En una tensa audiencia de 7 horas pidieron la excarcelación de los hermanos Spaggiari

A lo largo de una extensa audiencia que se prolongó por espacio de 7 horas en la mañana de este lunes 19, los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, así como su madre, Mirta Ofelia Condotto, pidieron que se dejen sin efecto las medidas cautelares que los mantiene en prisión preventiva. El juez de Apelaciones en lo Penal, Sergio Alvira, presidió la audiencia y ahora deberá definir, en un plazo de diez días hábiles, si hace lugar al planteo efectuado por los abogados defensores, o ratifica lo actuado en primera instancia.

Judiciales 19 de febrero de 2024 Miguel González - Rafaela Noticias
Caso spaggiari
Caso spaggiari

A lo largo de una extensa audiencia que se prolongó por espacio de 7 horas, los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, así como su madre, Mirta Ofelia Condotto, pidieron que se dejen sin efecto las medidas cautelares que mantienen - desde el 28 de octubre, fecha de la resolución de primera instancia en la que se dictaron esas medidas - a los tres en régimen de prisión preventiva, los dos primeros en la Alcaidía local y la mujer, en su domicilio, debido a que es una persona mayor de 70 años.

Además, los tres, junto a otros imputados, solicitaron que se levante la inhibición que pesa sobre los bienes de cada uno: 234 millones de pesos más intereses en el caso de cada uno de los hermanos; y 33 millones de pesos más intereses en el caso del resto de los imputados. El juez de Apelaciones en lo Penal, Sergio Alvira, presidió la audiencia y ahora deberá definir, en un plazo de diez días hábiles, si hace lugar al planteo efectuado por los abogados defensores, o si en cambio ratifica lo actuado en primera instancia por el juez Gustavo Bumaguin, como pide el fiscal Guillermo Loyola.

Como sucede en cada una de las audiencias por este caso, se utilizó la Sala 3 del segundo piso de Tribunales, la más amplia, y que volvió a quedar chica, dado que participaron de la misma los imputados, 4 abogados de la defensa, otros tantos representantes de la querella, y representantes de las víctimas.

El caso

Como se sabe, los Spaggiari están acusados de haber organizado una asociación ilícita para estafar a ahorristas privados con una modalidad denominada Esquema Ponzi, utilizando como pantalla las empresas Grupo Spaggiari SRL (inmobiliaria, constructora y desarrollos urbanísticos), GS Block SRL (dedicada a la fabricación de ladrillos ecológicos) y QS Open Aberturas SRL (fábrica de aberturas y cerramientos). Matías y Fernando Spaggiari aparecen señalados por los investigadores como jefes de una asociación ilícita que cometió estafas reiteradas, mientras que su madre y otra mujer, entre otros integrantes, aparecen como miembros de la asociación ilítica y también coautores de las estafas.

El grupo tomaba ahorros de particulares, mayormente en dólares, ofreciendo intereses que variaban según los años, pero eran notoriamente superiores a cualquier tasa que se pagara en plaza: 3% mensual en dólares y 5% mensual en pesos, a valores de los años 2020, 2021 y 2023. Hasta ahora se presentaron en la justicia penal unos 500 damnificados, muchos de los cuales tenían firmados 3, 4, 5 y hasta más de 10 contratos de mutuo dinerario cada uno, lo cual eleva los hechos investigados a más de dos millares, con una cifra estimada de créditos impagos por entre 3 y 5 millones de dólares por lo menos.

El argumento de las defensas

En primer lugar hablaron los doctores Cecilia Álamo y Juan Manuel Lovaiza, en representación de dos imputados que plantearon ante el juez de Apelaciones la necesidad de que se revea la inhibición general que pesa sobre ellos, por considerar que los montos son desproporcionados. Realizaron una serie de argumentaciones técnicas sobre interpretaciones de la legislación vigente y Lovaiza -que representa a una sobrina de los Spaggiari, empleada de la firma y que tiene 22 años- llegó a comparar la medida adoptada con una "muerte civil" para los afectados, dado que los priva de realizar cualquier tipo de acto de comercio.

Sin embargo, lo más interesante del debate se dio cuando intervinieron los doctores José María Silvela y Andrés Colón, defensores de los hermanos Spaggiari. El eje del planteo fue discutir la calificación penal endilgada: "asociación ilícita", una figura para la cual deben cumplirse algunos requisitos previstos en la legislación y que, según la interpretación de los defensores, de ningún modo caben aplicar en este caso.

Los letrados negaron la existencia de una asociacion ilicita por parte de los imputados. En tal sentido, sostuvieron que "no hubo una organización creada para delinquir, sino que existe una sociedad de responsabilidad limitada que está debidamente inscripta en el Registro Público de Comercio".

"Es cierto que Matías y Fernando Spaggiari eran 'unicos dueños y socios de la SRL, por lo cual eran los únicos responsables de tal empresa. Esa SRL tenía empleados. Esa sociedad propiamente dicha no tenía fines ilícitos, sino que su finalidad era puramente comercial. Lógicamente, se trata de una empresa con una actividad permanente, habitual, como cualquier otra de su tipo", argumentaron.

Silvela calificó de "endebles" los argumentos de la Fiscalía. "Supuestamente los empleados debían saber que conformaban una asociación ilícita para estafar a más de cien personas, con la particularidad de que los únicos beneficiarios (de la estafa) eran los hermanos Spaggiari. Es decir, supuestamente debían conocer que iban a terminar presos, acusados de estafar a cientos de personas y que además iban a terminar inhibidos en más de 30 millones de pesos, para que el beneficio se lo lleven los Spaggiari", planteó el abogado, mencionando la situación económica para nada holgada que tienen los empleados incluidos en las imputaciones, los que -recordó Silvela- "según informes remitidos por todo tipo de organismos públicos indican que el patrimonio de los imputados no han sufrido modificaciones de relevancia".

Los abogados defensores siempre se refirieron a los denunciantes como "supuestas víctimas", un modo de "bajarle el precio" a las denuncias: "todos pusieron su plata voluntariamente. Mientras les pagaron los intereses y se cumplía, los Spaggiari eran empresarios a los que le entregan su dinero. Cuando dejaron de pagar, se convirtieron en una asociación ilícita", señaló, apuntando a una presunta contradicción en la postura de las víctimas.

La contadora que no sabía

En su intento de demoler la idea de una "asociación ilícita" planteada por la Fiscalía y aceptada por el juez de primera instancia, Silvela se preguntó por qué una figura clave del grupo empresario fue aceptada como testigo y, en cambio, nunca se la imputó. Se trata de la contadora M.del V. I. "Era la contadora, figura principal de la empresa. Omiten la labor de la contadora dentro del grupo Spaggiari. Ella reconoce que participó de la empresa, prestó declaración como testigo. Fue allanada en el mismo momento en que allanaron los otros domicilios".

Aunque el letrado aclaró que no estaba pidiendo que la contadora sea imputada, sí profundizó en esa supuesta contradicción: "Era quien manejaba los numeros, confeccionaba los balances y sabía los movimientos de dinero. No se puede decir que la investigación fiscal giró en torno a una asociación ilícita cuando no incluye a esta persona. Para el fiscal, la asociación ilícita incluía a los empleados de la empresa, pero a algunos sí y a otros no. Unos van presos y otros son testigos", enfatizó.

Sin embargo, a la hora de las réplicas Loyola fue igualmente áspero. Recordó que la contadora sí fue investigada, pero aportó otra información relevante: la mujer renunció a mediados de 2021 y en su declaración testimonial aseguró que el dinero ingresado por los "inversores" - a la sazón víctimas de los hechos investigados - nunca ingresó legalmente a las arcas de las empresas cuya contabilidad ella manejaba. Según Loyola, la contadora declaró que ese dinero iba por "cuerda separada", era manejado personalmente por los Spaggiari -hermanos y madre- y de manera bastante reservada, a tal punto que ella misma nunca vio físicamente ningún dólar de esas cuentas.

"No todos los empleados eran partícipes de la organización", remarcó Loyola, que recordó que en la primera imputación, donde se presentaron los casos 85 víctimas, se incluyó a algunos empleados y luego, en una segunda imputación, aparecieron otros. "Son los que específicamente están nombrados por las víctimas como parte de los partícipes de las operaciones: los que captaban ahorristas, los que pagaban los intereses, los que preparaban los contratos, todos tenían roles que a veces intercambiaban", dijo el fiscal.

Cruces y tensión

La audiencia no estuvo exenta de momentos de tensión y cruces que, aún dentro de las formas elegantes y discretas que implican los procedimientos judiciales, pusieron en alerta a las partes. En un tramo de su alocución, las defensas plantearon argumentos importantes y dejaron entrever otras cuestiones, como cuando Silvela denunció que una vivienda de calle 1° de Mayo perteneciente a los Spaggiari había intentado ser usurpada y las denuncias efectuadas no encontraron eco en el MPA.

Al fiscal no le gustó que se cuestionara el rol que la investigación del MPA le adjudicó a la contadora del grupo -como testigo y no como imputada- ni tampoco que se planteara la posibilidad de una "contracautela" -en el que las víctimas tendrían que asumir cualquier daño que las medidas cautelares aplicadas provocasen a los imputados, en lo que respecta a la inhibición de bienes, una alternativa que está contemplada en algunos casos-, por lo que dedicó un tramo de su presentación a rechazar la apelación efectuada a esos puntos de la resolución de octubre.

Loyola señaló que la inhibición de los bienes está dirigida a "salvaguardar los bienes obtenidos de las actividades ilícitas", y deslizó que la vivienda de calle 1° de Mayo, escenario de la posible usurpación -que estaría valuada, según reveló en algún momento, en unos 100 mil dólares-, había sido prometida como parte de pago a un estudio jurídico al que no identificó. Citó incluso escuchas a los hermanos Spaggiari que aparecen en el expediente señalando ese punto. Y disparó otro cañonazo cuando reveló que en esas mismas escuchas uno de los Spaggiari le indica a su interlocutor que lo llame "a otro teléfono porque a este lo tengo pinchado": "la intervención del teléfono se había dispuesto un par de días antes y él ya sabía que estaba intervenido", alertó, con algo de ironía sobre los contactos del imputado en el territorio de Tribunales.

Si Silvela apuntó a los "endebles" argumentos de la Fiscalía para sostener la figura de asociación ilícita, Loyola devolvió gentilezas criticando "la falta de precision y del uso de terminología adecuada respecto a algunos agravios planteados" por la defensa. Lo que motivó también el malhumor del defensor, que en todo momento insistió en que siempre se dirigió con respeto a su contraparte en la audiencia.

Pero Loyola fue más lejos al refutar los argumentos sobre la asociación ilícita: "Hay que entender cómo funciona el Sistema Ponzi porque ahí está la clave de esta organización. Sí, existe una organización criminal que se extiende en el tiempo (de las operaciones de toma de los ahorros de los inversores al momento del cese de los pagos), las empresas funcionaron como pantalla y la estafa comenzaba en el contrato que firmaban, porque no expresaba la realidad de la operación que concertaban. No representaba la realidad del acto jurídico", afirmó el fiscal.

La palabra de las víctimas

Cuatro personas -una presente físicamente en la sala y otras tres a través del zoom- expusieron como víctimas del caso investigado. Tres de esos testimonios fueron francamente desgarradores, al plantear el daño ocasionado por la pérdida del dinero sufrido por personas que habían invertido lo obtenido por herencias, indemnizaciones o ahorros de muchos años.

Una mujer oriunda de Sunchales, quien se quebró al momento de hablar, fue acusada luego por Matías Spaggiari de haber concurrido a su domicilio junto a su esposo y protagonizar un hecho violento que en su momento ocupó también las crónicas policiales.

Lo cierto es que la mujer contó las dramáticas alternativas que ella y su familia vivieron, con la imposibilidad de afrontar los tratamientos de un hijo muy enfermo como consecuencia de no contar con los dólares necesarios para la operación y la medicación. Según la mujer, Matías Spaggiari no atendió sus súplicas y ruegos, pero en cambio le ofreció los servicios de asesoramiento jurídico para reclamarle judicialmente a la obra social que se hiciera cargo del tratamiento de su hijo.

Todas las víctimas que hablaron pidieron al juez Alvira que ratifique las medidas adoptadas contra los imputados. Y también se vivieron momentos de tensión, porque el espacio concedido a las víctimas es para que expresen su parecer sobre el tema en cuestión -en este caso, la revisión de las prisiones preventivas y las inhibiciones-, pero todas se animaron a opinar y cuestionar argumentos de los defensores: "escuché cinco horas de audiencia, ahora me van a escuchar a mi" dijo una de las mujeres que habló por zoom cuando desde los asientos de la defensa se pidió que no se expidiera sobre cuestiones que no estaban en discusión en ese momento. Cuando uno de los defensores tomó el micrófono para hacer callar a una víctima que cargaba contra los abogados, el juez hizo un gesto inequívoco para dejar que la víctima se explayara, en medio de la atmósfera densa que se respiraba en la Sala 3 en ese momento.

FUENTE: https://rafaelanoticias.com/judiciales/en-una-tensa-audiencia-de-7-horas-pidieron-la-excarcelacion-de-los-hermanos-spaggiari.htm

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