Al sujeto de 34 años le impusieron dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de lesiones, amenazas y daño cometidos en el Palacio Municipal, declarándolo reincidente por tercera vez.
Judiciales05 de junio de 2024 MPA
Se trata de Walter Daniel Mendoza de 34 años y la sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó este martes 4 en los tribunales de Rafaela. La fiscal Fabiana Bertero representó al MPA en el debate.
El agresor fue condenado a dos años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de lesiones, amenazas y daño cometidos en el edificio de la Municipalidad de Sunchales.
La pena también se le impuso a raíz de que, cuando quedó detenido en la comisaría de Sunchales, dañó la mampostería y las aberturas de la dependencia policial.
La sentencia fue impuesta por el juez Juan Gabriel Peralta en el marco de un juicio oral en los tribunales de Rafaela. La fiscal Fabiana Bertero, que representó al MPA en el debate, expresó que “si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que impuso una sentencia condenatoria, tal como lo solicitamos desde la Fiscalía”.
Los ilícitos por los que resultó condenado Mendoza fueron cometidos minutos después de las 7:00 de la mañana del lunes 14 de agosto de 2023. “Todo transcurrió en los primeros minutos de un día hábil, en pleno horario de trabajo y de atención al público”, puntualizó la fiscal Bertero.
“Con una actitud muy violenta, el condenado ingresó al edificio de la Municipalidad de Sunchales amenazó de muerte a la recepcionista”, recordó la fiscal en el juicio. “Ante el accionar del condenado, otra empleada municipal intentó interceder para que cambiara su actitud. Sin embargo, lejos de ello, Mendoza la agarró violentamente del brazo, la empujó contra una escalera, la provocó lesiones y luego la amenazó diciéndole que sabía dónde vivía”, planteó Bertero.
“Luego de ello, el condenado se dirigió a la oficina de uno de los funcionarios sunchalenses, a quien le exigió que le entregue elementos para su vivienda”, precisó la fiscal. “Mientras gritaba, le pegó patadas al escritorio del funcionario –el cual resultó dañado– y le dijo de forma intimidante que conocía a su esposa e hijos”.
“Si bien Mendoza salió de la municipalidad, volvió inmediatamente para hacerle un gesto amenazante a la recepcionista simulando un arma de fuego y diciéndole que se cuidara ella y su familia”, remarcó la fiscal.
Bertero concluyó que “mientras el condenado estaba legalmente detenido en dependencias de la comisaría de Sunchales, dañó la mampostería y las puertas del lugar, además de realizar inscripciones en una de las paredes”.
Mendoza fue condenado a dos años y tres meses de prisión por la autoría de los delitos de lesiones leves; amenazas reiteradas; coacciones y daño reiterado. Además fue declarado reincidente por tercera vez.
La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
La línea telefónica 0800-MPA entrará en funcionamiento el próximo lunes. Se trata de un call center que funcionará las 24 horas, cuyos operadores serán el enlace entre la fuerza de seguridad que trabaja ante un delito y los fiscales de las distintas áreas que se encuentran de turno.
El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
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La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
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