La medida fue dispuesta en la audiencia de medidas cautelares realizada en tribunales. El ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, tampoco podrá salir del país y, al igual que Sain, tendrá que hacer entrega de su pasaporte a la Justicia.
Judiciales 08 de diciembre de 2022 Aire de Santa Fe
El juez penal de tribunales, Martín Torres, ordenó este miércoles 7 que Marcelo Sain, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe imputado por espionaje durante su paso por el gobierno, atraviese la investigación en estado de libertad y sujeto a una serie de normas alternativas a la prisión preventiva.
La resolución también alcanza al ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, quien, paradójicamente, por lo menos hasta el inicio de la audiencia -la cual comenzó el martes- se encontraba fuera del país, situación que causó una gran sorpresa en las distintas partes que intervienen en la causa.
Ambos ex funcionarios deberán fijar domicilio, quedar bajo la custodia de un guardador y a su vez tendrán prohibido mantener contacto con las víctimas de la causa, como así también con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, área que supieron encabezar entre 2019 y 2021. En tanto, tendrán prohibida la salida del país, por lo que deberán hacer entrega de su pasaporte a la Justicia. En el caso del ex ministro tendrá prohibido portar y tener armas de fuego.
El fallo de Torres también atenuó la situación de la otra imputada que tiene la causa, Agustina Moulins, quien fue contratada por la gestión Sain, y la cual deberá fijar domicilio y si podrá salir del país, mediante la presentación en sede judicial de un pasaje de ida y otro de vuelta.
La medida judicial se ajustó a lo que solicitó el fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, quien con la defensa de los imputados a cargo de Hernán Augusto Martínez, supo acordar medidas alternativas a la cárcel. No obstante, rechazó el pedido que hicieron cuatro abogados querellantes para que Sain transite la investigación con prisión preventiva. Se trata de los abogados Ignacio Alfonso Garrone (que representa a la Delegación Norte de Upcn); Pablo Cococcioni (por el diputado Maximiliano Pullaro), la abogada Evelyn Andriozzi (que se representa por derecho propio) y Viviana Cosentino (por el empresario de medios, Gustavo Scaglione).
Párrafo aparte fue lo que ocurrió con el resto de los querellantes, el abogado Jorge Bedouret y la provincia (por medio de la Fiscalía de Estado), que se adhirieron al pedido de alternativas a la prisión que impulsó el fiscal Hernández.
Por el caso se encuentran además imputados otros exmiembros de la cartera de Seguridad y del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación: la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman y la recientemente destituida del OI, Debora Cotichini, las cuales fueron imputadas como “organizadoras” de la asociación ilícita que investiga la Justicia; y Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), acusados, al igual que Montengro y Moulins de ser “miembros” del grupo sindicado de realizar tareas de inteligencia ilegales.
Las cifras del supuesto espionaje
Durante la audiencia, que comenzó el martes 6 y culminó este miércoles 7, el fiscal reveló que durante la investigación se recopilaron una serie de cifras que permitieron acreditar por qué Sain y parte de sus exfuncionarios integraron una asociación ilícita dedicada a confeccionar perfiles de personas sin orden judicial de por medio y que se nutrió de información obtenida mayormente de base de datos públicas y privadas, como también de “tareas de calle”.
Por ejemplo, según informó el fiscal, durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad (como también después de su salida), se realizaron 21.473 búsquedas en la base de datos privada Sudamericadata que contiene información de las personas. En el caso del Nosis, se detectaron 8.610 búsquedas. Mientras que en otras bases, las que maneja el Estado, la Fiscalía comprobó que se hicieron 4.405 consultas al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, más de 9.000 a Migraciones y 15.483 en Catastro de la Provincia.
Junto a esos números, Hernández explicó que de los listados de personas que fueron “perfiladas”, que por lo menos son más de 600 (aunque se especula que serían miles) solo un 13% se encontraban ligadas a una investigación provincial o de índole federal, mientras que el restante 83% no figuraba en ninguna causa judicial ni tampoco había una orden de un fiscal para realizar medidas de inteligencia.
De la causa también surge que existe un testimonio que sería central y que fue aportado por una persona de identidad reservada, la cual debió marcharse del país por temor a sufrir represalias. No obstante, supieron declarar como testigos una serie de policías del Organismo de Investigaciones que en distintos relatos (en su mayoría mujeres) temían de Sain, el cual en reiteradas oportunidades los habría citado a su oficina en donde colocó un arma de fuego sobre la mesa para "intimidarlos".
Durante la audiencia, además, la Fiscalía y querellas ventilaron una serie de chats que fueron encontrados en los teléfonos de parte de los imputados y que supieron ser secuestrados durante la inspección que realizaron los fiscales Hernández y Mariela Jiménez (hoy jubilada) junto con policías del Organismo de Investigaciones (OI) en la sede del Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre del 2021. Aquel día, los investigadores del caso secuestraron siete bolsas de papel triturado que se presume era parte de los perfiles o de información recopilada ilegalmente.
Salpicados por la causa
De los chats encontrados en los teléfonos, según se ventiló en la audiencia, se detectó también que en el celular que usó Nadia Schujman (quien se desempeñó como Directora de la Agencia de Control Policial durante la gestión Sain) aparecieron mensajes cruzados con la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Lucía Assef, que supo intervenir en uno de los amparos presentados por el ex ministro Sain cuando pretendió volver al Organismo de Investigaciones (OI) del cual fue destituido por la Legislatura provincial.
El dato fue ventilado por Pablo Cococcioni, que representa al diputado Pullaro, el cual tras exponer la irregular situación pidió que la audiencia sea remitida al Procurador ante la Corte, Jorge Barraguirre, para que evalúe el desempeño de la jueza Assef.
La causa también salpicó al defensor público del fuero federal de Rosario, Martín Gesino, al cual Schujman (según los peritajes del teléfono) le pidió obtener una copia de conversaciones que habrían mantenido Pullaro con un imputado de apellido Ascaini y que formaría parte de una causa penal con trámite en la Justicia federal.
Sin embargo, el defensor le habría dicho que desconocía de esas copias, por lo que la entonces directora de la Agencia de Control Policial le requirió una copia de la filmación de la declaración del policía Alejandro Druetta, condenado por amparar a narcos del sur provincial. Días después, el 20 de julio del 2020, Gesino le confirmó que tenía los videos y que envíe un dispositivo para almacenarlos. Tal pedido, sostienen desde la querella y Fiscalía, fue con el solo objetivo de perjudicar a Pullaro.
Calificaciones penales
Las calificaciones penales atribuidas a las tres personas imputadas a las que se les ordenaron cautelares son las siguientes:
- Marcelo Sain (hombre, 57 años, exministro de Seguridad de la provincia y exdirector del Organismo de Investigaciones): asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
- Germán Montenegro (hombre, 55 años, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la provincia): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
- Agustina Moulins (mujer, 38 años, contratada por el Ministerio de Seguridad dentro de la órbita de la Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Investigación Criminal): asociación ilícita en carácter de miembro; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las leyes.
Como resultado de lo actuado el sábado 13 en la audiencia imputativa, este domingo 14, en la audiencia de medida cautelar, tras una convincente y pormenorizada labor desplegada por el fiscal Dr. Martín Castellano, el juez Dr. Gustavo Bumaguin dictó la prisión preventiva sin plazo para Fernando L.
Matías y Fernando Spaggiari hablaron en el cierre de la audiencia de apelación realizada este lunes. "Nuestra empresa no fue una fachada. Y siempre tuvimos la voluntad de devolver el dinero y resolver los problemas", dijeron.
La medida fue solicitada por la fiscal Gabriela Lema e impuesta por el juez Javier Bottero. El imputado tiene 26 años y sus iniciales son ADF.
Había sido presentada por los abogados defensores en representación de los hermanos Spaggiari en contra de la resolución de Segunda Instancia que confirmó la prisión preventiva y la inhibición impuesta.
Tiene 33 años y fue identificado como Gonzalo Javier Z.. Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y deberá pagar una reparación económica de 500.000 pesos a la víctima, que también es policía. La fiscal Gabriela Lema estuvo a cargo de la investigación.
Fue con un desayuno de trabajo realizado en la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Santa Fe del que participaron las máximas autoridades de los tres poderes del Estado santafesino. La actividad fue encabezada por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Policial de la Sección Nº 5 de la Dirección General Seguridad Rural “Los Pumas” Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2024, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Av. Belgrano 164 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
La reconocida firma internacional Great Place To Work volvió a destacar a la compañía, líder en el sector de la medicina privada, por su clima laboral, otorgándole el puesto Nº 13 en su ranking nacional.
El Tribunal integrado por los doctores Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, a pedido de las partes, decidió suspender hasta el 22 de abril, a las 8:00, el juicio oral y público que comenzó en la mañana de este martes.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo el portavoz, Manuel Adorni.
Se ejecutan arreglos y la conformación de una nueva carpeta asfáltica sobre las Rutas 22 (desde Bauer y Sigel hasta la Ruta Provincial N° 70) y 280S (desde el límite con la provincia de Córdoba hasta Sunchales).