La medida fue tomada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti se opuso y cuestionó fuertemente a sus colegas. La mayoría respondió con un punteo en el que tampoco ahorró críticas al rafaelino.
Judiciales19 de mayo de 2024 El Litoral de Santa Fe
La Corte Suprema de Justicia decidió crear por mayoría una nueva Secretaría Penal Especial con los votos de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz con el objetivo de “mejorar la eficiencia en la tramitación de causas penales” y tuvo la disidencia de Ricardo Lorenzetti. Pero el episodio terminó por sacar a la luz pública la fuerte interna que divide al Tribunal, y a la que incluso se atribuye el impulso a las dos candidaturas para sumarse al organismo, que podrían tener el efecto de modificar la actual ecuación.
En términos formales, el argumento para crear una nueva dependencia apunta a descongestionar la Secretaría Judicial N° 3, que ha visto un incremento considerable en la cantidad de expedientes penales en los últimos años.
La nueva Secretaría Penal Especial se encargará de tramitar las causas de competencia penal que hasta ahora manejaba la Secretaría Judicial n° 3. Estas incluyen juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus. Además, gestionará las contiendas de competencia en causas penales que tramitaban en la Secretaría de Relaciones de Consumo. El personal de esta nueva secretaría estará compuesto por empleados de la Secretaría Judicial n° 3 y posibles refuerzos futuros según las necesidades.
Los argumentos, según la acordada, son: a) Que desde hace varios años se viene incrementando de manera considerable y sostenida la cantidad de expedientes penales que ingresan a la Secretaría Judicial n° 3 de esta Corte; b) Que es deber de este Tribunal, como cabeza de uno de los Poderes del Estado, garantizar la buena administración de justicia y adoptar las medidas necesarias para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables; c) Que a fin de cumplir ese importante objetivo resulta necesario crear en el ámbito de esta Corte una nueva secretaría judicial en materia penal para que intervenga en causas correspondientes a ciertos asuntos de dicha especialidad.
El pronunciamiento dispone la creación de la Secretaría Penal Especial, y le asigna “la tramitación de todas las causas de competencia penal que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría Judicial N° 3 cuyo contenido se refiera a juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus”, así como también “la tramitación de las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo”. A la vez, dispone que las restantes causas de competencia penal continuarán tramitando ante la Secretaría Judicial N° 3.
En un fuerte pronunciamiento que no tardó en circular entre magistrados de todo el país, y generar el esperable impacto, el ministro Ricardo Lorenzetti expresó su disidencia respecto a esta decisión, argumentando que las recientes medidas tomadas por la Corte no responden a necesidades reales sino a intereses internos de poder. Lorenzetti sostuvo que "la invocación de principios de buena administración o gestión, no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema".
Lorenzetti criticó la creación de nuevas oficinas y designaciones sin concurso, señalando que estas prácticas contrarían las expectativas de austeridad que la sociedad argentina demanda. "En todos los casos se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige", afirmó.
Además, argumentó que la acumulación de casos en la Corte se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, y no se solucionará con la designación de nuevos funcionarios. "La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios, se producen estas crisis", explicó Lorenzetti.
El ministro también destacó la eficiencia histórica de la Secretaría Penal, que desde abril de 2018 resolvió 17.076 causas. "Hace treinta años que la Secretaría Penal tiene el mismo diseño, y siempre tuvo una gran cantidad de causas, y no hay ninguna justificación para crear una nueva, excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno", puntualizó.
“La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, advirtió Lorenzetti sobre la creación de la nueva repartición.
“Esta práctica es censurable en todo sentido, porque es un patrón de comportamiento que se ha producido en los últimos dos años, y se ha acelerado en el presente, contrario a lo que fue siempre la excelencia de la Corte Suprema”, añadió.
En su extenso voto, Lorenzetti se despachó con una pormenorizada crítica que arrancó por las razones esgrimidas para la nueva secretaría y terminó con un repaso de las últimas decisiones internas del máximo tribunal avaladas por Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
“La excelencia es desplazada por la ambición. (…) Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, apuntó.
En ese contexto, reclamó que “siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”.
Se trata –dijo- de “decisiones apresuradas, cuyo único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”.
Las repercusiones de las afirmaciones de Lorenzetti motivaron una reacción infrecuente, que fue la emisión de un documento por parte de los tres jueces sobre los que descargó sus imputaciones, donde responden punto por punto (y sin bajar el tenor de las críticas), y que fue puesto en circulación entre los medios periodísticos.
En el primer punto, aluden justamente al conflicto en torno a la futura composición de la Corte, que fue expresamente aludida en el voto disidente.
“No hay antecedentes de que se hubieran demorado medidas de organización interna por una circunstancia similar a la que menciona el juez Lorenzetti. Un claro ejemplo de ello fue la Acordada n° 39/15, dictada el 21 de diciembre de 2015, cuando el presidente Macri ya había nominado a los doctores Rosenkrantz y Rosatti. En dicha acordada, con la firma de los jueces Lorenzetti, Maqueda y Highton, la Corte realizó una importante reorganización de su estructura interna al suprimir la Secretaría General y de Gestión, y al crear la Dirección Jurídica General y la Dirección de Relaciones Institucionales. Al día siguiente, dictó la Acordada nº 42/15 con la firma de los mismos jueces mediante la cual creó la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto”, le espetan.
En otras cuestiones, y bajo la forma de una pormenorizada puntualización, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda responden de la siguiente manera:
En otro tramo del extenso documento, los jueces que integran la mayoría salen al cruce de consideraciones de Lorenzetti sobre medidas tomadas contra determinados agentes en particular. “Contrariamente a lo expresado en la disidencia, María Bourdin fue desplazada de su función a cargo de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto por el propio juez Lorenzetti, en uno de los últimos actos individuales de su presidencia (resolución nº 2972/2018). Por lo demás, el juez Lorenzetti suscribió la Acordada nº 33/2018, que según él desplazó la mencionada funcionaria y desarticuló la política comunicacional de la Corte”.
También se refieren al contador Héctor Marchi, sobre quien “no hubo sanción alguna y el contador Marchi tampoco realizó una denuncia vinculada a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Marchi fue traslado al fuero de la Seguridad Social, que había formulado requerimientos reiterados de personal formado en ciencias económicas, con motivo de la reorganización de las dependencias administrativas de la Corte Suprema dispuesta por la Acordada nº 11/23”.
En otro punto, aluden a que “las decisiones organizativas en torno a la Obra Social procuraron principalmente otorgar mayor pluralidad y representación en el Directorio, fijar plazos a los mandatos de los directores, constituir un órgano de control fuerte, desconcentrar la toma de decisiones de la gestión mediante la incorporación de la figura de un administrador general, entre otras. Es decir, todas medidas vinculadas a otorgar mayor transparencia, eficiencia y control en la gestión, que rápidamente dieron una mejora sustancial y ostensible del servicio a los afiliados. El juez Lorenzetti boicoteó sistemáticamente esas medidas”.
En el caso del Director General Silvio Robles, apuntan que “la denuncia formulada por el juez Lorenzetti en contra de dicho funcionario fue tramitada por la dependencia competente y resultó desestimada por el pleno en forma fundada luego de que se cumplieran estrictamente con los trámites previstos en las normas aplicables en materia de sumarios”.
En otro de los puntos más itensos del intercambio, salieron al cruce de la cuestión del “nepotismo” planteada por Lorenzetti: “El mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (resolución nº 2983/2018)”.
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