La fiscal Bertero analiza si da curso a la denuncia penal contra el intendente Toselli y el ex intendente Bolatti
Los ediles Carolina Giusti, Andrea Ochat, María Alejandra Bugnon, Horacio Bertoglio y Santiago Dobler presentaron hace una semana en el Fiscalía Regional 5 de Rafaela, una denuncia penal contra el ex intendente de Sunchales, Ezequiel Bolatti y el actual intendente de nuestra ciudad, Gonzalo Toselli, por haber incurrido presuntamente en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y fraude contra la administración pública, por el perjuicio patrimonial apreciable e injustificado ocasionado al Municipio bajo su gestión
Los concejales presentaron esta acción judicial luego de informarse en los primeros meses de este año, a través del Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe, que hay 4 Juicios de Cuentas en trámite y otras 26 actuaciones que ya fueron derivadas a la Fiscalía de Estado porque no se presentó la documentación correspondiente a los aportes no reintegrables percibidos. Las sumas cuya rendición y reintegro exige la provincia, no obstante restar la aplicación de los intereses correspondientes, asciende a la suma 23.637.094,28 pesos.
En la denuncia que se encuentra en manos de la Fiscal Fabiana Bertero (hasta ahora no ha resuelto si da curso a la investigación), los ediles reflejan su preocupación por el daño patrimonial que pueden sufrir las arcas municipales debido a la actitud del intendente Gonzalo Toselli, calificándola de negligente, pasiva, “rebelde”, sin interponer recurso administrativo alguno para defender los intereses del Municipio.
Y mencionan que el ex intendente Bolatti se presentó de manera espontánea y voluntaria, concretándose un encuentro en la sala de reuniones del Concejo Municipal, brindando algunos detalles de las gestiones por aquellos años y de los recursos administrativos interpuestos que se pueden advertir de la documental acompañada, pero sin mayores detalles que esos.
En la documentación presentada en la Fiscalía, relatan las acciones que se concretaron con la actual gestión liderada por el intendente Toselli para tratar de obtener información sobre las actuaciones de la administración municipal que posibilitarían brindar respuestas a los requerimientos de los distintos organismos provinciales por la situación de irregularidad. Hubo una reunión privada el 5 de abril de este año con funcionarios del Ejecutivo, donde los concejales expresan que se deslizaron argumentos poco felices y falto de sustento. Y resaltan la ausencia del mandatario sunchalense y los funcionarios de las áreas competentes a una convocatoria del Concejo en pleno, calificando la conducta de Toselli como intransigente, desinteresada, caprichosa, desajustada a derecho, al no comparecer a dar explicaciones públicas en relación al estado de situación de las rendiciones ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
Incluso mencionan un hecho confuso con uno de los expedientes, un aporte no reintegrable en el marco del Boleto Educativo Rural por un monto de 2.228.304,36 pesos. El Municipio lo reintegra sin actualización alguna a la Provincia, ya que el Tribunal de Cuentas en su momento dicta Resolución, la N° 0075, condenando al Municipio a reintegrar el monto señalado supra con más sus intereses. Citan que el concejal Pablo Ghiano había expresado que efectivamente se había utilizado parte de ese dinero cuando estaba a cargo de la Coordinación de Deportes y afirman que la falta de rendiciones no solo ha generado lesión patrimonial al Municipio, sino que el indebido cumplimiento de los deberes de funcionario público ha perjudicado los intereses de los ciudadanos que se vieron privados de recibir ese beneficio.
Finalmente, enumeran una serie de acciones del intendente Toselli donde ha tenido una actitud evasiva y sistemática con el Concejo Municipal, enumerando la no comparecencia ante el Concejo Municipal; el incumplimiento de un sin número de ordenanzas; la falta de respuesta a múltiples minutas de comunicación; la no presentación por parte de los funcionarios públicos de las Declaraciones Juradas en los términos de la Ordenanza N° 1460/2003 y sus modificatorias; el incumplimiento de las Auditorías, a pesar de los reiterados pedidos por parte de este Concejo Municipal; la no publicación en el Boletín Oficial de los actos de gobierno en tiempo y forma; y la falta de remisión de los Decretos y Resoluciones emanados del Departamento Ejecutivo, que hacen al vital funcionamiento del órgano legislativo y a su función de control en tiempo y forma.
