto por las Normas Diocesanas para la prevención y el abordaje de abusos de menores y adultos vulnerables en los ámbitos eclesiales.
Ante esta situación, que nos genera dolor y perplejidad, se decidió tomar contacto con los familiares de la víctima informándoles del derecho que les asiste para realizar la correspondiente denuncia ante la justicia, quien ya realizó las actuaciones pertinentes.
En relación al denunciado, desde el momento de tomar conocimiento de los hechos y conforme al derecho de la Iglesia, el Obispo de la Diócesis de Rafaela resolvió una serie de medidas cautelares a saber: que el ministro en cuestión cese en el acompañamiento de todas las actividades pastorales que tenía a cargo hasta entonces; que ya no resida en la localidad donde ejercía su ministerio ni preste servicios en otras comunidades; que no tome contacto con la víctima u otros menores, ni con sus familiares o testigos.
Quedando desde el primer momento a disposición de la justicia en aquello que se requiera, reafirmamos nuestro compromiso en la protección de los menores y adultos vulnerables".
Comisión de protección de menores y adultos vulnerables
