Este lunes, en una audiencia virtual realizada en los Tribunales de Rafaela, el fiscal Guillermo Loyola amplió detalles de imputaciones anteriores e incorporó la denuncia de ocho nuevas víctimas, totalizando 560. De acuerdo con lo informado por el MPA, parte de los fondos investigados estarían depositados en cuentas bancarias radicadas en las Islas Bermudas.
Judiciales29 de abril de 2025 Rafaela Informa
Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales de Rafaela, en el marco de la causa que investiga la megainversión fraudulenta atribuida al denominado "Grupo Spaggiari". Fue presidida por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Gustavo Bumaguin, con la presencia de algunas partes de manera presencial y otras conectadas vía Zoom.
En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Guillermo Loyola amplió detalles de imputaciones anteriores e incorporó la denuncia de ocho nuevas víctimas. Con estas sumas, el número total de damnificados asciende ahora a 560, mientras que el perjuicio económico acumulado supera los 9.800 millones de pesos.
Loyola también corrigió algunos aspectos formales de imputaciones ya presentadas, sin alterar sustancialmente los hechos, y sumó nuevas acusaciones correspondientes a entregas de dinero que se habrían realizado entre 2021 y 2022. Tras la ampliación de imputaciones, el fiscal reiteró la calificación para los hermanos Fernando y Matías Spaggiari como presuntos jefes de una asociación ilícita y coautores de más de mil estafas reiteradas. Por su parte, Mirta Ofelia Condotto, junto a otros imputados, fue sindicada como miembro de la misma asociación y coautora de los delitos de estafa.
Posteriormente, los abogados defensores José María Silvela y Andrés Colón solicitaron el cese de la prisión preventiva para sus clientes, alegando que el tiempo transcurrido desde la detención —casi un año y medio— hacía perder proporcionalidad a la medida. Además, argumentaron que no existiría riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, pese a que surgieron elementos que indican la existencia de fondos en el exterior.
El planteo fue rechazado tanto por el fiscal como por los representantes de los querellantes, quienes sostuvieron que la magnitud de los hechos, la cantidad de víctimas y el enorme daño económico justificaban plenamente la continuidad de la medida de detención.
Finalmente, tras escuchar los argumentos de todas las partes, el juez Gustavo Bumaguin resolvió mantener las prisiones preventivas: efectiva para Fernando y Matías Spaggiari en la cárcel de Coronda, y domiciliaria para Mirta Ofelia Condotto.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación, parte de los fondos investigados estarían depositados en cuentas bancarias radicadas en las Islas Bermudas. Según Loyola, fue la detección de dos cuentas en las Bermudas, una a nombre de Matías y otra de Fernando Spaggiari. "¿Cuál era la necesidad de tener cuentas en un paraíso fiscal? Esto demuestra el desvío y ocultamiento de fondos", afirmó, agregando que estos recursos podrían ser utilizados para evadir la acción de la Justicia.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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