El hombre de 58 años fue condenado como autor del homicidio de su esposa, Mariel Alejandra Zimmermann, ocurrido el miércoles 26 de octubre de 2022. El fiscal Martín Castellano dirigió la investigación del ilícito y también representó al MPA en el debate.
Judiciales07 de agosto de 2024 MPA
La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó en la mañana de este miércoles 7 en los tribunales de Rafaela.
La sentencia fue impuesta por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Cristina Fortunato y por los jueces Gustavo Bumaguin y Nicolás Stegmayer en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de Rafaela.
El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.
“Los magistrados impusieron la misma pena que habíamos solicitado en la acusación y que reiteramos en el juicio”, valoró el fiscal y agregó que “la condena fue por la misma calificación penal que le atribuimos a Bravo desde que comenzamos a investigar lo ocurrido”, destacó el fiscal.
Castellano también puntualizó que “en los alegatos de clausura reiteramos lo que demostramos en el debate: que los hechos existieron y que fueron efectivamente cometidos por Bravo”.
“Más allá de que aún no conocemos los fundamentos del fallo, la sentencia es la que esperábamos y nos deja muy conformes”, sostuvo el fiscal del MPA.
“El femicidio de Zimmermann fue cometido en los primeros minutos del miércoles 26 de octubre de 2022 en la vivienda que compartían ubicada en calle Güemes al 100 en Humberto Primero”, recordó el fiscal Castellano. “En el marco de una discusión con la víctima, el condenado tomó un cuchillo, la atacó y le produjo un corte de alrededor de 13 centímetros en el lado derecho del cuello”, precisó el fiscal.
Castellano sostuvo que “Bravo actuó con la clara intención de provocar la muerte de su cónyuge, objetivo que efectivamente consiguió a raíz de la gravedad de la herida que le provocó”.
El funcionario del MPA remarcó que “tal como indicamos a lo largo de todo el proceso, el femicidio se produjo en la cocina-comedor de la vivienda y en presencia de la hija menor de edad de ambos”.
Castellano aseguró que “la muerte de Zimmermann no se trató de un acto aislado de violencia” y concluyó que “fue el corolario de distintos episodios de violencia de género previos que implicaron un sometimiento y maltrato por parte del condenado hacia su esposa, con un permanente menoscabo y desprecio a su dignidad como mujer, basado todo ello en una relación desigual existente entre el condenado y la víctima”.
Bravo fue condenado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo que lo unía con la víctima y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio).
La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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Es una estrategia legislativa que no solo busca simplificar el marco normativo, sino que apunta directamente a eliminar regímenes especiales que, según los impulsores de la ley, introducen rigideces o particularidades que obstaculizan la productividad y la empleabilidad.
