El juez Javier Bottero lo dispuso a pedido de la fiscal Lorena Korakis. El imputado tiene 31 años y sus iniciales son MES. Dos adolescentes fueron intimidados a principios de este mes en una vivienda ubicada en Juan Domingo Perón al 500 de nuestra ciudad, donde al imputado además se le atribuyó haber roto un televisor.
Judiciales15 de junio de 2024 MPA
Quedó en prisión preventiva un hombre de 31 años que es investigado por haber amenazado con un arma de fuego a dos adolescentes en Sunchales. Así fue ordenado por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, en una audiencia realizada de manera remota en los tribunales de Rafaela.
La fiscal Lorena Korakis está a cargo de la investigación y es quien solicitó la prisión preventiva para el imputado, cuyas iniciales son MES.
Korakis relató que “minutos antes de la 1:00 de la madrugada del domingo 2 de este mes, el hombre investigado pateó la puerta e ingresó sin autorización a una vivienda ubicada en Juan Domingo Perón al 500, donde estaban durmiendo dos hermanos que transitan su escolaridad secundaria”.
La fiscal relató que “el imputado amenazó a los adolescentes con un arma de fuego tipo revólver", y agregó que "durante el amedrentamiento, los interrogó sobre el paradero de un hombre con el que tenía un conflicto previo”.
“Al no encontrar en el domicilio a la persona que buscaba, el investigado rompió la pantalla de un televisor con la culata del arma que llevaba consigo”, destacó la funcionaria del MPA.
“Finalmente, el imputado se retiró del inmueble efectuando múltiples disparos que generaron el lógico temor en los adolescentes”, aseveró.
Korakis manifestó que “el juez fundamentó de manera oral en la audiencia cautelar su decisión de que el hombre investigado sea privado de su libertad". Expuso que "el magistrado consideró que las evidencias que presentamos son suficientes para acreditar en esta etapa del proceso penal la probable autoría por parte del imputado”.
“En relación con la pena en expectativa, el juez sostuvo que es de cumplimiento efectivo, en función de que el imputado tiene antecedentes penales y puede ser declarado reincidente”, resaltó la fiscal.
Asimismo, la funcionaria afirmó que “el magistrado contempló también la existencia de riesgos procesales", y explicó que "en libertad, el imputado hubiera estado en condiciones de interferir en las declaraciones de los adolescentes que fueron amenazados”.
En tanto, indicó que “aunque la Defensa propuso medidas alternativas a la preventiva, el juez las rechazó porque no alcanzaban para neutralizar la peligrosidad procesal”.
Al hombre de 31 años se le atribuyó la autoría de amenazas calificadas (por el empleo de arma de fuego), violación de domicilio y daño.
La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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