La fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich anunció que desde el 21 de junio el Ministerio Público de la Acusación intervendrá en todos los casos protagonizados por chicos menores de edad.
Judiciales10 de junio de 2025 Rosario 3
En el marco del inicio del primer juicio por jurados de Santa Fe, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich anunció que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) intervendrá en todos los casos en los que estén involucrados chicos menores de edad. “En cuanto a la plena vigencia del sistema acusatorio, tenemos que agregar que a partir del 21 de junio comenzará a funcionar en la provincia el sistema de responsabilidad penal adolescente. Con ambos avances, podremos decir que todo el sistema penal en la provincia de Santa Fe está adecuado a la Constitución”, adelantó. ¿Qué significa este cambio y qué impacto tiene en los procesos contra chicos y chicas menores de edad?
Mientras en el país se debate una posible baja en la edad de punibilidad de 16 a 14 años, la provincia de Santa Fe continúa con el sistema vigente. Sin embargo, desde el sábado 21 de junio, de acuerdo a lo expuesto por Vranicich, comenzará a regir en toda la provincia de Santa Fe la reforma al Código Procesal Penal en materia de menores de edad aprobada por la legislatura provincial en diciembre de 2023.
Se trata de un verdadero cimbronazo en el abordaje e intervención judicial en hechos delictivos cometidos por menores de 18 años –incluso aquellos menores de 16 años, aunque no sean punibles penalmente–, ya que a partir de su instrumentación dejan de funcionar los juzgados de menores, las investigaciones de los delitos perpetrados por chicos serán realizadas por integrantes del MPA y podrán ser imputados, en el caso de ser encontrados responsables penalmente de los delitos, tal como publicó Rosario3.
A partir de la reforma, el sistema penal juvenil vira a uno acusatorio y público tal cual rige para los adultos desde 2014. En el sistema actual, el juez de menores hace la investigación y otro juez de menores juzga. Ahora, como sucede con el delito de adulto, el fiscal investigará, recolectará evidencia y llevará el caso a juicio en el que se puede imputar al menor en el marco que le da la ley nacional. Es decir, fiscales, defensores y jueces especializados llevarán adelante las causas en todas sus etapas, desde la denuncia hasta una eventual resolución judicial.
Según precisaron en Infosastre.com, el MPA intervendrá en todos los hechos que involucren menores, incluso aquellos menores de 16 años, aunque no sean punibles penalmente. En esos casos, si bien no pueden ser condenados, se abrirán investigaciones que apuntarán a establecer los hechos, garantizar derechos y activar mecanismos de protección con intervención de organismos estatales.
En tanto, para los adolescentes de entre 16 y 18 años, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por la ley nacional 22.278 (vigente desde 1980). Según esta norma, sólo son punibles si el delito cometido tiene una pena superior a dos años de prisión y no se trata de infracciones que impliquen únicamente multas o inhabilitación.
Por su parte, los fiscales y defensores que actúen en causas con menores deberán dedicarse exclusivamente a ese fuero. Además, de acuerdo a los fiscales Carlos Zoppegni y Diego Rodríguez y Barros de la Fiscalía de San Jorge, la reforma promueve un enfoque restaurativo ya que se priorizará evitar condenas y, cuando sean inevitables, que las penas sean proporcionales a la edad y contexto del imputado. En caso de que un adolescente sea condenado, la pena recién comenzará a cumplirse una vez que cumpla 18 años.
La nueva norma incorpora el juicio abreviado y también la denominada probation para menores de 18 años. Además, se modifican los criterios de prisión preventiva y detención que no debería concretarse en espacios habitados por adultos, aunque se establecen excepciones. La normativa, en tanto, establece penas de encarcelamiento en lugares especiales para chicos de 17 y 18 años envueltos en actividades ilícitas.
Los fiscales también señalaron que habrá desafíos logísticos: “La policía deberá garantizar que los menores detenidos no compartan espacios con adultos. Las audiencias serán orales y públicas, por lo que se necesitarán salas especiales”, dijo Zoppegni.
La víctima, en tanto, podrá participar en todo el proceso, constituirse como querellante y colaborar en la investigación.
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María Cecilia Doro, Carina Andrea Gerbaldo y Susana Guillermina Vega se incorporaron como fiscales adjuntas a la Fiscalía con sede en Rafaela y área de cobertura en los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio.
Es un productor agropecuario que mató a quien estaba teniendo una relación con su ex esposa en la zona rural de Monigotes . El jurado popular admitió la hipótesis de que actuó bajo emoción violenta y la pena fue mucho menor que en un homicidio simple.
Desde este sábado, la provincia implementa un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Se eliminan los juzgados de menores, el Ministerio Público de la Acusación asume la investigación y se inaugura una nueva etapa basada en el modelo acusatorio.
Se definieron los nombres para la nueva estructura judicial juvenil. Tres fiscales adjuntas subrogantes fueron designadas para actuar en causas penales de menores. También se confirmó la nueva defensora zonal para niñas, niños y adolescentes.
El sindicato rechaza que fiscales y defensores salgan del Poder Judicial. Sostiene que la reforma pone en riesgo su autonomía, carrera y estabilidad laboral.
Héctor Morcillo, médico de 49 años, se desempeñaba en el Hospital de la localidad de Lehmann y residía en calle Mariano Moreno. No asistió a su trabajo en los últimos días, lo que llamó la atención de sus colegas.
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El decreto que se publicará mañana también prevé el fin de otros organismos dependientes de la Secretaría de Transporte. El vocero Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente” Javier Milei,
Mercado Libre paga 770 millones de pesos al mes por tasas municipales en la capital cordobesa, lo que equivale al costo de casi 24 alquileres mensuales de la oficina actual. Esta decisión no implica de ningún modo el cierre de las operaciones ni una reducción de personal, ya que continuarán desarrollando sus tareas de manera remota.
Por decreto, el gobierno activó una suba del Inmobiliario Urbano y Rural. El aumento no se aplicará a quienes pagaron el total anual anticipado.
