La Secretaría de Industria y Comercio dictó una resolución que ordena a las empresas de medicina prepaga a adecuar la facturación de sus planes de salud para que los aumentos dictados desde diciembre de 2023 no sean superiores a la inflación del mismo período. Según datos oficiales, hay casi 6,8 millones de afiliados a empresas de medicina prepaga y las 10 compañías de mayor volumen concentran el 83% de los afiliados.
País20 de abril de 2024 Chequeado.com
El Ministerio de Economía de la Nación anunció una medida que obliga a empresas de medicina prepaga a retrotraer los aumentos dictados a partir de diciembre de 2023 y ajustarlos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC. La política fue tomada días después de que el ministro Luis Caputo señalara que las prepagas “le están declarando la guerra a la clase media”.
En esta nota, 5 claves para entender el conflicto entre el Gobierno y las empresas de medicina prepaga.
La Secretaría de Industria y Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, dictó una resolución que ordena a Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE a adecuar la facturación de sus planes de medicina para que los aumentos dictados desde diciembre de 2023 no sean superior a la inflación del mismo período. La medida tendrá una vigencia de 6 meses.
La norma, que también está dirigida a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt (en su doble condición de presidente de Swiss Medical y de la UAS), ordena, en línea con la hipótesis de posible cartelización, “cesar con cualquier tipo de intercambio de información”, tanto en reuniones de las UAS como en otros contextos, “que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”.
La resolución también ordena a las empresas a entregar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) información desde diciembre de 2023 en adelante de los precios de cada plan, los ingresos obtenidos por ellos y la cantidad de afiliados de cada plan.
La resolución copia casi con exactitud las recomendaciones de un dictamen de la CNDC, que analizó el comportamiento de las empresas de medicina prepaga a partir de una presentación realizada en enero por dirigentes de la Coalición Cívica, cuyo presidente es Maximiliano Ferraro.
Ante la CNDC denunciaron una posible conducta de cartelización “en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023”, dictado por Javier Milei en diciembre de 2023.
De la información aportada al expediente respecto de las cartas enviadas a los afiliados sobre los aumentos anunciados en diciembre, “se desprende que todas ellas fueron enviadas el 22 de diciembre del año 2023 -tan solo un día después de la reunión de la UAS- y con similares condiciones”, tanto para enero como para febrero.
“Resulta notoria la semejanza tanto entre el contenido de las misivas, como en los guarismos de los aumentos por ellas notificado”, destaca el dictamen, que agrega que, por sus características, las empresas deberían tener “estructuras de personal, instalaciones y de recursos administrativos, comerciales y técnicos de tipo y magnitud disímiles entre sí, en función de sus diversas modalidades de inserción y competencia en el mercado”.
“De esto se desprende que sus respectivas estructuras de costo deben ser asimismo distintas entre sí. Por ende, aún si los precios de sus proveedores exhibieran incrementos similares, la incidencia de ellos sobre dichas estructuras de costo debiera ser distinta. ç”, agrega el documento oficial.
Para validar la hipótesis de posible cartelización, la CNDC da relevancia a una declaración de Belocopitt en Radio con Vos el 21 de diciembre, un día después del dictado del DNU y un día antes de los aumentos anunciados por las compañías. Según el dictamen, Belocopitt “manifestó públicamente que las empresas se reunirán a discutir políticas comerciales. A las 24 horas de esas declaraciones, las principales firmas del sector anuncian aumentos de precio con diferencias ínfimas entre ellas”. Estos hechos “constituyen indicios sólidos de la existencia de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga”.
Por eso, la CNDC recomendó a la Secretaría de Comercio dictar una “medida de tutela anticipada” (retrotraer los aumentos al momento previo a la reunión) y “verificar, a través de la instrucción de las presentes actuaciones, el comportamiento de las investigadas”.
La UAS, por su parte, contestó en el expediente que sus miembros “son a su vez cámaras que se componen de entidades ampliamente heterogéneas, incluyendo a empresas de medicina prepaga, clínicas, sanatorios y hospitales de todo el país, servicios odontológicos y de análisis clínicos, obras sociales de dirección, cooperativas, mutuales y asociaciones civiles sin fines de lucro”.
Además,que ello vuelve improbable que “funcione como vehículo de colusión ya que sus discusiones internas competen a una amplia variedad de entidades (…) que no forman parte del mercado en el que se encuentran activas las empresas de medicina prepaga”.
El DNU 70/2023 estableció que se deben “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga” para “aumentar la competitividad del sistema”. Hasta ese momento, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía la autoridad de regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. Además, en 2022 el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) sancionó un decreto que regulaba un incremento escalonado de las cuotas de las prepagas.
El DNU firmado por Milei cambia por completo esta situación, según los especialistas consultados por Chequeado. En términos de precios, lo único que sigue regulado es la existencia de aranceles diferenciales para planes prestacionales, según franjas etarias (con una variación máxima de 3 veces entre el precio de la primera y la última franja etaria). Es decir, los adultos mayores seguirán pagando cuotas mayores que las personas más jóvenes.
Según un informe de la consultora PxQ (que dirige Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía entre 2013 y 2015, durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner -Frente para la Victoria-), en los primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) las prepagas aumentaron un 89% acumulado, mientras que el IPC acumulado en ese periodo fue del 71%. Es decir, las prepagas aumentaron en los primeros 3 meses por encima de la inflación.
En comparación, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), en los primeros 3 meses de la presidencia habían aumentado un 9% acumulado, mientras que el IPC acumulado en ese periodo fue del 12%.
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo público que regula a las obras sociales y a las prepagas, señaló, por su parte, que “en los primeros 4 meses del año, las principales prepagas del país aumentaron los valores de sus cuotas prácticamente en la misma cantidad y casi el doble de lo que indica el índice de inflación en el mismo período”.
Este organismo anunció que presentó ante la Justicia una acción de amparo no sólo para retrotraer los aumentos de las prepagas a diciembre sino también para que se ordene la devolución a los afiliados de lo percibido por encima de la inflación de los últimos 4 meses.
En la Argentina coexisten 3 subsistemas de salud: el público, el de la seguridad social (es decir, el de las obras sociales) y el sector privado (las prepagas). Las personas que no cuentan con ninguna cobertura se atienden en el sistema de salud público. Según datos de 2022 de la SSS, son casi 20 millones de personas, el 37% del total.
En el sector de la seguridad social están las obras sociales nacionales, las provinciales, el PAMI y las obras sociales de regímenes especiales. Las obras sociales nacionales cuentan con casi 15 millones de afiliados, las provinciales tienen poco más de 7 millones y el PAMI, la obra social más grande del país, tiene más de 5 millones de afiliados. Este subsector, el de la seguridad social, representa al 50% de la población.
La medicina prepaga representa a 6,8 millones de afiliados, es decir, el 13% del total. Cabe destacar que del total de afiliados de este sector, 2 tercios lo hacen por derivación de aportes y un tercio lo abona de forma directa.
Existen 674 empresas de medicina prepaga en todo el país. Según el dictamen de la CNDC, las 10 entidades de mayor volumen concentran el 83% de los afiliados. OSDE es la empresa con más afiliados en el sector de las prepagas, con el 31,1% del total, seguido de Swiss Medical (14,8%) y Galeno (8,3%).
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