Una tormenta política se está formando en el horizonte institucional de la Provincia de Santa Fe, debido a la filtración mediática de una lista de personas físicas y jurídicas presuntamente espiadas o “perfiladas” por el ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain. El pedido unánime de las entidades gremiales empresariales de pronto esclarecimiento, corrió el eje interno de la corporación política a las entidades de la sociedad civil.
Política 09 de enero de 2022 Darío Schueri - Santa Fe
En las últimas horas, el arco empresarial de la Provincia, a través de sus instituciones gremiales representativas, hicieron notar su asombro, inmediata preocupación y urgente pedido de esclarecimiento, por la filtración periodística de un listado de 600 personas físicas y jurídicas presuntamente “perfiladas” por el ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain.
En la nómina aparecen, empresarios y empresas del rubro salud, tecnológicas, medios de difusión, fábricas de maquinaria agrícola, desarrolladores inmobiliarios, agencias de autos. También dirigentes gremiales y empresarios, abogados y contadores.
La secuencia de los hechos
El primer artículo lo escribió el colega rosarino Hernán Funes para el portal Rosario3, en el que da cuenta que “la Justicia provincial investiga si más de una decena de políticos y ex funcionarios santafesinos de distintos partidos y administraciones, fueron víctimas de maniobras de espionaje ilegal en el marco del perfilamiento sistemático de personas físicas y jurídicas durante la gestión de Marcelo Sain al frente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe”.
Prosigue relatando el colega que “las acciones, presuntamente hechas sin control ni requerimiento judicial, sino discrecionales, ponen al ex ministro y varios ex laderos ante una inminente audiencia imputativa en febrero próximo. No necesariamente son "carpetas" que la Justicia halló, ya que no sería lo más relevante de la causa: son fundamentalmente consultas masivas –unas 15.000– a bases datos realizadas en sistemas disponibles para el Estado y con claves asignadas a funcionarios para obtener información, por ejemplo, patrimonial o referente a viajes, sociedades y más. En algunos casos podría tratarse inclusive de tareas más complejas detrás”.
Luego otro portal de noticias empresariales también rosarino, Punto Biz, publicó la nómica de los 600 nombres (otras fuentes aseguran que restarían conocerse unos 1.200 más todavía).
Desde la ciudad de Funes, apéndice económico de Rosario, el portal de noticias económicas y empresariales El Occidental fue el primero en darle espacio a la primera entidad en pronunciarse: Asociación Empresaria de Funes, quienes pidieron que la justicia “aclare y condene este accionar ajeno a un sistema republicano”.
En las veraniegas carpas políticas, con excepción de Maximiliano Pullaro (mencionado en la nómina junto a parte de su familia) y algunos legisladores radicales, como su lugarteniente político Fabián Bastía que salieron a pedir “un inmediato esclarecimiento”, el resto prefiere observar atentos – y atónitos - el devenir de los acontecimientos, que no esperaban se acelerasen de la manera en que está ocurriendo.
El periodista local Osvaldo Cherep, adelantó mediante un twit que el gobierno provincial “evalúa presentarse como querellante en la "causa espionaje". En la Casa Gris no pudimos confirmar ni desmentir esa información.
Sain se defiende (atacando)
En el medio, el multiseñalado Sain, además de apelar al contemporáneo auto exculpatorio “Lawfare” para victimizarse, recurrió a la otra herramienta utilizada en la era de la “post verdad”: el twitter, para defenderse atacando; “si hay tanta certeza de espionaje ilegal: ¿por qué no nos imputaron? ¿Porque los fiscales -archivadores de causas donde escuchamos a Maximiliano Pullaro cometer delitos- chivean a la prensa y no imputan? ¿Y las carpetas del ministerio, donde están? Si Maximiliano Pullaro lo defiende y protege a Omar Perotti, el gobernador está en un problema”.
Fiscales en – relativo – top secret
Desde la fiscalía actuante, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández optan por el perfil ultra bajo (mas allá de las sospechas de cómo se filtró ese listado) y por lo que se sabe de colegas con acceso a fuentes judiciales, siguen colectando evidencias “sólidas y contundentes” que, siempre al decir de esos periodistas “muchos se van a morir” (metafóricamente) cuando suceda la (audiencia) imputativa a Sain y sus colaboradores.
Hasta aquí la narrativa de los hechos y sus protagonistas. La última palabra la tienen Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
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